Acta Nº 1243
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Sesión
extraordinaria celebrada el 09 de marzo de 2006 |
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Departamento de Taquígrafos - Departamento
de Trámite Legislativo |
En Montevideo, a los nueve días del mes de marzo de dos mil seis, siendo la hora dieciseis y doce minutos, celebró SESIÓN EXTRAORDINARIA la JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO, bajo la Presidencia de:
DOÑA TERESITA AYESTARÁN, 1ª. Vicepresidenta.
Secretaría de los señores: Jorge Simón, Secretario General; José María Bidegain, Secretario General Adjunto y Hugo Ubilla, Secretario.
Con la asistencia de
los señores Ediles:
PEREYRA, SUSANA WEISS, GABRIEL
LUJÁN, LUIS PEREYRA,
EDUARDO
PLACERES, DANIEL TUTZÓ, CARLOS
VILLAMARÍN, FABIAN SÁNCHEZ, JAR
CALANDRA, MARIO FACHINETTI, ÁNGEL
CURUTCHET, OSCAR FACELLO, GUILLERMO
FERRER, PABLO FERRO, CRISTINA
SCHIAVONE, JULIO CANTERO, FITZGERALD
CARRASCO, MARCELO GLOODTDOFSKY, ANÍBAL
SILVA, GASTÓN RIPOLL, FERNANDO
MARTÍNEZ, LUIS GRAFFIGNA, DANIEL
AGUIAR, SILVIA VIVIANO, ÁLVARO
PRIETO, RUBEN
FRANCO, FERNANDO PAREDES, ROSANA
MAIDANA, DARDO SPERA, RICARDO
PISCIOTTANO, JUAN CASTRO, MARÍA
ESCOBAR, LUIS ROMERO, ANTONIO
GONZÁLEZ, RAÚL GARCÍA,
CÉSAR
COITINHO, HUGO NIEVES, DANTE
PAOLILLO, MIGUEL CURBELO, CARLOS
PRENDES, EDUARDO HAGOPIAN, HAGOP
DÍAZ, HEBER MENESES, RUBEN
ABELLA, VENANCIO MAINARD, ÁLVARO
COLLAZO, ALEJANDRO
En uso de licencia, el
señor Edil: Julio Maglione.
Falta sin aviso, la
señora Edila: Glenda Rondan.
SITUACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO ENTRE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO Y CARMITEL S.A., PARA CONCESIÓN DE USO DEL HOTEL CARRASCO.
ASISTIRÁN EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA I.M.M., SEÑOR ALBERTO ROSELLI Y EL SEÑOR DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO, DR. DIEGO SILVA.
EXP. 2005-2082.
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Meroni).- Habiendo número en Sala, damos
comienzo a la sesión extraordinaria.
(Es la hora 16:07)
SEÑOR FERRER.- Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra el señor Edil Ferrer.
SEÑOR FERRER.- Voy a solicitar un cuarto intermedio de 20 minutos
a los efectos de resolver algunas cuestiones de funcionamiento.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- A consideración.
Si no hay
observaciones, se va a votar.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA; UNANIMIDAD: 24 votos.
La Junta pasa a
cuarto intermedio por el término de 20 minutos.
(Es la hora 16:08)
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Meroni).- Habiendo número en Sala, se
levanta el cuarto intermedio.
Solicitamos a las
señoras y señores Ediles que tomen asiento.
(Es la hora 16:36)
______Tiene la palabra el señor Edil Álvaro Viviano.
SEÑOR VIVIANO.- Señor Presidente: mi intervención estará dada en
la medida en que se proponga el sistema sobre el que va a trabajar la Junta en
Comisión General. En función del sistema que proponga la Presidencia es que voy
a intervenir.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Voy a leer la propuesta.
“1.- Expondrá el
Sr. Intendente, o quien éste haya designado, a modo de presentación del tema y
de los asesores presentes.
“2.- Expondrán
hasta 3 señores ediles (30 minutos por el miembro de la bancada convocante y 20
minutos por cada uno de los distintos nominados de las demás bancadas). En
dicha intervención y utilizando su tiempo, cada Edil podrá conceder interrupciones.
“3.- A
continuación, en una primera intervención, harán uso de la palabra quienes
designe el Intendente. No se concederán intervenciones a los señores ediles.
“4.- A
continuación se abrirá una lista de oradores para todos los señores Ediles, los
que podrán hacer uso de la palabra por el término de 10 minutos más 10, y con
la posibilidad de conceder intervenciones.
“5.- Al final, en
una segunda intervención, se les concederá la palabra a los asesores del señor
Intendente sin intervenciones.”
Le damos la
palabra al señor Edil Álvaro Viviano.
SEÑOR VIVIANO.- Gracias, señor Presidente.
Quiero dejar
constancia de que no pretendo ingresar al fondo de la propuesta, ni analizar
las bondades o defectos que pueda tener. Me queda muy claro que en la
reglamentación de este tipo de sesiones hay un enorme vacío en esta Junta.
Desde que nos hemos constituido en esta nueva Legislatura, cada vez que se da
una instancia de este tipo tenemos que analizar qué sistema va a operar y sobre
qué bases vamos a trabajar en la sesión.
También quiero
dejar otra constancia, y es por qué los Ediles del Partido Nacional no vamos a
acompañar este sistema.
Creemos que es
absolutamente injusto que media hora antes, en la reunión de coordinación, se
nos proponga un cambio de régimen, muy diferente al de una convocatoria que
tuvimos hace quince días con el Director de Tránsito y Transporte, señor de
Toro. El sistema con el que se trabajó en la Junta difiere en demasía con la
propuesta que acaba de leer el señor Presidente, cosa que tiene consecuencias
políticas en varios sentidos. En primer lugar, este esquema propone ciertas
preferencias con relación al régimen del convocante que en su oportunidad nos
tenía, a pesar de que quienes hicimos esta convocatoria somos varios señores
Ediles preocupados por este tema. Es en estas circunstancias que un Edil
analiza políticamente en qué términos y sobre qué bases va a conceder una
Comisión General de este tipo.
En segundo lugar,
obviamente, los Ediles se preparan de diferente manera según el esquema de
funcionamiento que tienen. La preparación que los Ediles del Partido Nacional
tuvieron sobre este tema fue en función de la propuesta anterior, y no sobre
esta nueva forma de funcionamiento que se nos está poniendo arriba de la mesa.
Creo que esto es
una falta de consideración para con el Partido Nacional. Me parece que debimos
trabajar con mucha antelación el criterio de funcionamiento de esta Comisión
General, razones por las cuales los Ediles del Partido Nacional no vamos a
acompañar esta propuesta.
Gracias, señor
Presidente.
SEÑORA FERRO.- Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra la señora Edila
Cristina Ferro.
SEÑORA FERRO.- Gracias, Presidente.
Quisiera comenzar
mi intervención analizando el principio de esta situación que hoy nos lleva a
tener que resolver sobre la marcha el régimen de funcionamiento de esta
Comisión General.
No creo que haya sido feliz la iniciativa del
partido mayoritario, del partido de gobierno, de hacer o proponer estas puntualizaciones
y estas modificaciones en el marco de la coordinación previa a esta sesión.
Dicha coordinación se dio exactamente a partir de las 15:00 horas, pero el
tratamiento de este tema comenzó casi a las 15:30. Creo que esto significa
imponernos una celeridad indebida para resolver nada menos que el mecanismo con
que vamos a funcionar en una sesión en Comisión General con la presencia de los
señores Directores que han sido convocados.
En lo que tiene
que ver con nuestra posición, vamos a acompañar este régimen propuesto, y lo
vamos a hacer porque la mayoría nos ha comunicado que de no hacerlo, igualmente
se establecería un régimen en el cual los señores Directores hablarían al
comienzo de la sesión, luego se haría el diez y diez común de las sesiones de
Junta, los señores Directores podrían intervenir una vez en medio de esos diez
y diez ‑todavía no habíamos precisado cómo‑ y una vez más al final.
Como era más complejo reconocer un método también innovador en sentido
contrario, nos decidimos por éste, que por lo menos está más armado y ordenado.
De todas maneras, dejamos constancia de, por lo menos, nuestra molestia por esa
actitud de consultarnos media hora antes, y de que nosotros entendemos que se
debe dejar a los señores Directores la libertad de contestar, si lo consideran
oportuno ‑repito, si lo consideran oportuno‑, en cualquier momento
de la sesión y no simplemente al principio, en la mitad y al final; si ellos
estiman conveniente contestar en algún otro momento, que lo puedan hacer. Esa
es una propuesta concreta.
También
solicitamos que en los próximos días ‑y lo más saludable sería que fuera
previamente a cualquier otra convocatoria‑ podamos definir entre todos un
régimen de funcionamiento definitivo para el sistema de Comisiones Generales.
Creo que sería muy saludable a los efectos de evitar todo esto que,
francamente, es desagradable e inoportuno.
Gracias,
Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Quiero recordar que hace más de dos
meses habíamos decidido en una coordinación, justamente por no tener una forma
ya aprobada, por haber un vacío ‑como dijo el Edil Viviano‑, que
íbamos a pedir a la Comisión de Legislación que hiciera una propuesta sobre
este tema; en eso habíamos quedado. Creo que lo mejor va a ser que la Comisión
de Legislación tome el tema y haga una propuesta que después sea analizada.
Pasamos a votar
la propuesta de funcionamiento presentada.
SEÑORA FERRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
Pero con el agregado que yo planteé con relación a
que los señores Directores tengan la facultad de contestar en el momento en que
lo estimen pertinente. Es decir que no solamente puedan intervenir al comienzo,
después de las dos primeras exposiciones y al final, sino que puedan hacerlo en
el momento en que lo estimen conveniente, además de eso que ya queda
estipulado.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tomamos la propuesta de que los
señores Directores tengan esa facultad.
Si no hay
observaciones, se va a votar.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA: 27 en 30.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Damos la bienvenida al Director
Rosselli y a los integrantes del Ejecutivo que lo acompañan.
Tiene la palabra
el señor Director Alberto Rosselli.
SEÑOR ROSSELLI.- Señor Presidente, señoras Edilas y señores
Ediles: hoy concurrimos para analizar nuevamente un tema sobre el que hace
tiempo venimos a exponer en esta Junta Departamental.
Vamos a dividir la intervención del Ejecutivo en
tres partes. Yo voy a hacer una breve exposición al principio; el Director de
la Asesoría Jurídica luego se referirá a los aspectos vinculados con su área de
responsabilidad, y el contador Cabrera finalizará con los aspectos que hacen al
llamado, concretamente referidos a los pagos efectuados a la firma.
Hecha esta precisión previa, queremos señalar, en
primer lugar, que esta es una licitación que ya tiene muchos años; que se gesta
al final de la primera Administración del Intendente Arana; que las actividades
de la empresa Carmitel S.A. se inician en julio de 2001 después de una serie de
acciones de la Intendencia reclamando el inicio de las obras; que funciona a
buen ritmo hasta julio-agosto de 2002; que a partir del 15 de octubre de ese
año la empresa comunica la paralización de las obras por imposibilidad de continuarlas;
que se abrió un período de negociación con la empresa, que va desde ese momento
hasta julio de 2003; que en setiembre de 2003 la Junta Departamental aprueba
unos acuerdos realizados entre la empresa y la Intendencia de Montevideo, los
cuales suponen modificaciones del contrato; que dichas modificaciones son
aprobadas por mayoría en la Junta Departamental y, a su vez, son objeto de
observación del Tribunal de Cuentas de la República en diciembre de ese mismo
año; que posteriormente, en julio de 2004, el Tribunal de Cuentas de la
República, después de una serie de agregados y comentarios que hiciera la
Intendencia con respecto a aquel contrato, cambia su posición y acepta las
modificaciones, de manera que en julio de 2004 el Tribunal de Cuentas se expide
favorablemente sobre ese contrato.
A partir de ahí, y en función de esa nueva
realidad, teniendo en cuenta además que en los próximos meses de ese año se
realizarían las elecciones, la Intendencia apura a la empresa Carmitel para que
ésta comience las obras y obtenga la financiación adecuada. Más allá de que no
lo hace y de que no está en condiciones de firmar el contrato que había sido
aprobado oportunamente, la empresa comienza sus trabajos a un ritmo lento en
marzo de 2005. En junio de 2005 la empresa comunica que está en condiciones de
firmar el contrato, y el 1º de julio de 2005 la Intendencia firma ese contrato,
que posteriormente es objeto de nuevas observaciones por parte del Tribunal de
Cuentas de la República. Sucintamente, sin muchos agregados y con acciones que
me parece que no hacen al caso ‑a las que quizá podemos hacer referencia
después, pero, reitero, no hacen a lo sustancial del asunto‑, es este el
momento en que nos encontramos.
La empresa, como
ustedes saben, ha sido objeto de determinadas acciones por parte de la
Intendencia, a las que se referirá inmediatamente nuestro compañero. Al día de
hoy, tal como obra en conocimiento de los señores Ediles de la Junta ‑por
conversaciones mantenidas con el Intendente Ehrlich, con la Intendenta Hyara
Rodríguez, y con el Prosecretario General, Jorge Rodríguez‑, desde el 23
de enero del presente año la Intendencia de Montevideo ‑a partir de una
nota de la empresa Tsakos, que sostiene que ha llegado a un preacuerdo con
Carmitel, lo cual fue reafirmado por Carmitel‑ hasta el día de ayer nos
encontramos en conversaciones con esa empresa.
En esta
situación, en el día de ayer el señor Intendente Municipal designó a un grupo
de trabajo a los efectos de estudiar un nuevo llamado a licitación, en la medida
en que ello pudiera corresponder. Dicha resolución establece que un grupo de
trabajo integrado por la Asesoría Jurídica, el Departamento de Recursos
Financieros, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de
Desarrollo Económico e Integración Regional, junto con el Prosecretario
General, sean los encargados de elaborar y estudiar las condiciones que
regirían en un nuevo pliego. Esta es la situación en que hoy nos encontramos.
Todos sabemos que
en la tarde de hoy se cumple el plazo oportunamente establecido por la
Intendencia Municipal de Montevideo, y estamos a la espera de lo que
efectivamente suceda.
Le pediría al
doctor Diego Silva que hiciera mención de los aspectos que considere del caso
desde el punto de vista jurídico.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra el doctor Diego
Silva.
SEÑOR D. SILVA.- Buenas tardes.
Básicamente, de
acuerdo con el objeto de la convocatoria del día de hoy, voy a hacer referencia
a los aspectos jurídicos vinculados con el contrato de concesión del Hotel
Carrasco celebrado entre la Intendencia Municipal de Montevideo y Carmitel,
respecto de la resolución del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 11
de agosto de 2005, de acuerdo con lo solicitado en la convocatoria como punto
N° 2.
Voy a hacer una
breve referencia al análisis jurídico que ha hecho la Asesoría respecto de la
modificación del contrato de concesión de uso y fianza, y luego haré una breve
reseña de las actuaciones administrativas que se cumplieron hasta el día de
hoy.
En el mes de
octubre de 2005 el señor Intendente Municipal cometió a la Asesoría Jurídica el
análisis ‑desde el punto de vista de su especialidad‑ del estado de
la concesión del Hotel Carrasco a partir de los contratos suscritos con
Carmitel. En función de ese análisis se arribó a una serie de conclusiones
relativas al vínculo contractual que une a la Comuna con la empresa
concesionaria, a la vez que, ante la constatación de determinados
incumplimientos, se iniciaron procedimientos administrativos ‑respetando
las pautas emergentes del contrato y las normas del procedimiento
administrativo‑ para exigir el efectivo cumplimiento de lo pactado o, de
lo contrario, habilitar el procedimiento para la rescisión del contrato.
Funcionarios
profesionales de la Asesoría Jurídica elaboraron un informe en el que se
formulan consideraciones de dicho tenor acerca de la vinculación contractual
establecida entre la concesionaria y la Comuna capitalina. Básicamente ‑lo
voy a resumir‑, este informe dice lo siguiente: “(...) en cuanto a la
situación jurídica de la modificación del contrato de Concesión de Uso y Fianza
(...), celebrada el 1° de julio de 2005, corresponde informar (...):
“En el campo del
derecho positivo, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica Municipal,
en el gobierno departamental, al Intendente le corresponden, las funciones
ejecutivas y administrativas, mientras que a la Junta Departamental le
corresponden las funciones legislativas y de contralor.-
“En el campo
doctrinario, según Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo Tomo III (…),
como principio jurídico general, la potestad de celebrar contratos le compete
al ejecutivo, a cuyo cargo hállase la administración general del país. La
atribución de celebrar contratos administrativos corresponde a la zona de
reserva de la administración’.
“La contratación administrativa, entra obviamente
dentro de las funciones que son competencia del Intendente, sin perjuicio de
que la Ley Orgánica Municipal atribuya a la Junta Departamental, en ejercicio
de las funciones de contralor, la aprobación de determinados actos o contratos,
dada su importancia, como por ejemplo los enumerados en el numeral 10 del
artículo 35 de dicha ley.
“Dentro de los
límites de la aprobación concedida por la Junta Departamental, la formación del
contrato depende de la voluntad del Intendente.
“La administración ha respetado esencialmente los
plazos establecidos en el Decreto Departamental Nº 30.418 de fecha 18 de
setiembre del 2003. En el caso que nos ocupa, se trata del plazo para la
ejecución de las obras de remodelación del Hotel Carrasco, el que la
modificación contractual celebrada el 1° de julio de 2005, respetó en lo
sustancial.
“Lo que el Intendente hizo fue adecuar las fechas
de inicio y culminación de las obras que se preveían en el proyecto de contrato
que fuera aprobado por la Junta, produciéndose un desplazamiento temporal,
consecuencia de la demora en firmarse dicha modificación, en virtud de la
tramitación de las actuaciones. Es bueno tener presente que el expediente
estuvo en el Tribunal de Cuentas un extenso período.
“Es claro que la referida modificación contractual,
no afecta las cláusulas esenciales, ni hace a las obligaciones sustanciales, ni
altera en modo alguno la ecuación contractual, en tanto no se modifica el plazo
de finalización de la concesión (…)
“En tal sentido el Dr. Augusto Duran Martínez,
Estudios de Derecho Administrativo (…) señala que si bien el contrato
administrativo es inmutable, curiosamente esa inmutabilidad puede implicar una
cierta mutación de las prestaciones precisamente para asegurar aquella. ‘En
efecto, básicamente ambas partes han contratado sobre un objeto determinado y
el particular ha perseguido un determinado beneficio y todo ello en atención a
las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato. Pero
si esas circunstancias no son como se previeron (sujeciones imprevistas) o se
han alterado por el hecho del príncipe o por cuestiones totalmente ajenas a las
partes (teoría de la imprevisión) corresponde que se efectúen los ajustes
pertinentes a
fin de que pueda cumplirse el objeto del contrato y no se altere su ecuación
económico financiera’.
“Por otra parte, dicho autor también ha señalado
que: ‘Si se producen las circunstancias configurantes de las sujeciones
imprevistas, hecho del príncipe o imprevisión, ambas partes de común acuerdo,
deben ajustar sus prestaciones a fin de posibilitar el cumplimiento del objeto del contrato en su
esencia y mantener el equilibrio económico financiero o sea para asegurar la
inmutabilidad del contrato’. (…)
“Sin perjuicio de lo
expresado, en lo que hace al plazo de ejecución de las obras de remodelación
del Hotel, el propio Decreto Departamental 30.418, en el art. 1° numeral 2.2,
prevé que la inauguración del Hotel se realice en fecha posterior al 31 de
marzo de 2005, al expresar ‘si la inauguración del Hotel se verifica en fecha
posterior al 31.03.05, la reanudación de los pagos operará luego de
transcurrido un lapso igual a los meses efectivamente abonados por la IMM,
contado a partir de la inauguración oficial del Hotel’.
“De la redacción del
propio decreto surge, que el legislativo comunal consintió un mecanismo
contractual suficientemente elástico, a efectos de garantizar su propio
cumplimiento.
“En ese sentido la
modificación contractual del primero de julio de 2005, respetando la esencia
del contrato, modificó el calendario de obras, con la única finalidad de
adecuarlo a la fecha de su suscripción.
“La actitud que
adoptaron las partes es acorde con los principios generales de derecho, que
imponen la adopción de una conducta tendiente a la conservación de la vigencia
del contrato y la eficacia de las obligaciones emergentes del mismo, como forma
de obtener la satisfacción de los intereses perseguidos por las partes al
tiempo de su celebración. Por el contrario, la resolución y extinción del
contrato debe considerarse como la última opción a considerar.
“En base a los
fundamentos señalados precedentemente, no compartimos lo expresado por el
Tribunal de Cuentas en el Considerando 3) de su Resolución de fecha 11 de
agosto de 2005, por no haberse producido la alteración que señala. Pero además,
el análisis que hace este órgano en su mencionada resolución, como se verá, es
ajeno a su competencia, no correspondiéndole apreciar si se altera o no el
contenido del Decreto Nº 30.418.
“Es útil precisar,
entonces, las atribuciones del Tribunal de Cuentas en esta materia.
“El art. 211, Inciso
B) de la Constitución de la República, le da a este órgano el derecho de
intervenir en los gastos y en los pagos al sólo efecto de certificar su
legalidad.
“Es decir que el Tribunal posee la competencia
referida para el ‘contralor de regularidad jurídica de los gastos’ (…)” ‑y
así lo señala Justino Jiménez de Aréchaga en el tomo VII de La Constitución
Nacional‑ “y no la posibilidad de ejercer una apreciación de oportunidad,
conveniencia o mérito.
“En el mismo sentido se cuestiona el Dr. Héctor
Giorgi en su trabajo denominado: ‘EL contralor de legalidad del tribunal de
cuentas en los gastos y los pagos’ (…)” ‑publicado en el tomo 52 de la
Justicia uruguaya‑ “acerca de cuál es el estatuto jurídico del Tribunal
de Cuentas, y cuál es su régimen de competencia.
“Concluye ese jurista que: ‘Basta con leer la
Constitución en su artículo 211, Inc. B), para obtener la respuesta, con
referencia a la materia a estudio.
“Dicha norma constitucional dice: ‘Compete al
Tribunal de Cuentas: …b) Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos,
conforme a las normas reguladoras que establecerá la Ley y al sólo efecto de certificar
su legalidad…’.
“En este caso concreto, el Tribunal de Cuentas, por
Resolución de fecha 13/7/2004 decidió que no había objeciones a la modificación
del contrato de concesión de Uso del Hotel Carrasco propuesto por la IMM.
“En el numeral 4) de esa Resolución, el Tribunal de
Cuentas señaló a su vez, que por no estar definida la financiación total de la
oferta presentada por Carmitel S.A., sobre ese aspecto debería ser informado
con carácter previo a la firma del contrato correspondiente. “Podemos entonces
preguntarnos, en qué principios o normas de derecho funda el Tribunal de
Cuentas su competencia para resolver que una vez que decidió no observar una
modificación contractual igualmente está facultado para conocer y resolver
sobre la forma en que una adjudicataria va a definir la financiación de la
oferta.
“Resulta claro que el Tribunal de Cuentas ya
resolvió no observar la modificación contractual, y que el hecho de no conocer
aún la forma de financiación no fue un obstáculo para arribar a esa decisión;
lo que fue ajustado a derecho.
“Ese órgano
solamente estableció en la resolución señalada que la IMM le informara ‑sobre
dicha financiación‑ con carácter previo a la firma del contrato. Por
tanto ahora” ‑esto es del 11 de agosto de 2005‑ “no puede darle un
alcance diferente a lo ya resuelto.
“Por lo que de
acuerdo a lo antes expresado, la IMM no estaba obligada a esperar que el
Tribunal de Cuentas se expidiera nuevamente sobre ese aspecto, dado que, la
modificación contractual ya contaba con la aprobación de la Junta Departamental
y de dicho órgano.
“Por las razones expuestas, los suscritos entienden
que no es cuestionable la adecuación temporal introducida legítimamente por el
órgano ejecutivo al tiempo de celebrar el contrato de fecha 1º de julio de
2005.
“En definitiva
entendemos que la modificación contractual es plenamente válida y eficaz,
habiéndose desplegado los efectos obligacionales que vinculan a las partes.”
En atención al
contenido del dictamen jurídico a que hemos dado lectura, efectuaremos algunas
breves consideraciones adicionales.
De acuerdo con lo que establece la Constitución de
la República en su artículo 211 y siguientes, las competencias del Tribunal de
Cuentas se circunscriben a dictaminar, informar u observar en lo relativo a la
gestión financiera del Estado. Sus pronunciamientos ostentan un carácter
técnico no vinculante en la materia de su competencia, que no es otra que la
hacienda, la actividad financiera estatal. La más saneada doctrina nacional ha
entendido que este organismo interviene sólo en lo que tiene relación con la
hacienda pública, es decir, con lo financiero. Dice el doctor Delpiazzo en su
monografía “Tribunal de Cuentas” que dicho Tribunal no detiene, ni desvía, ni
modifica, ni condiciona la actuación de la Administración, sino que, por el
contrario, se limita a verificar su legalidad en lo que hace a la gestión
financiera, y a asesorar en los casos y en los aspectos en que así está
dispuesto.
En sentido similar, Giorgi ha entendido en sus
escritos jurídicos que, dado nuestro ordenamiento jurídico, debe concluirse que
ni aun por vía de consejo el Tribunal de Cuentas puede indicar o sugerir a la
Administración una conducta futura en materia de competencia propia.
Como señala Korzeniak en su Curso de Derecho
Público, si tras una observación del Tribunal el ordenador del gasto o pago
insiste en el gasto o pago, avisa al Tribunal y gasta o paga explicando sus
razones. La experiencia demuestra que todos los organismos públicos ‑tanto
a nivel central como descentralizado‑ en innumerables oportunidades
desestiman las observaciones del Tribunal de Cuentas por no compartir sus
criterios en cuanto a lo actuado, por lo que anualmente se efectúan
numerosísimas reiteraciones de gastos y pagos tanto a nivel del Gobierno
Central como de los Gobiernos Departamentales. Todo ello muestra que la
vigilancia, fiscalización o control del Tribunal de Cuentas no interfiere con
la gestión de las Administraciones controladas; carece de lo que la doctrina
denomina Administración Activa en el sentido de que su actividad no es
decisoria, ni resolutiva, ni de ejecución. En consecuencia, es en este marco en
el que deben analizarse las consideraciones formuladas por el Tribunal de
Cuentas con fecha 11 de agosto de 2005.
En segundo lugar,
pasaremos a hacer una breve reseña de las actuaciones administrativas cumplidas
respecto de la concesión del hotel.
Con fecha 8 de
noviembre de 2005, el Departamento de Desarrollo Económico e Integración
Regional remite nota a Carmitel S.A. y a sus fiadores solidarios comunicándoles
que se constató el incumplimiento del contrato de concesión de uso y fianza del
Hotel Carrasco de 9 de febrero de 2000, en los siguientes términos:
incumplimiento de la cláusula 8ª, numeral 5º, por la cual la concesionaria se
obligó a asegurar el bien inmueble y los bienes muebles dados en concesión
contra todo riesgo, por un monto mínimo de U$S 15:000.000 debiendo
renovarlo en el término de los diez días anteriores a su vencimiento, y
proceder a su depósito en el Servicio de Tesorería; incumplimiento de la
cláusula 6ª, en tanto venció el aval del Banco de Seguros del Estado, por un
importe de U$S 1:178.000, que constituía la garantía de fiel cumplimiento
de contrato, la cual debía ser renovada dentro de los diez días anteriores a su
vencimiento y ser presentada en el Servicio de Tesorería. Se hace constar que
resulta ostensible el estado de paralización de las obras de remodelación y
acondicionamiento del bien objeto de la concesión y su entorno, y que no se ha
acreditado por la concesionaria en forma fehaciente su capacidad económico‑financiera
respecto a la inversión necesaria para la culminación de las obras de
acondicionamiento del Hotel Carrasco y las salas de juego del Casino Carrasco.
En atención a los
hechos constatados, se solicitó con plazo de 48 horas se suministrase a la
Comuna la siguiente información: documentación que acredite que se ha renovado
y se encuentra vigente la garantía de fiel cumplimiento de contrato;
documentación que acredite que se ha renovado y se encuentra vigente el seguro
de los bienes concesionados contra todo riesgo; documentación conteniendo
estudio de factibilidad económico‑financiera de la inversión acreditativa
de la capacidad respectiva para la inversión necesaria para la culminación de
las obras; cronograma detallado de las obras de acondicionamiento del Hotel
Carrasco y las salas de juego del Casino Carrasco, con especial referencia al
cumplimiento de las fechas pactadas.
Con fecha 11 de
noviembre de 2005 Carmitel S.A. y sus fiadores solidarios presentan por escrito
documentación ante el Departamento de Desarrollo Económico e Integración
Regional en respuesta a lo solicitado. Del estudio realizado por técnicos de
dicho Departamento y de la Asesoría Jurídica surge que se ha incumplido la
cláusula 8ª, numeral 5º, del contrato de concesión al no proceder a la
renovación y depósito del seguro en forma correcta, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el contrato. A su vez, se constató el
incumplimiento de la cláusula 6ª, en tanto los comparecientes reconocen que no
se renovó la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
En atención a lo
expuesto, la Asesoría Jurídica notifica a Carmitel, a sus fiadores solidarios y
al operador, que se ha constatado el incumplimiento de las cláusulas 6ª y 8ª,
numeral 5º, del contrato de concesión de uso y fianza del establecimiento
hotelero, denominado Hotel Carrasco, de 9 de febrero de 2000, suscrito entre
Carmitel S.A., sus fiadores solidarios y la Intendencia Municipal de
Montevideo. A su vez, resguardando el principio del debido proceso, se da vista
por diez días a Carmitel S.A. y a sus fiadores solidarios de las actuaciones
administrativas cumplidas para que formulen sus descargos bajo apercibimiento
de la aplicación de la sanción de observación prevista en la cláusula 13ª del
contrato por el incumplimiento formal respecto del seguro; la aplicación de la
sanción de multa, previsto en la misma cláusula, por una suma comprendida entre
el 5% y el 50% del monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato por el
incumplimiento respecto a la renovación de esta. Y, por último, se declara el inicio del término de 90 días
previsto en la cláusula 14ª para la rescisión del contrato. Cumplido el término
de la vista, y luego de analizar los descargos presentados, se entendió que no
eran de recibo, por lo que la Asesoría
Jurídica propuso al señor Intendente Municipal el dictado de la Resolución
Nº 5.502/05, de 6 de diciembre de 2005. Entre otros aspectos esta
resolución impone a Carmitel una sanción de observación por no cumplir el
procedimiento estipulado en el contrato vinculado al depósito en el Servicio de
Tesorería de la póliza de seguro contra todo riesgo del edificio y muebles del
objeto de concesión; una multa de U$S 117.800 equivalente al 10% del valor
de la garantía de fiel cumplimiento de contrato por incumplimiento de la
cláusula 6ª; intimar a Carmitel a que renueve la garantía de fiel cumplimiento
de contrato bajo apercibimiento de la rescisión del mismo por incumplimiento,
dando inicio al plazo de 90 días previsto contractualmente, como así también
alguna medida adicional precautoria. Como el Director Rosselli ha señalado,
dicho plazo de 90 días finaliza en el día de hoy.
En ese ínterin, y precisamente ante la eventualidad
de que al vencimiento de dicho término el actual concesionario no haya renovado
el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato, la Comuna entendió
conveniente ‑sin perjuicio de que hasta el momento no es posible
determinar cuál será el desenlace de la situación relativa a la concesión del
Hotel‑ integrar un grupo de trabajo que estudie las bases de un eventual
nuevo llamado a licitación. De esta manera, y ante la eventualidad de que
finalmente se rescinda la concesión, ya se habría ganado tiempo avanzando en el
estudio de las nuevas bases para la licitación. Si por el contrario, si no se
rescindiera el contrato, los insumos que se hubieren producido se archivarían y
no provocarían perjuicio alguno a la Comuna. En definitiva, la Resolución
Nº 888/06, de 8 de marzo de 2006, a la que refería el Director Rosselli,
pretende aprovechar el tiempo y adelantar un posible trabajo futuro ante la
eventualidad de que se resuelva rescindir el contrato de concesión citado.
Reitero que hasta ahora no se puede asegurar el incumplimiento de la obligación
por la que se intimó a la empresa. Por razones de buena administración podría
conformarse un equipo que preparase los insumos, los que serían utilizados o no
de acuerdo con los acontecimientos que se desarrollen. En la hipótesis de que
finalmente se arribara a la rescisión, se habría ganado tiempo en la
elaboración de las bases, lo que beneficiaría claramente la labor de la Comuna
tendiente a propiciar la recuperación del edificio del Hotel Carrasco.
(Ocupa la Presidencia la señora Edila Teresita Ayestarán)
______Como ustedes ya saben, el plazo para que Carmitel S.A.
subsane el incumplimiento verificado en la resolución de 6 de diciembre de 2005
vence hoy. De no hacerlo, la Intendencia estará habilitada a rescindir el
contrato de concesión. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, no obstante las
observaciones que hemos formulado a lo largo de esta exposición relativas a las
competencias del Tribunal de Cuentas, dado que la Administración quiere brindar
a este procedimiento la mayor transparencia, y teniendo en cuenta que durante
varios días distintos técnicos del Tribunal de Cuentas concurrieron a
dependencias municipales a examinar los antecedentes administrativos,
correspondería a los efectos indicados que
previamente al dictado de la eventual resolución de rescisión se le
remitieran las nuevas actuaciones para su conocimiento. Si Carmitel S.A. no
subsanase en el día de hoy el incumplimiento constatado en la Resolución Nº
5.502/05, correspondería que el señor Intendente Municipal dictase nueva
resolución, declarando que habiéndose verificado tal circunstancia ‑y
previa remisión de los antecedentes al Tribunal de Cuentas para su
consideración‑, queda facultado para rescindir el contrato de concesión.
Hasta aquí mi intervención con respecto a los
aspectos jurídicos del contrato de concesión del Hotel Carrasco.
SEÑORA PRESIDENTA (Teresita Ayestarán).- Tiene la palabra el señor
Director del Departamento de Recursos Financieros, contador Enrique Cabrera.
SEÑOR CABRERA.- Sustancialmente, con relación a los pagos o gastos
que ha realizado la Intendencia en vinculación a Carmitel, los mismos se
originan sobre la base de dos contratos: uno vinculado a la concesión del Hotel
Casino, y otro, al arrendamiento de slots.
Las erogaciones del contrato de concesión del Hotel Casino entran a gestarse a
partir del año 2001 y las de los slots,
a partir del año 2002.
A la fecha de
hoy, los pagos realizados a Carmitel son del orden de los $ 58:000.000,
debiéndose destacar que una erogación de $ 13:000.000 efectuada en el
último tramo ‑incluidos en los $ 58:000.000‑ fue porque ese
dinero se cedió a la empresa Saceem. Eso permitió la realización de ciertas
obras que se llevaron a cabo en el Hotel a principios del año 2005.
Desde el punto de
vista de los pagos, son sustancialmente esos; está a disposición de la Junta el
detalle.
Con esto creo que queda aportada la información
pedida para la sesión de hoy.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Realizada la primera exposición de
los señores Directores, de acuerdo con el régimen votado, pasamos a las
exposiciones de los tres señores Ediles.
En primer lugar,
vamos a dar la palabra a la señora Cristina Ferro como integrante de la bancada
convocante, quien podrá extenderse como máximo 30 minutos y dar interrupciones,
si así lo cree conveniente.
SEÑORA FERRO.- Gracias, señora Presidenta.
Insisto en que
acá no hay bancada convocante. Acá hubo una serie de señores Ediles de
diferentes bancadas que firmaron la convocatoria, y es bueno así establecerlo
porque tiene que ver con lo que hablamos al principio de esta sesión.
Señora
Presidenta: a medida que iba escuchando las intervenciones de los señores
Directores que nos visitan, comprendía que en toda esta historia de Carmitel‑Intendencia
Municipal de Montevideo hay algo más que simplemente la búsqueda de un contrato
con una empresa privada a los efectos de la explotación de un hotel que tiene
un casino adentro. También está la búsqueda de una experiencia de economía
mixta ‑para mí bastante frustrante hasta el momento‑, en la que,
por cierto, la Intendencia está intentando ver cómo se maneja con capitales
privados para realizar aquellos cometidos que le son propios, o que hasta el
momento le son propios. Esa frustrada experiencia de la Intendencia Municipal de
Montevideo tiene diversas razones para ser tan negativa y tan frustrante. La
primera de ellas diríamos que surge de propias diferencias internas ‑por
cierto, muy visibles‑, dentro de la propia fuerza de gobierno, y
diferencias muy serias, con los planteos de la oposición de ese momento.
Creemos que si se hubiera instituido un espacio de intervención de las
distintas fuerzas políticas para esta experiencia nueva en Montevideo habría
sido muy provechoso y hubiese significado una apertura transparente a un contralor
que desde el inicio se habría hecho de otra forma.
Iniciado el
proceso de Carmitel con la Intendencia Municipal de Montevideo, desde las
primeras etapas, los responsables de representar a la Administración comenzaron
en una suerte de favoritismo por una empresa que, en realidad, representaba más
que una empresa en sí misma. Representaba demostrar como sí se podía realizar
aquello y que hasta ahora no se había incursionado de tal manera. La
inexperiencia, tanto en el área de las empresas de economía mixta como en la
explotación de los casinos, hizo que comenzara a caminarse mal, muy mal. Y digo
inexperiencia porque había habido una experiencia anterior, la del Partido
Colorado en el Gobierno, al frente de la
División Casinos, la cual, lógicamente, como había sido del mencionado partido,
fue descartada de inmediato. Entonces, se trató de innovar, a efectos de hacer
cosas diferentes con gente diferente pero muy inexperiente. Para ejercer la
función de controlar la explotación de juegos, en este caso, de los casinos
municipales ‑función
absolutamente distinta a las restantes que componen el escenario
municipal‑, hay que saber, porque en el mundo competitivo de hoy, los que
están en esa área no son novatos; es gente que sabe muy bien lo que hace y hacia
dónde se dirige. Y esto significó que la Administración pusiera en peligro no
solamente el capital cultural, patrimonial y económico de los montevideanos,
sino también la recaudación de los casinos municipales, el funcionamiento de
los casinos municipales y también el funcionamiento adecuado de toda un área de
trabajo que no sabemos cómo se llama, porque no sabemos si es una división, una
unidad, un servició o qué lo que hoy conocemos como casinos municipales y que
cuenta actualmente con 500 funcionarios.
Quiero dejar
establecido desde el principio que a lo
largo de estos años el Hotel Carrasco ha sido un tema de gran preocupación para
la Intendencia, para la Junta Departamental y también para los montevideanos.
En estos diez años ha habido ineficiencia, omisión, tolerancias indebidas de
parte de la Administración para con la empresa Carmitel, ilegalidades ‑desde
nuestro punto de vista‑, mala administración, desidia administrativa e
ineptitud. Además, creo que hay muchas cosas que no se pueden dar si no tienen
un fin determinado.
Yo no
concibo que el Intendente Arana pudiera estar tranquilo, entendiendo que sus
Directores encargados del tema estaban actuando correctamente, cuando veía que
el Hotel Carrasco continuaba tapiado, que la obra no avanzaba, que los
funcionarios hacían propuestas y no eran escuchados, y que la Junta
Deparamental reclamaba competencias; yo no creo que pudiera estar tan cómodo y
tan tranquilo; creo que hizo fe en gente que no resultó ser la indicada.
Creo que las
consultas al Tribunal de Cuentas de la República constituyen una herramienta
constitucional que tienen los señores Ediles. Y coincido con que el Tribunal
tiene la potestad de controlar la legalidad de los actos administrativos. Si
esa es la interpretación que el partido de gobierno hace en cuanto a las
competencias del Tribunal de Cuentas, pienso que debió ser la misma cuando a
nivel nacional el contador Ariel Álvarez reclamaba ‑ya no, porque ahora
son gobierno‑ que el gobierno anterior diera la importancia e incidencia
debida a las observaciones del Tribunal. ¿Para qué, si no son vinculantes?
¿Para qué existe el Tribunal de Cuentas, si nosotros no vamos a atender
aquellas observaciones que, como dijo el doctor Silva con mucha precisión, no
son vinculantes? Deben contestarse pero, reiterando el gasto, la autoridad
puede hacer lo que estime conveniente.
Decía que el del
Hotel Casino Carrasco y la intervención de Carmitel es un tema que fue y sigue
siendo frustrante, ya que a lo largo de diez años ni las obras ni las obligaciones
de la empresa fueron controladas. En este caso, el Director Rosselli hizo
abandono de sus competenciasya que no controló y permitió que el entonces
Intendente Pérez Piera firmara el 1° de julio un contrato que, desde nuestro
punto de vista ‑luego pasaremos a analizarlo‑, nunca debió firmar,
sobre todo teniendo en cuenta que en ese
momento el Intendente y el Director Rosselli no estimaron conveniente
analizar los incumplimientos de la empresa y reclamarlos. Le firmaron un pase
libre; le firmaron una patente de corso para que la empresa siguiera haciendo
lo que entendía que debía hacer para su propia conveniencia, dándole tiempo a
que consiguiera capitales que le permitieran oxigenarse y seguir adelante con
algo que, a todas luces, no podía afrontar. Nunca jamás presentó las garantías
que debió presentar ante el Tribunal de Cuentas; nunca jamás lo hizo de manera
conveniente ante la Intendencia Municipal de Montevideo. Nunca jamás vimos un
plan de obras estructurado por parte de la empresa; nunca vimos los plazos
concretos presentados por la empresa para terminar distintas etapas.
Simplemente recibió el Hotel Carrasco y se dedicó a negociar a quién podía
traer de socio para salir del brete en el que se había metido, cuando los
propios integrantes de Carmitel se habían convertido en fiadores solidarios de
manera personal de este negocio.
En medio de este escenario 2002, cuando la empresa
Carmitel reclama que se le permita modificar el contrato para que resulte más
conveniente a sus intereses, y se reclama también por las circunstancias
exógenas ‑y por cierto que también hemos leído los dictámenes del
Tribunal y las consideraciones relativas al hecho del príncipe o a la teoría de
la imprevisibilidad, que tienen un límite de encaje dentro de las circunstancias
que nosotros estamos analizando, pero también tienen un límite de aplicación en
esas mismas circunstancias‑, ¿nadie pensó que este grupo Carmitel, al
mismo tiempo que se rasgaba las vestiduras diciendo que no tenía con qué hacer
frente a la obra del Hotel Casino Carrasco, emprendía otras obras dentro y
fuera del país, obras para las cuales sí tenía recursos y sí podía continuar y
culminar?
(Ocupa la Presidencia el señor Edil
Jorge Meroni)
_____No voy a hacer la lista, señor Presidente, porque algunas de
ellas tienen que ver con esta Intendencia Municipal y con la propia Junta
Departamental. Esos emprendimientos son
valorables, y yo no tengo por qué objetar ni cuestionar en absoluto lo hecho
por la empresa Carmitel ni por la empresa Tsakos ni por cualquier otra empresa;
yo acá cuestiono la inacción de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Cuestiono, señor Presidente, lo que yo entiendo que es la ineptitud de quien
estuvo al frente de esta Dirección para llevar adelante los contralores
correspondientes a un contrato que fue, desde el principio, leonino para la
Intendencia Municipal de Montevideo y que le ha permitido a la empresa trabajar
y hacer obra con la plata de los montevideanos, para reclamarle después a la
Administración que le siguiera pagando un canon por abrir la puerta del Hotel
Casino Carrasco.
Señor Presidente:
yo creo que aquí ha habido una especie de carril aparte por el que ha corrido
el tema Hotel Carrasco, Carmitel y la Dirección de Desarrollo Económico e
Integración Regional, que tampoco fue capaz de conseguir nuevos capitales que
pudieran, de alguna manera, acercarse a este emprendimiento y mejorar su capacidad, porque esa también es
una realidad. Acá clamamos por
inversiones, pero hay una inversión instalada en Montevideo y no somos
capaces de oxigenarla. Pero, claro está, en esta inversión estaba el mismo
grupo que estuvo en Navigator, que también se hizo cargo del negocio de papeles
que después terminó en la nada, porque terminó guardado en un cajón a la espera
de una revisión de esa convocatoria, la que creo también se hizo y no tuvo
interesados.
Este asunto
Carmitel-Intendencia de Montevideo estuvo como estancado hasta que esta Junta
Departamental empezó a empujar para que saliera adelante. Y fíjese lo que digo,
señor Presidente: las resoluciones que toma la Intendencia siempre se dan en el
marco de los llamados que hace la Junta. La Intendencia resuelve cuando la
Junta convoca. O sea, la Junta convoca y la Intendencia empieza a pensar qué
puede hacer para justificar la inacción de todos estos años, y resulta que en
24 ó 48 horas aparecen sanciones, intimaciones. Así vemos, por ejemplo, que
aparecen el 6 de diciembre porque el 7 había que venir a la Junta. Y cuando el
Tribunal de Cuentas, también ante un reclamo de los Ediles de esta Corporación,
interviene para laudar en el asunto y pide el expediente, se dice: “No le vamos
a dar el expediente al Tribunal de Cuentas porque estamos estudiando la
rescisión del contrato”. Y ahora, como había
que venir de nuevo, se elige la fecha límite del cumplimiento o incumplimiento
de Carmitel, la fecha límite que se le había puesto a la empresa, de 90 días; y
sobre eso se define también la creación de un grupo de trabajo el 8 de marzo ‑será
por el Día Internacional de la Mujer que lo crearon ese día‑, porque el 9
había que venir con algo. Hoy se viene con un grupo de trabajo y diciendo que
todavía no se sabe si Tsakos acepta o no, que se va a empezar un proceso de
rescisión ‑quién sabe cuánto dura ese proceso‑ para hacerlo, según
dijo alguien hace algunos días, transparente y controlado políticamente. Pero,
¿es que hasta ahora no era transparente
y controlado políticamente? ¿O es que ahora vamos a llamar al Tribunal para que
nos ayude, cuando hasta ahora dijimos que se tenía que meter en lo que se tenía
que meter y nada más?
Después le voy a
pedir al doctor Silva que nos informe quién firmó ese dictamen de la Asesoría
Letrada de la Intendencia al que él dio lectura, porque le va a resultar muy
ilustrativo al Tribunal de Cuentas de la República; Tribunal de Cuentas de la
República que reiteró posteriormente que entendía ‑según algunos de sus
servicios, y al igual que lo dispuesto en el dictamen a que hacía referencia el
señor Director, de agosto de 2005‑ que no se habían cumplido todos los extremos
que solicitara en su dictamen de 2004, cuando decía que debía enviarse la
documentación de factibilidad económica financiera de la oferta. Dice el
Tribunal: “Dado el tiempo transcurrido la modificación a suscribir altera lo
autorizado oportunamente por el Legislativo Comunal, porque deberá requerirse
una nueva autorización expresa de la Junta Departamental”. Esto es cuestionado
por el señor asesor. Realmente, al Tribunal de Cuentas lo va a ilustrar saber
que se entiende que no tiene competencia en esta materia. Más adelante dice:
“En consecuencia, nunca tuvo conocimiento este Tribunal de los contratos que
aparentemente suscribió la Intendencia Municipal de Montevideo con fecha 1º de
julio de 2005”. Se olvidaron de mandárselos al Tribunal.
Yo pregunto: ¿el contrato del 1º de julio no debió
ser enviado al Tribunal para que controlara su legalidad? ¿El contrato del 1º
de julio es considerado válido por esta Administración en caso de una rescisión
que va a basarse en esta modificación del convenio? También quiero saber si a
juicio del señor asesor, doctor Silva, la Administración debe efectivamente o
no ‑porque ha dicho que el Intendente quiere hacerlo en aras de
transparentar la gestión, lo cual indica que hasta ahora no era transparente‑
enviar esta modificación a consulta del Tribunal de Cuentas; modificaciones que
desconocemos y que ni siquiera podemos considerar porque nunca tuvimos delante
la carta que la empresa Tsakos enviara a la Intendencia Municipal de
Montevideo.
¡Hubiera sido tan
distinto si hubiera venido hoy la Administración, representada en esta caso por
el señor Director Rosselli, a decir: “¿Saben qué? Nos equivocamos”; “No
controlamos como debíamos”; “No tuvimos la capacidad de intimar a la empresa en
el momento conveniente”; “Nos equivocamos al firmar el 1º de julio una
modificación del convenio que habilitó a nuevos plazos a Carmitel sin
autorización de la Junta Departamental y sin control del Tribunal de Cuentas”;
“Nos equivocamos y queremos empezar de nuevo”! Yo creo que hubiera sido
importante admitirlo, porque lo que no se admite por uno mismo a veces se lo
obligan a admitir a empujones, no los que podamos dar desde la oposición, señor
Presidente, sino los propios empujones internos. No se puede arriesgar la
suerte de una Administración por la inoperancia e ineficiencia de una
Dirección. Me parece que hay que sopesar estos extremos a los efectos de poder
lograr el objetivo buscado.
También quiero
saber algunas cosas en lo referente a estas sanciones que ha aplicado la
Intendencia Municipal de Montevideo a la firma Carmitel el 6 de diciembre ‑reitero‑, un
día antes de que viniera el Director Rosselli a la Junta en oportunidad de la
frustrada intervención.
El primer punto dice: “Imponer a la firma Carmitel
S.A con domicilio en la calle Vázquez Ledesma…” ‑etcétera‑ “…una
sanción de observación por no depositar en el Servicio de Tesorería dentro de
los 10 días anteriores a su vencimiento la póliza de seguro…”. Quiero saber qué
alcance tiene esa sanción de observación.
En el segundo punto se impone una multa en dólares
americanos de $ 117.800. Quiero saber si Carmitel pagó esa multa, así como
las anteriores que le fueron impuestas.
También quiero saber qué pasó con la parte que dice
“Intimar a Carmitel a que renueve la garantía de fiel cumplimiento del contrato
en los términos de la cláusula 14a”. ¿Qué pasó con esa garantía del fiel
cumplimiento del contrato? Hay un plazo de 90 días previsto contractualmente.
Actualmente, día 90, no hay noticias de que se haya renovado esta garantía. ¿Nadie
se había dado cuenta antes del 6 de diciembre que no estaba esta garantía
renovada en su plazo? ¿Cómo se puede firmar ‑y me lo podrá contestar el
señor Director Rosselli‑ una modificación de convenio el 1º de julio
teniendo conocimiento y conciencia de que la empresa estaba en falta en las
pólizas y en la renovación de la garantía de fiel cumplimiento?
El cuarto punto dice: “Intimar con plazo de 10
días a los garantes solidarios de las obligaciones contractuales de Carmitel
S.A, señores Mario Jorge Garbarino Barbato, Juan Carlos Garramón Pieri y
Roberto Guillermo Siegfried Turri, a presentar estado patrimonial suscrito por
Contador Público, que demuestre su capacidad para hacer frente a las
obligaciones que surgen del contrato”. Han pasado seis años sin demostrar que
eran capaces de hacer frente a las obligaciones que surgen del contrato. Y al
Director Rosselli nunca se le ocurrió
pedirle a la empresa que presentara un estado patrimonial que demostrara
su capacidad para hacer frente a las obligaciones que surgían del contrato. Y
sí se le ocurre al Director Rosselli avalar ‑porque si no hubiera
renunciado‑ que el ex Intendente Pérez Piera firmara seis días antes de
irse ‑¡seis días antes de irse!‑ una modificación de contrato que
involucra la suerte del contrato y de esta Administración.
Nosotros dijimos
públicamente ‑y lo queremos reiterar‑ que desde nuestro punto de
vista el ex Intendente Pérez Piera, hoy Presidente de la Junta Anticorrupción,
debió tener algún estímulo, debió tener algún incentivo para llevar adelante la
firma de este contrato. Lo hemos dicho públicamente aquí, en esta Sala, y lo
volvemos a decir hoy, porque cuando lo dijimos con anterioridad nuestros
compañeros de la bancada frenteamplista nos dijeron que hoy nos iban a contestar.
Bueno, estamos en esa circunstancia y en esa ocasión. Esperemos que hoy nos
contesten si entienden viable que se firme un compromiso de esta naturaleza,
que involucra a la nueva Administración, seis días antes de retirarse el
Intendente. ¡Qué transición la que hicieron! Tan cuidadosos que fueron en otras
transiciones y todo lo que hipotecaron en ésta. Yo lo digo, señor Presidente,
porque como hay muy diversos tipos de estímulos, tal vez alguno de mis
compañeros conozca alguno; de repente el estímulo era que el doctor Pérez Piera
entendía que dejaba el camino abierto a esta Administración y quería hacer las
cosas prolijas; tal vez entendía que se lo complicaba, y se sintió incentivado
por poder complicarle la vida, él que se iba; tal vez al no participar él en
esta nueva Administración le interesaba que le demostraran cómo podían salir
adelante en esta circunstancia sus nuevos compañeros, que se iban a hacer cargo
de las obligaciones que él dejaba.
Yo veo que ha
sido muy defendida esta modificación de contrato del 1º de julio, y también les
digo que esta Junta Departamental, cuando firmó en el 2003, lo hizo en el
contexto de una situación de salida de crisis que no era la misma que el 1º de
julio de 2005; esta Junta Departamental, cuando autorizó lo que autorizó, lo
hizo consciente de que la Intendencia Municipal de Montevideo iba a utilizar
esa autorización que, repito, no fue votada por unanimidad…
(Timbre indicador de tiempo)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Le quedan cuatro minutos, señora
Edila.
SEÑORA FERRO.- …en el marco de la salida que la Intendencia
Municipal de Montevideo proponía para con Carmitel SA. ¿Quién controló que
después de esa modificación del convenio se cumpliera con los plazos acordados
en ella? ¿Quién controló ‑y son preguntas‑ que Carmitel S.A.
cumpliera sus obligaciones en ese tiempo? Le recuerdo al doctor Silva que el
Tribunal de Cuentas de la República, en una resolución que se publicó en el
“Diario Oficial” con fecha 11 de mayo de 2005, también estableció “que compete
a este Tribunal no sólo el control previo de legalidad en los gastos y en los
pagos, sino que, además ejerce un control permanente que debe, también, hacerse
extensivo a la legalidad de los distintos aspectos que forman parte de las
mencionadas etapas contractuales, a fin de verificar, entre otros elementos, si
la ejecución del Contrato se ajusta a las condiciones generales y particulares
de la contratación”. Ni siquiera se había enterado el Tribunal. ¿Previo? ¿Qué
previo? Previo no existió. No se enteró después de que habían firmado. Además,
se lo indujo a engaño, porque el doctor Pérez Piera, en una carta que le envía
al Tribunal fechada el 1º de julio, dice que el contrato se va a firmar el 31
de julio, y lo estaba firmando el mismo día que envía la carta al Tribunal. O
sea: engaños, ilegalidades, engaños contra el organismo que controla la
legalidad de los actos administrativos que yo quiero saber si el señor Asesor
Jurídico de la Intendencia, el doctor Silva, comparte; quiero saber si él
comparte que le haya sido enviada al Tribunal esa carta, fechada el 1º de
julio, en la cual se establecía que el 31 de julio era la fecha en la que se
iba a firmar el nuevo contrato, y si comparte que tampoco es de recibo la
resolución del Tribunal en la cual se establece que con carácter previo deberá
controlar la legalidad del nuevo contrato.
Señor Presidente:
como no me queda tiempo para incursionar en el otro tema que creo es
absolutamente válido hoy ‑me
refiero al tema económico en profundidad, de acuerdo con lo que ha dicho el
señor contador Cabrera‑, voy a dejarlo para una próxima intervención,
cuando tenga los diez minutos más diez minutos, porque tiene que ver con la
explotación económica del Hotel Casino Carrasco ‑todavía no son las seis
de la tarde, tenemos diez minutos; capaz que la noticia llega‑, con la
explotación de los slots, y me parece
bueno que se establezca con toda claridad cómo se va a proceder en caso de una
rescisión y cómo se ha procedido hasta ahora con Carmitel en el marco del
gravísimo incumplimiento de la empresa, que ha sido asistida económicamente por
la Intendencia de Montevideo hasta el último momento.
Me parece bueno
destacar que lo que se ha hecho allí se ha hecho con la plata de los
montevideanos, y que lo único que hizo Carmitel fue firmar por algo que nunca
cumplió, para lo que fue premiada con una modificación de convenio, avalada por
el señor Director Rosselli, que aún continúa presente.
Yo repito que me
habría encantado que admitiera que se equivocó; me habría encantado que
admitiera que esta modificación del 1º de julio hoy es absolutamente molesta a
los intereses de la Administración, y que la pone además en la circunstancia de
resolver si permanece con la pesificación, pero estableciendo una fecha de
terminación de contrato, o si la retira y se le rescinde y volvemos a la
dolarización de un contrato que, desde nuestro punto de vista, nunca fue
modificado, dado lo que nosotros entendemos es una flagrante ilegalidad en la
firma de este convenio hecho seis días antes por quien estimó conveniente
resolver por quienes no podía resolver: un Intendente que fue Intendente unos
meses y que va a pasar a la historia de este tema Carmitel‑Tsakos porque
efectivamente ha sido quien le ha dado las mejores herramientas a la empresa
para poder estar hoy en día aún en la discusión.
¿Saben cómo ya
debería haber actuado Pérez Piera? Rescindiendo el contrato, echando a
Carmitel, dando lugar a que se despejara de manera transparente todo este
asunto, y para lo que intervino fue para darle vida a la empresa, para que
continuara destrozando el Hotel Carrasco, los casinos municipales, y sumiendo a
la Administración Municipal en la pérdida de dineros que le son carísimos para
eso que dice que debe hacer con los dineros provenientes de los casinos, que
son políticas sociales.
Gracias, señor
Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Le damos la palabra al señor Edil
Graffigna.
SEÑOR GRAFFIGNA.- Gracias, Presidente.
Evidentemente, el
negocio gestado entre la Intendencia y Carmitel comenzó mal y no se avizoran soluciones
transparentes. Se trata de un contrato firmado en el año 2000, modificado tres
veces, con postergaciones del cronograma de obras, con observaciones del
Tribunal de Cuentas. La última de estas modificaciones se produce el 1º de
julio de 2005, seis días antes de que asumiera la nueva Administración. Esta
última modificación, justamente, le extiende el contrato a la empresa para que
pueda entregar el Hotel terminado en marzo de 2007. Se trata de una
modificación que, por otra parte, a nuestro juicio es ilegal, porque no pasó
por la Junta Departamental. Creo que en este tema todos los Ediles tendríamos
que estar de acuerdo en que una modificación de contrato entre la Intendencia y
un particular, si no pasa por la Junta Departamental, no es válida.
Es paradojal,
además, que este cambio de contrato lo haya hecho un abogado, un funcionario de
carrera, un profesional de primera línea como era el doctor Pérez Piera. A
veces, cuando se habla de Carmitel se pierde de referencia que se está hablando
de un edificio que es patrimonio histórico. ¡Qué significado tan importante
tiene el Hotel Carrasco para todo Montevideo!
En una sesión extraordinaria celebrada en esta
Junta el 30 de diciembre de 2003 a la que se había citado al ex Intendente
Mariano Arana ‑quien no concurrió, quien delegó su representación en el
doctor Adolfo Pérez Piera‑, el doctor Pérez Piera decía: “…el tema del
destino del Hotel Carrasco es un tema importante, trascendente, por lo que
significa este Hotel como parte del patrimonio histórico de Montevideo. Pero,
además, porque la decisión que se tome al respecto implica decisiones
trascendentes de tipo institucional que pueden no solamente orientar esta
situación sino situaciones similares”.
“Los fundamentos
de esta iniciativa” ‑continuaba diciendo el doctor Pérez Piera‑
“eran ‑como lo señaló el Intendente Arana en aquel momento‑ lograr
la recuperación de un patrimonio histórico de primer nivel, como era el Hotel
Carrasco ‑que estaba en proceso de deterioro desde hacía mucho tiempo‑
(...)”; recordemos que el Frente Amplio ya tenía unos cuantos años en la
Intendencia de Montevideo.
Continúa
diciendo: “Esta recuperación podría significar un atractivo turístico para
Montevideo, así como la generación de una actividad comercial importante” y el
funcionamiento del casino, que se preveía continuaría en el ámbito físico del
Hotel Carrasco. Lamentablemente, hoy aún no se ha logrado la recuperación del
Hotel y se le han infligido severísimos daños al casino, que funciona en el
mismo.
El 7 de julio de
2005 asumió el nuevo Intendente pero, como dije anteriormente, seis días antes
se produjo un punto de inflexión muy importante, a nuestro juicio. ¿Qué pasó el
1° de julio de 2005? La Intendencia firmó la famosa modificación del contrato,
extendiendo el plazo para terminar las obras de remodelación del Hotel a la
empresa Carmitel, que en ese momento no había renovado la póliza de seguros y
debería haberlo hecho el 22 de abril.
El señor Director
Rosselli, aquí presente, decía a la prensa que si bien Carmitel no renovó en
tiempo y forma la póliza, sí lo hizo después del plazo, aunque no depositó el
dinero en el Servicio de Tesorería de la Comuna ‑que era lo que
correspondía‑, y sí en otra oficina que nadie sabe cuál fue.
Para la Intendencia Municipal de Montevideo este
incumplimiento, o atraso, no impidió que se pudiera firmar la modificación. A
nuestro juicio, esa es otra violación flagrante por parte de la empresa
Carmitel, y la Intendencia es permisiva; no sé las razones por las cuales es
tan permisiva con Carmitel, el tiempo lo dirá o la conciencia de algunos lo
sabrá.
¿Qué opinaba el Director de Jurídica, doctor Silva?
Advertía que únicamente se produjo un ajuste en cuanto a la fecha de la entrega
de las obras, que es una condición accesoria. El doctor Silva omite decir que
se le dio a Carmitel la posibilidad de negociar, se le dio tiempo y se extendió
el plazo a una empresa que, notoriamente, incumplía los contratos que firmaba.
Nosotros tenemos una discrepancia profunda con el
doctor Silva ‑permítame, señor Presidente, dirigirme a él‑ en
cuanto a que la Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo no debería
estar para endulzarle los oídos al Intendente, para decirle lo que él quiere
escuchar; la Asesoría Jurídica de la Intendencia está para decir las cosas como
son.
¿Qué dice el Tribunal de Cuentas de la República,
el organismo de contralor por excelencia del país, acerca de este famoso
contrato modificado por el doctor Pérez Piera el 1° de julio de 2005? La
Intendencia de Montevideo, con fecha 11 de enero, recibió un informe del
Tribunal de Cuentas de la República, a través del Asesor Letrado José Luis Vera
Izeta, quien le comunicó al Municipio capitalino que nunca tuvo conocimiento de
la modificación del contrato firmado con Carmitel el 1° de julio de 2005 por el
entonces Intendente Adolfo Pérez Piera, y que la actual Administración del
doctor Ehrlich defiende como válido y vigente hasta el día de hoy.
Además, el Tribunal de Cuentas de la República
asegura que la Intendencia le anunció el 1° de julio de 2005 que firmaría un
nuevo contrato con Carmitel, con cambios sustanciales, y el 31 de julio de 2005
adjuntó una nota de la propia empresa sobre la financiación que había obtenido
Carmitel para continuar con las obras de remodelación del Hotel Carrasco. El
Tribunal de Cuentas entendió que esta nota no tenía ningún valor, porque lo que
requería era un documento, “un estudio de factibilidad económico-financiera de
la oferta por el plazo del contrato, e indicación detallada de los gastos de
financiación, adjuntando la documentación probatoria correspondiente”.
Como todo esto no fue remitido ‑según
entiende el Tribunal de Cuentas de la República‑, el pasado 11 de enero
le recordó a la Intendencia de Montevideo que “dado el tiempo transcurrido, la
modificación a suscribir altera lo autorizado oportunamente por este
Legislativo Comunal, por lo que deberá requerirse nueva autorización expresa de
esta Junta Departamental”.
“En consecuencia” ‑dice el organismo de
contralor‑ “nunca tuvo conocimiento (…) de los contratos que
aparentemente suscribió la IMM con fecha 1° de julio de 2005”.
El contrato del
doctor Pérez Piera no es válido; debería haber pasado por el Tribunal de
Cuentas. No pasó por ese organismo ‑lo dice el Tribunal de Cuentas, no lo
dice este Edil‑ y no fue refrendado por la Junta Departamental de
Montevideo, porque aquí ni siquiera pasó por la puerta.
Yo no voy a adjudicar, señor Presidente,
intencionalidades al ex Intendente de Montevideo doctor Adolfo Pérez Piera,
porque no tengo pruebas suficientes para saber por qué cambió ese contrato a
espaldas de la Junta Departamental. Pero permítaseme leer el currículum de este
experiente abogado, que indica que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales,
que tiene postgrado en Derecho Administrativo, que ha hecho un curso
internacional de Administración Municipal, Stage
sobre Política Internacional, que es abogado de la División Jurídica de la
Intendencia Municipal de Montevideo desde el año 1962, docente en el Instituto
de Estudios Municipales, docente en la Universidad Católica; o sea que tiene
experiencia en el plano laboral y académico. En política es un hombre
experimentado: fue suplente del
Intendente de Montevideo en dos períodos, desde el ’95 hasta el año 2005, y
Director de la División Jurídica desde 1995, por lo cual creo que es más que
claro que no se equivocó; si cometió algún error, lo hizo ex profeso.
La única alternativa para resolver este problema es
rescindir el contrato a esta empresa y llamar a una nueva licitación. Siempre
es bueno saber qué dicen connotadas figuras, legisladores del Frente Amplio a
nivel nacional. Por ejemplo, el Diputado Brenta, hablando del tema de la
licitación de Buquebús, dice: “La única alternativa es rescindir el contrato y
hacer una licitación nueva (…). Para la izquierda el valor de la transparencia
es muy alto”. Después habla acerca de la propuesta de Bandelux, que es una
empresa que intentó llevar adelante un emprendimiento en Puntas del Chileno, en
el Este; pretendía hacer un puerto de yates, emprendimientos inmobiliarios,
construir un casino. ¿Por qué es importante nombrar a esta empresa? Porque son
los mismos dueños de la empresa Carmitel. No tienen dinero para terminar el
Hotel Carrasco, pero pretendían invertir doscientos millones y pico de dólares ‑así
lo anunció el Ministro Rossi‑ en Punta del Este. Este tema generó una
alerta en este señor Diputado Brenta, porque él sabía muy bien cómo había
funcionado Carmitel en Montevideo. También figuran en este emprendimiento del
Este el señor Garbarino ‑que también es uno de los dueños de la empresa
Carmitel‑ y el señor Barboni, que es representante de Carmitel y también
de Bandelux, a quien, además, el Banco Hipotecario le está haciendo un juicio
por incumplimiento. Quiere decir que este Diputado usa a todos estos
empresarios como malos ejemplos, y le pide al Ejecutivo que tenga en cuenta las
maniobras que realizaron en Montevideo para que no se le dé la chance de llevar
adelante este emprendimiento en Punta del Este.
Pero, además, el Presidente de la Vertiente
Artiguista, el Senador Rubio, también decía que “hubo muchos problemas en el
pasado” con empresarios que no han cumplido sus contratos con el Estado, razón
por la cual se busca dotar al Gobierno de “certezas” para “no quedar en manos
de aventureros”. Se está refiriendo a las mismas personas; se está refiriendo a
Barboni, se está refiriendo a…
(Murmullos en Sala)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR GRAFFIGNA.- Sí, señor Presidente, por favor, me tiene que
amparar en el uso de la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Eso fue lo que hice.
SEÑOR GRAFFIGNA.- Veo que hace rato que se están haciendo
comentarios; si tienen algo para decir, que lo hagan después de que termine de
hablar.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Compañeros Ediles y compañeras Edilas,
¡por favor!
Adelante, Edil
Graffigna.
SEÑOR GRAFFIGNA.- No son palabras mías, sino palabras de
legisladores de la izquierda, que algo sabrán del tema; entre otros, Brenta
estuvo aquí y sabe muy bien cómo funciona Carmitel.
Asimismo, es bueno
tener en cuenta la opinión de los sindicalistas ‑sobre todo, de quienes
están cerca de los casinos‑, porque ellos saben lo que ha significado
Carmitel, saben el daño que le causó al Casino Carrasco, que no en vano es el
que da más pérdidas; para usar un término bien gráfico, está enclavado en un
“gallinero”. Tiscornia, sindicalista y funcionario municipal, decía a la prensa
que los funcionarios siguen de cerca las negociaciones que mantiene el Jefe
Comunal con la empresa Carmitel, porque en gran medida de eso depende el futuro
del Casino Carrasco. Según el sindicalista, existe acuerdo entre los
funcionarios y la Comuna respecto a que el contrato con esta empresa perjudica
las finanzas de los casinos y de la propia Intendencia. ¿Por qué? Porque el
canon que la Comuna le paga a Carmitel se calcula sobre las ventas de fichas
que realiza el Casino en slots y en
mesas, y no sobre la ganancia que resulta de restarle a esta venta los premios
ganados por los apostadores. Tiscornia advirtió, además, que cuando finalicen
las obras en el Hotel Casino Carrasco ‑ojalá sea pronto‑ el
complejo pasará a ser cinco estrellas, por lo que las ventas se multiplicarán
al menos por tres. Según dijo, si la Intendencia mantiene el mismo tipo de
contrato, el canon terminará siendo impagable, por lo que será un mal negocio.
Al mismo tiempo, afirmó que los contratos con privados por el arrendamiento de
las máquinas de slots son
vergonzosos, porque favorecen demasiado a las empresas privadas en detrimento
de los beneficios que obtienen el casino y la Intendencia Municipal. Un dato
bien gráfico es que en el año 2004 Carmitel se llevó el 32,25% de las
“ganancias” ‑entre comillas‑ del Casino Carrasco; de eso se
desprende que sólo cumple el Municipio, que sí paga, y sólo pierde Montevideo.
Pero hay un ejemplo muy gráfico que es interesante
traer a colación. Me refiero a la forma de actuar del Ministro Rossi con
Consorcio Ruta 1, con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo porque
entendemos que a una empresa que no cumple se le debe hacer caer la concesión.
En ese caso concreto, el Estado asumió la construcción de la doble vía y del
puente sobre la Barra del Santa Lucía. El Ministro de Transporte dijo que
estudió las distintas concesiones que existen en el país, aclaró que el
objetivo es que continúen aquellas que cumplen con lo estipulado, y señaló que
en los casos en los que existan desvíos, incumplimiento o reiteración de
incumplimiento se actuará como lo han hecho con Consorcio Ruta 1.
Evidentemente, hay una similitud muy grande con el caso Carmitel en cuanto a
incumplimiento y reiteración de incumplimiento. Sin embargo, la forma de actuar
no es la misma: Rossi hizo caer la concesión de Consorcio Ruta 1, la
Intendencia de Montevideo sigue actuando en forma permisiva con Carmitel. Además,
el Ministro de Transporte y Obras Públicas dijo que la decisión es la mejor si
pensamos en la defensa de los intereses de los uruguayos. En este caso,
tendríamos que pensar en la defensa de los intereses de los montevideanos.
Rossi sostuvo que si estas situaciones se repiten, van a seguir obrando en
consecuencia, y advirtió que si bien esta Administración ha hecho público su
propósito del más absoluto respeto a los contratos celebrados por el Estado,
también se impuso el control estricto de las concesiones en ejecución a efectos
de comprobar el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los
concesionarios. Carmitel no cumple, nunca cumplió, con crisis o sin crisis:
postergaciones, atrasos en las ejecuciones… Básicamente, creemos que la
situación de dicha empresa es un calco de la de Consorcio Ruta 1. Siempre se le
ocasiona un grave perjuicio a la comunidad, decía el Ministro Rossi; y estamos
totalmente de acuerdo. En definitiva, los que pagan son siempre los mismos.
Como sucedió con el puente, se demora la habilitación de la obra prevista para
julio de 2000, y luego se hace una renegociación por la que se lo habilitan
para el año 2003. Ustedes pueden apreciar que es lo mismo que pasa con
Carmitel. Carmitel no cumple una, dos, tres, cuatro veces y se le sigue
permitiendo. En el caso de Consorcio Ruta 1, la empresa no cumplió, se le
retiró la concesión y el Estado asumió la conducción de las obras.
Señor Presidente:
le voy a pedir que me permita dirigirme al Director Rosselli, ya que este Edil
lo considera responsable de este pésimo negocio y del perjuicio económico
importante que le ha ocasionado al casino. Como dije anteriormente, el casino
que más pierde es el que está enclavado en el Hotel Carrasco. Se podrá decir
que es un aspecto menor, o no, pero se le ha infligido un daño desde el punto
de vista urbanístico y paisajístico a la ciudad de Montevideo. Y, desde el
punto turístico, ¿cuánto le podría agregar el Hotel Carrasco a Montevideo?
Muchísimo.
Por otra parte,
actores políticos de todos los partidos ‑recién mencioné a dos figuras
del Frente Amplio; era importante traerlas a colación para demostrar que no
sólo los Ediles de la oposición creemos que este ha sido un mal negocio‑,
funcionarios municipales y sindicalistas coinciden en que este ha sido un
pésimo negocio; y la opinión es generalizada. A nuestro juicio, hay una sola
solución transparente: hacer caer la concesión, llamar a una nueva licitación
arrancando de cero, lo que podrá demorar más, pero en aras de la transparencia
creemos que es lo correcto. De lo contrario, el Intendente Ehrlich ha dicho que
la inversión en la ciudad de Montevideo, fundamentalmente, se va a dar a través
de préstamos internacionales. Montevideo va a invertir, según lo que reza el
Presupuesto, un menguado 11%; pero se podrá aumentar la inversión a través de
préstamos internacionales.
(Timbre indicador de tiempo)
______Termino, señor Presiente.
Nosotros creemos
que la Intendencia a través de un préstamo internacional se podría hacer cargo
de la finalización de las obras del Hotel Casino Carrasco.
Para finalizar,
quiero decir que, lamentablemente, en este país no pasa nada con las malas
decisiones que toman los funcionarios de turno ‑esto nos cabe a todos‑
a nivel nacional y departamental ‑me refiero a las malas decisiones que
comprometen las arcas del Estado, de los Entes Autónomos, Servicios
Descentralizados, de las Intendencias‑, ya que no responden con su propio
patrimonio. Sería bueno que de una vez por todas, los funcionarios que llevan a
la debacle a distintos organismos del Estado ‑reitero, nos cabe a todos‑
se hagan responsables con su propio patrimonio. Este Edil cree, señor
Presidente, que si esto fuera así, el señor Rosselli le debería a la
Intendencia de Montevideo U$S 14:000.000.
Nada más,
Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra el señor Edil Pablo
Ferrer.
SEÑOR FERRER.- Muchas gracias, señor Presidente.
(Interrupción del señor Edil Mendiondo)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio Edil Mendiondo, por favor.
Adelante, Edil
Ferrer.
SEÑOR FERRER.- Nuevamente gracias, señor Presidente.
En primer lugar,
queremos señalar que a nuestro entender las preguntas originales por las que
fueron convocados el Director Rosselli, el Director Silva y el contador
Cabrera, quien va a referirse a los pagos realizados
por la Intendencia, fueron contestadas y
evacuadas con profundidad en la primera intervención. No es ajeno a nadie en
esta Sala que el tema central de la convocatoria está vinculado a la situación
jurídica de los contratos con Carmitel. A nuestro humilde entender, el informe
jurídico brindado por el Director de la Asesoría Jurídica fue sumamente
completo, esclarecedor y básicamente no ha dejado dudas, a tal punto que las
posteriores intervenciones, más allá de las posibles diferencias respecto a los
distintos temas y de las legítimas opiniones políticas de cada una de las
fuerzas integrantes de esta Junta, no han aportado elementos sustanciales que
contradigan o hagan pensar que algunas de las afirmaciones realizadas por el
Asesor Jurídico no tienen el fundamento jurídico y legal correspondiente.
Señor Presidente:
hay algunas consideraciones que se han hecho, y que también son políticas ‑como
es propicio en este ámbito‑, que no compartimos, por lo que con calma,
humildad y serenidad consideramos que debemos hacer algunas precisiones. Quiero
comenzar refiriéndome a algo que se dijo al final. Insistiremos en que
recientemente este país ha conocido algunas situaciones de dolo, complejas
desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa de los
funcionarios públicos, que hasta el momento son ajenas a la fuerza política a
la que pertenezco. Esto no quiere decir que uno esté libre de culpa, ni
individual ni colectivamente, pero esa es la situación hasta el momento. En los
casos en que se entienda conveniente que la responsabilidad administrativa se
cumpla, bienvenido sea que se exija, y que los funcionarios se hagan cargo de
los hechos en que incurrieron, ya que perjudicaron a Administraciones
Municipales y Nacionales.
También se dijo que la experiencia anterior a la
frenteamplista ‑la del Partido Colorado‑ al frente de los casinos
municipales no fue tenida en cuenta, y poco menos que fue brillante, excelente
y demás. Quiero hacer un comentario de algo que me ocurrió. Hace ya un tiempo
procuré conseguir los números de los casinos durante el período ’85‑‘89;
digo esto porque como hay mucha gente vinculada al tema de los casinos tal vez
alguien los tenga. Yo no los he podido conseguir. Quizás alguien los puede
conseguir y de repente nos los puede facilitar.
(Murmullos)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR FERRER.- Hasta el momento no he podido conseguir la
información correspondiente al período 85‑89; es un secreto inexpugnable.
(Interrupción de la señora Edila Ferro. Respuesta del orador)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
(Murmullos)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
Voy a solicitar
que no dialoguen, y al señor Edil que está haciendo uso de la palabra que por
favor se dirija a la Mesa.
SEÑOR FERRER.- Tiene razón, señor Presidente.
Concretamente, en
el archivo de la Junta no están; por lo menos, eso es lo que me han contestado
en reiteradas ocasiones los funcionarios de la Junta, los cuales creo que…
(Interrupción del señor Edil Gloodtdofsky)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Edil Gloodtdofsky: le solicito que
haga silencio, por favor.
SEÑOR FERRER.- Confío tranquilamente en la palabra de…
(Interrupción del señor Edil Gloodtdofsky)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, Edil Gloodtdofsky, por
favor.
Adelante, Edil
Ferrer.
SEÑOR FERRER.- De todas maneras, como no he tenido acceso a dicha
información, no puedo opinar acerca de cuáles eran los resultados
presupuestales de la ejecución de los casinos municipales entre el ’85‑‘89,
de la que creo se llamaba División Hoteles, Casinos y Turismo. Ahora, lo que sí
no escapa a ningún montevideano, a ningún uruguayo, a ningún extranjero que
haya visitado Montevideo antes del año 1989 ó 1990 es que el Hotel Carrasco y
el Parque Hotel no estaban en las mejores condiciones edilicias ni de
mantenimiento; no eran dos bellezas arquitectónicas de la ciudad, y eso debido
al grado de deterioro que tenían, interno y externo, porque siendo edificios
casi centenarios no habían tenido absolutamente ningún tipo de mantenimiento y
estaban totalmente deteriorados desde todo punto de vista. Capaz que los
casinos daban bien, capaz que eran superavitarios ‑le doy esa carta de
crédito a la Administración del Partido Colorado‑, pero, perdónenme: los
edificios estaban realmente en un estado de abandono. Reitero: quizá los
casinos daban bien, pero no se invertía en las cosas en las que se debía
invertir, no se buscaba resolver problemas edilicios que afectaban claramente
una patrimonio que a todos nos preocupa por ser dos importantes y
significativos edificios de la ciudad, ubicados, además, en puntos más que
estratégicos.
(Murmullos)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR FERRER.- Son, prácticamente, una carta de presentación de la
ciudad ante el mundo, y son orgullo de todos los montevideanos.
Lo mismo también
habrá pasado en otros casos, en edificios que se perdieron o que quedaron a
medio construir, algunos muy cercanos, como el Palacio de Justicia, lindo
esqueleto al día de hoy.
(Interrupciones de los Ediles Ripoll y Gloodtdofsky)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Ediles Ripoll y Gloodtdofsky:
silencio, por favor.
Les voy a
solicitar a todos que, por favor, no dialoguen. Señoras y señores Ediles: no
compliquemos la sesión nuevamente. Ayudemos a que transcurra como es debido.
Adelante, Edil
Ferrer.
(Interrupción del Edil Gloodtdofsky)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Edil Gloodtdofsky: si cuando usted
hace uso de la palabra, algún Edil lo interrumpe, también lo ampararé. Entiendo
que todos merecemos el mismo tratamiento.
Adelante, Edil
Ferrer.
SEÑOR FERRER.- Gracias, señor Presidente.
Cambiando de tema
‑había perdido un poco el hilo de mi intervención y creo que no vale
mucho más la pena seguir la línea de razonamiento anterior‑, aquí se ha
hablado de una situación que yo creo que es interesante. Se mencionó el hecho
de que los contratos fueron firmados el 1º de julio, cuando el cambio de mando
de autoridades municipales fue el 7 de ese mes.
Lo que tengo claro es que hay Intendente todos los
días del año, independientemente de cambios de mando, de períodos de licencia,
etcétera, y quien esté ejerciendo la función debe actuar efectivamente y no
debe temblarle el pulso para tomar las resoluciones que tenga que tomar,
independientemente de la fecha.
Más allá de que a
mí políticamente no me parezca oportuno, no se me ocurre cuestionar que días
antes de abandonar el Gobierno Nacional éste haya elevado un tratado de
protección de inversiones al Palacio Legislativo para su aprobación. Será
criticable desde el punto de vista político, pero el Presidente estaba en
ejercicio de sus facultades legítimas. Hasta el 28 de febrero de 2005 tuvimos
un Presidente de la República, y hasta el 7 de julio de 2005 tuvimos un
Intendente Municipal, y todos los días hay Intendente Municipal, por suerte;
por suerte tenemos instituciones sanas, sin dificultades, con continuidad. ¿Y
qué nos extraña? ¿No debía tomar decisiones la Intendencia Municipal de
Montevideo? ¿El Intendente Municipal no debía tomar resoluciones porque estaba
a seis días de cambiar el mando? Realmente, no es un argumento de recibo. El
Intendente lo hizo en pleno uso de sus facultades. Como recordaba un compañero,
el doctor Pérez Piera, cuando asumió en febrero, señaló que iba a ser Intendente,
que no iba a “hacer la plancha” y, efectivamente, este es un hecho que se
enmarca en ese proceso.
Aquí se pretende
plantear algún tipo de cuestionamiento, se pretende plantear una sombra de duda
‑inteligentemente, esto debo reconocerlo‑, sobre los incentivos.
Seguramente el Intendente Pérez Piera, luego de una brillante y larga carrera
funcional en la Administración Municipal, que terminó asumiendo como Jefe
Comunal, entendió que debía tomar las decisiones que tenía que tomar porque
estaba para eso, y porque esta fuerza política le había dado la confianza para
ocupar ese cargo; además, la ciudadanía había acompañado eso. Tomó las
decisiones con la tranquilidad de conciencia que corresponde a un Intendente
que llega a ocupar ese cargo por los canales pertinentes; simplemente fue eso.
¿Cuál es el misterio que se pretende plantear sobre esto? Me parece que se
pretende generar suspicacias o ciertas complejidades que no son de recibo. Esta
fuerza política no tiene ningún problema en decir que Pérez Piera tomó esa
decisión y que cuenta con el respaldo de esta fuerza política. Y claro está que
el hecho de que hoy ocupe un lugar de destaque en materia económico‑financiera
a nivel del Estado no es más que una
demostración de que esta fuerza política lo ha respaldado y lo sigue
respaldando.
Creo que estos
eran los temas más significativos, los puntos que nos parecía importante
aclarar desde el punto de vista político.
Termino diciendo
que me siento complacido con la explicación jurídica ‑tema central que está
planteado en esta sesión‑ respecto a la situación de los contratos con la
empresa Carmitel.
Muchas gracias,
señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Gracias a usted, señor Edil.
Faltan tres
minutos para la hora de la sesión ordinaria, de manera que la Mesa plantea
votar un cuarto intermedio y continuar luego con esta sesión.
Si no hay
observaciones, se va a votar.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 29 votos.
Pasamos a cuarto
intermedio.
(Es la hora 18:27)
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Meroni).- Habiendo número en Sala,
levantamos el cuarto intermedio.
(Es la hora 18:49)
______Damos la palabra a los señores Directores.
SEÑOR ROSSELLI.- Señor Presidente, señoras Edilas, señores Ediles:
ustedes saben que el papel que hoy acá nos toca jugar como Directores y
asesores ‑un rango importante, como es el caso de Diego Silva‑ es
el de brindar información disponible a este Cuerpo. A nosotros no nos compete hoy el debate en ninguna circunstancia.
Nosotros nos vamos a ceñir estrictamente al papel que nos corresponde, como ha
sido además tradicional nuestra conducta; conducta que nos lleva a pensar con
mucha sinceridad que no somos altaneros y pedantes tampoco, sino que siempre
hemos asumido, a lo largo de nuestra vida, las responsabilidades que nos
corresponden en el ámbito personal y, por supuesto, en lo que aquí compete, en
el ámbito político. Lo hemos hecho siempre, y lo decimos con la mayor de las
honestidades y sinceridades; no nos duelen prendas en ese sentido. También
tenemos que ser claros en este tema, porque hay muchas acciones a lo largo de
todos estos años.
El contrato con Carmitel se firma el 9 de febrero
de 2000. El 28 de marzo de ese mismo año se crea una comisión de seguimiento de
las obras del Hotel Carrasco. Repito: el 28 de marzo de ese mismo año.
En mayo de 2001, integrada esa comisión, procedemos
a intimar a Carmitel con los elementos que teníamos, a través del artículo
1.440 del Código Civil ‑que era el elemento de que disponíamos‑
para referirnos al tiempo transcurrido entre febrero o el 12 de mayo de 2000 ‑si
ustedes quieren‑, que es cuando se entrega el Hotel Carrasco a Carmitel
para la realización de las obras, hasta ese momento. Lo cierto es que Carmitel,
más allá de sostener que no correspondía invocar ese artículo del Código Civil,
dice que las obras van a ser terminadas en el plazo de 24 meses, y comienzan
las mismas en julio de ese año.
La comisión de
seguimiento a que hice referencia trabajó y fue constantemente a hacer el
control de las obras entre mayo de 2001 y julio-agosto de 2002; eso se hizo en
forma permanente. Esta es una comisión de carácter técnico, integrada por
funcionarios municipales, que se reunían habitualmente, y por gente designada
por la empresa Carmitel.
Yo quiero
recordar a los señores Ediles, porque me parece un dato importante de la
realidad y forma parte de estos inconvenientes que ha tenido este contrato ‑que
como se dijo son muchos‑, que en julio de 2002 el país quebró; el Uruguay
quebró. Que el Banco de la República Oriental del Uruguay no les haya devuelto
a los ahorristas sus dineros en el plazo que tenían fijado quiere decir que el
Uruguay quebró; no quiere decir otra cosa, no tiene otra explicación. Es ahí
que todas las empresas comienzan a buscar una nueva forma de trabajo.
Nosotros queremos
hacer notar lo que parece una coincidencia ‑es una coincidencia, y a
veces se dan‑, y es que el mismo día, el 3 de diciembre de 2003 ‑una
vez concluido todo el proceso en la Junta Departamental, el cual termina con la
resolución de setiembre de 2003, que autoriza a la Intendencia a firmar un
nuevo contrato‑ cuando el Tribunal de Cuentas de la República comunica
observaciones de ese contrato a la Intendencia y a la Junta Departamental, el
Consejo de Calificación de Fitch Uruguay
Calificadora de Riesgo S.A. asignó a las obligaciones negociables a
emitir por Carmitel S.A. la categoría de BB+, o sea que la habilitaba a emitir
esas obligaciones en plaza y conseguir financiamiento por esa vía.
También es cierto
que la Intendencia, producida esa resolución del Tribunal de Cuentas, hace una
serie de precisiones y trata de convencer al Tribunal de que habíamos actuado
correctamente. Para intentar convencerlo, le suministra una serie de
informaciones y de documentos que la Intendencia poseía, entre lo que nos
parece importante destacar una fotocopia autenticada de carta del Banco de
Montevideo, de fecha 14 de junio de 2002, dirigida a Carmitel S.A. En ella se
informa que el Comité de Crédito de dicho Banco, en sesión de 13 de junio,
acordó manifestar el interés del mismo en analizar el otorgamiento de
asistencia crediticia de mediano plazo a Carmitel, por un importe de
U$S 3:000.000, complementaria de la fuente de financiamiento ya prevista
por esa empresa para el cumplimiento de la concesión de la que es titular.
Hicimos llegar
una fotocopia autenticada del contrato de préstamo entre Carmitel S.A. y la
Corporación Interamericana de Inversiones, de fecha 14 de junio del año 2002. O
sea que se habían consustanciado todas las garantías necesarias para tener los
dineros a fin de concluir las obras; después la historia fue otra.
En el año 2003,
Carmitel, por razones que no nos compete explicitar porque no tenemos ninguna
información ‑ni correspondería hacerlo, aunque la tuviéramos‑, no
consigue los dineros en plaza, y al año pierde la calificación, que debe
obtener otra vez, la cual logra en junio del año 2005.
(Ocupa la Presidencia la señora Edila Teresita Ayestarán)
______Además, en todo este tiempo ‑y hay algunos otros
aspectos que van a ser contestados por el doctor Diego Silva‑ ha habido
acciones permanentes por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo en lo
que tiene que ver con buscar elementos que nos permitan la mayor de todas las
garantías para la conclusión de las obras. Para nosotros, el tiempo
transcurrido no es un tiempo perdido.
La Intendencia
concluirá con una rescisión de contrato o no ‑veremos en qué termina‑,
pero lo va a hacer en las mejores condiciones. Esto quiere decir que va a poder
tener un divorcio civilizado, y pensamos que no va a haber instancias
posteriores que nos atrasen lo que puede ser un eventual proceso licitatorio
que continuaría a esa declaratoria de la rescisión.
Continúa el
doctor Diego Silva.
SEÑORA PRESIDENTA (Teresita Ayestarán).- Tiene la palabra el
Director del Servicio Jurídico de la Intendencia, doctor Diego Silva.
SEÑOR D. SILVA.- Gracias.
Con relación a
las exposiciones precedentes, haremos algunas puntualizaciones en lo que tiene
que ver con asuntos vinculados a aspectos jurídicos de nuestras intervenciones.
En cuanto al
papel del Tribunal de Cuentas en nuestro ordenamiento jurídico, es cierto que
este tiene un papel muy acotado; precisamente, está acotado por la Constitución
de la República. A diferencia de otros modelos constitucionales que encontramos
en otros países, nuestro Tribunal de Cuentas tiene un papel muy acotado:
únicamente tiene el contralor de los gastos y pagos en lo que tiene que ver,
precisamente, con la intervención de éstos, a diferencia de otros ordenamientos
jurídicos, en que tiene facultades de mayor amplitud. Por eso es que decíamos ‑siguiendo
la doctrina nacional‑ que, efectivamente, la intervención del Tribunal de
Cuentas no desvía, ni altera, ni modifica, ni suspende la actuación de la
Administración; únicamente señala aquellos aspectos en los que discrepa en cómo
ésta ha procedido. En función de eso, el organismo tiene la posibilidad de
modificar su actuación; pero si entiende que ha actuado en forma correcta, o
considera que debe proceder en la forma en que ha entendido originariamente en
cuanto a ese gasto, dicta una resolución reiterándolo. El Tribunal de Cuentas
lo que puede hacer es, entonces, efectuar una comunicación al Legislativo que
corresponda: al Legislativo Nacional o al Legislativo Departamental. Es por
ello, y de conocimiento de los señores Ediles, que en todos los organismos
públicos se producen numerosísimas reiteraciones de gastos y pagos; es por eso
que en el Parlamento Nacional se reciben infinidad de reiteraciones de gastos y
pagos que están, precisamente, a disposición de los legisladores nacionales, en
miles de comunicaciones que ha hecho el Tribunal de Cuentas en los últimos
años. O sea que esto es un procedimiento usual y, efectivamente, salvo que
medie alguna reforma constitucional, el papel del Tribunal de Cuentas en
nuestro ordenamiento jurídico es muy acotado y es ese: únicamente tiene el
contralor de gastos y pagos; no el contralor de la legalidad de los actos
administrativos, cosa que compete al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En cuanto al
dictamen jurídico ‑que comparto, y del cual leí un resumen‑, fue
elaborado por varios técnicos de nuestra Asesoría Jurídica: por la doctora
Lanzani, Directora del Servicio de Actividades Contenciosas; el escribano
asesor Aldo Long; los abogados asesores Walter Bomio y Eduardo Paluian; y la
Coordinadora del Equipo Técnico Contencioso Administrativo de la Intendencia,
doctora Alicia Rodríguez Galusso. Reitero que comparto las conclusiones del
mismo.
Con relación a algunos aspectos que se me han
preguntado en cuanto a las sanciones que se aplicaron a la empresa Carmitel en
la resolución de 6 de diciembre del año 2005, debo decir que efectivamente se
le aplicó una sanción de observación por no haber cumplido el procedimiento que
establecía el contrato en cuanto a cómo debía proceder para renovar la póliza
de seguro de incendio del edificio. El edificio siempre estuvo asegurado; o sea
que en ningún momento dejó de estar vigente la póliza. Lo que sucede es que
Carmitel no entregó el comprobante del Banco Seguros donde debía hacerlo. Por
eso fue que se hizo una observación; pero, en realidad, el edificio no corrió
riesgo. Entonces, el contrato establece ‑concretamente, en la cláusula
13°‑ que la aplicación de las
sanciones se realizará con ajuste a los principios del debido procedimiento y
de la razonable adecuación de la sanción a la falta. La Intendencia aplicó una
sanción de observación, que es la mínima, dado que, en definitiva, la infracción
consistía en no haber entregado el comprobante del Banco de Seguros en la
oficina municipal que correspondía, sin perjuicio de lo cual la póliza de
incendio había permanecido vigente.
En cuanto a la multa aplicada de U$S 117.800,
efectivamente ya ha sido satisfecha por la concesionaria.
Respecto a la resolución del Tribunal de Cuentas de
11 de mayo del año 2005, debo decir que efectivamente nosotros la conocemos. La
misma fue publicada en el Diario Oficial el 24 de mayo del año 2005, y figura
como una resolución sin número. En esta resolución, el Tribunal se autoasigna
determinadas competencias y establece determinados mecanismos, sin contar a
juicio de nosotros con ningún apoyo, ni constitucional ni legislativo. Si
hubiese existido en nuestro país una Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que
le atribuyese las competencias que en esta resolución se detallan y los plazos
que aquí se establecen, obviamente tendría respaldo legislativo. Pero esta
resolución del Tribunal de Cuentas carece de respaldo constitucional y legal.
El Tribunal no puede autoatribuirse competencias que no están previstas en la
Constitución ni en la ley. Por lo tanto, dado que la doctrina nacional es
unánime en cuanto a que el Tribunal de Cuentas ni detiene, ni altera, ni suspende,
ni obstaculiza el actuar de la Administración, las competencias que el Tribunal
se autoatribuye en esa resolución del 11 de mayo carecen de todo sustento
normativo. Por eso es que allí se hace mención a dar todas las garantías y la
mayor transparencia a los procedimientos. Esta Intendencia ha entendido que el
señor Intendente, previamente al acto de rescisión ‑si así resolviera
hacerlo‑, remitirá noticia de lo actuado al Tribunal de Cuentas, pero no fundándose en esta resolución, que
entendemos carece de respaldo constitucional y legal, sino a efectos de otorgar
la mayor transparencia al procedimiento que se lleve a cabo.
Gracias.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Vamos a dar comienzo al debate.
Cada Edil podrá
intervenir durante diez minutos, con opción a diez minutos más. Asimismo, se
permitirán interrupciones si el Edil que está en uso de la palabra lo cree
conveniente.
Tiene la palabra
el señor Edil César García Acosta.
SEÑOR C. GARCÍA.- Gracias, señora Presidenta.
Nosotros vamos a
tratar de probar cada una de las cosas que digamos, para que no caigan en saco
roto y para que no se diga que en este Parlamento ‑que está, justamente,
para exponer y presentar ideas sobre este o cualquier otro tema‑ hablamos
por hablar.
Antes de iniciar
esta intervención yo hablé con el Edil Ferrer, por aquello de que el que avisa
no traiciona; me parece que esa es una cuestión vital en el relacionamiento
interno. Como Partido Colorado se nos atacó fuerte por parte de dicho Edil al
decir que en esta Junta Departamental no había información ni datos de la
gestión de los casinos municipales durante el gobierno de nuestro Partido. Para
probar que sí la hay, esta es la Rendición de Cuentas del período 1985‑1990.
En la página 66 del libro radicado en la Biblioteca General Artigas, de esta
Junta Departamental, con el código R352061NBN/13590, se señala: “Ganancias
récord de los Casinos Municipales. La venta de los Casinos Municipales fue de
U$S 40:800.000 en 1984 y de U$S 55:400.000 en 1989. La ganancia de los
Casinos Municipales que había sido de U$S 7:200.000 en 1984 alcanzó los
U$S 10:000.000 en 1989”. Y así sigue toda la relación de los gastos que se llevaron adelante en
Casinos, uno a uno, incluida la concesión del Parque Hotel. O sea que tenemos
que calificar, no como falsos ‑porque no creemos que sea así‑, pero
sí como equivocados los dichos del Edil Ferrer.
Además de esta información, en esta Junta
Departamental ‑así como en el Municipio de Montevideo y en cualquier otro
organismo público‑ radican documentos públicos. En este caso, tenemos la
Rendición de Cuentas de ese período de gestión quinquenal del Municipio de
Montevideo, a la que se suman el decreto de la Junta Departamental con la
relación de cada uno de los gastos y de los pagos, y el dictamen del Tribunal
de Cuentas de la República observando o aceptando la Rendición de Cuentas
quinquenal de la Intendencia. Todos esos documentos están en esta Junta
Departamental. Entonces, creemos que debemos tener cuidado a la hora de
referenciar, sobre todo cuando hablamos de partidos y de trayectorias. Eso,
como primer elemento a puntualizar. No necesitamos poner al servicio del Edil
Ferrer la información porque está en la biblioteca de la Junta Departamental.
SEÑORA S. PEREYRA.- Pido la palabra para una interrupción.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Puede interrumpir la señora Edila
Susana Pereyra.
SEÑORA S. PEREYRA.- ¿Quién es el autor?
SEÑOR GARCÍA ACOSTA.- La Intendencia de Montevideo.
SEÑORA S. PEREYRA.- La Intendencia de Montevideo de ese período.
SEÑOR GARCÍA ACOSTA.- La Intendencia de Montevideo.
Tratando, ahora
sí, de entrar en el tema, creemos que es importante reseñar el primero de los
capítulos que se viene a discutir acá. Creo que el tema de fondo es el tema del
negocio, que tiene que ver con el Hotel Carrasco y con Carmitel; vamos a llegar
a él, pero me parece sustancial empezar por el tema de las competencias ‑que
ha insumido hoy bastante tiempo de análisis aquí, en la Junta Departamental‑,
es decir, si el Tribunal de Cuentas tiene o no tiene competencia sobre quien
debe efectuar las instancias de contralor.
Cierto es que cada maestrito tiene su librito; y yo
tengo el mío, que es la Constitución. El literal E) del artículo 211 dice:
“Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del
Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados, y denunciar, ante quien corresponda, todas las
irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de
presupuesto y contabilidad”. Entonces, no solamente interviene, al amparo del
literal b), en los gastos y los pagos, sino que expresamente y por mandato
constitucional interviene en la gestión financiera del Estado, incluida la de
los Gobiernos Departamentales. El doctor Silva hacía mención, con acierto ‑debo
decir que en lo sustancial he estado de acuerdo con casi todo lo que ha dicho‑,
a que el Tribunal de Cuentas de la República tiene competencias acotadas, pero
yo creo que no es así. Creo que lo que considera el Director ‑esto
depende del color del cristal con que se mire‑ es el rol de los
organismos de contralor, que no lo es el Tribunal de Cuentas de la República,
sino las Juntas Departamentales. El profesor Isaac Gannon, en su libro
“Gobiernos Departamentales”, del año ’57, dice que quien tiene la facultad de
contralor en todas las instancias de la gestión del Intendente, en cualquier
instancia ‑no únicamente en la de Presupuesto‑, son los Ediles,
sea a través de un pedido de informes,
de un llamado a sala, de la comparecencia de los Directores o de cualquier otra
instancia que se promueva para conseguir información. Y son los órganos de
contralor los que, en definitiva, tienen la facultad, en su ejercicio liberal,
de cuestionar la actitud o la rectitud de la Administración. Cuando el Tribunal
de Cuentas comunica ‑como decía el doctor Silva‑ a los Parlamentos ‑en
este caso, a la Junta Departamental‑ no lo hace para comunicar, de
ninguna manera: lo hace para denunciar una irregularidad, y será la Junta
Departamental la que tendrá la facultad de llevar adelante las instancias
indagatorias para dilucidar si el hecho está ajustado a derecho o no. No
pongamos las cosas en casilleros que no corresponden, porque de esa manera la
discusión transita por caminos equivocados, que es lo que está pasando hoy con
este tema.
Como decía el Edil Ferrer, hasta ahora nadie
cuestiona el excelente informe jurídico que trajo el doctor Silva. Yo estoy de
acuerdo con ese informe, pero el problema no es lo que dice el informe, sino lo
que no dice. En realidad, el informe no dice absolutamente nada, y esa es
materia de los abogados cuando no quieren decir nada.
Entonces, volvamos a un tema de texto y contexto.
Ubiquémonos. El Tribunal de Cuentas tiene su facultad, que es la de dejar en
evidencia determinado tipo de irregularidad de gestión; no estamos hablando
únicamente de corrupción, sino que estamos hablando de irregularidad. Este
proceso ha tenido irregularidades; la primera fue haber otorgado la licitación
a Carmitel. ¿Y habérsela otorgado cómo? Habérsela otorgado sin que la empresa
hubiera ofrecido con claridad meridiana la fórmula de financiamiento.
Pensemos en cualquier contrato, por
ejemplo, un contrato de alquiler: viene una parte, contrata, y yo entrego mi
casa para que alguien me la alquile. Si el que me la alquila me ofrece
garantías que no son suficientes, yo no se la alquilo; la casa no se la doy. A
partir del momento en que doy la casa y no cumplen conmigo, empieza todo un
proceso de intimación que termina generalmente
en un desalojo y un lanzamiento. Lo mismo pasa acá; la gran duda está en cómo
vamos a hacer para llevar adelante ese desalojo y ese lanzamiento, porque nos
va a costar una fortuna. Lo que no dice el informe de Jurídica que trajo el
doctor Silva es cuánto nos va a costar la devolución del Hotel Carrasco de
parte de Carmitel al Municipio de Montevideo. Ese no es un acto que se da
simplemente porque la Intendencia intime a Carmitel bajo un incumplimiento
menor, o porque la Intendencia rescinda el contrato. De ninguna manera va a
pasar eso. Acá se va a generar la rescisión del contrato y el hotel va a seguir
en manos de Carmitel, y van a tener que arreglarse con los abogados de Carmitel
en un Juzgado Civil. ¿Y cuánto tiempo va a demandar eso? Vamos a terminar como
en el caso de Uragua ‑seguramente todo el mundo lo recuerda‑:
discutieron, discutieron y discutieron, y se terminaron repartiendo la miseria
de la plata que estaba en juego, que no fue ni más ni menos que millones y
millones de dólares; una empresa se enriqueció nada más que por irse. Entonces,
acá hay que tener cuidado; cuidado con el término rescisión y cuidado con
seguir apretando a la empresa, si la están apretando mal. Además, hay que tener
condiciones para poder llevar adelante una actividad de negociación que es
importantísima.
Yo no sé bajo qué
circunstancia firmó Pérez Piera el contrato del 1° de julio; sí puedo decir que
es raro el momento procesal en que lo firmó y es raro en Pérez Piera haber
firmado ese documento. ¿Se puede decir que ese documento es mucho o es poco? Yo
le puedo decir, señora Presidenta, que leyéndolo me doy cuenta de que ese
contrato del 1° de julio genera derechos a favor de la empresa Camitel por lo
menos hasta el año 2007 cumpliendo con sus obligaciones, y no cumpliendo con
sus obligaciones, más allá del año 2007 y hasta cuando se le ocurra a Carmitel,
porque la única condición que se le pone es el cobro de la compensación. Este
contrato parece eterno. ¿Y ahí nadie tiene responsabilidad? ¿Equivocarse no es
ser responsable en un acto irregular? Y no le echo la culpa al Director
Rosselli, para nada, porque yo no vi la firma de Rosselli en el contrato que
firmó Pérez Piera.
Acá en la Junta
se habla de si hay anuencia o no; ese es un tema administrativo menor. También
es un tema político importante, porque Pérez Piera obvió a la Junta
Departamental como órgano de contralor y como Legislativo que es caja de
resonancia de la población. Ahí sí es grave el tema, y es lo que la Edila Ferro
reafirma cada vez que puede; tiene razón en hacerlo, porque lo que importa es
el cumplimiento de lo político y no de lo esencialmente administrativo. La
anuencia se imponía y se requería por la simple razón de que se modificaban
aspectos sustanciales del contrato, entre ellos, el plazo. Se estableció un
plazo sin término, que le dio prerrogativas a la empresa para que cuando se
plantee la rescisión del contrato haga
valer sus derechos en un Juzgado Civil y nos cobre millones y millones de
dólares por incumplir este contrato. Por ello hay que negociar con Carmitel. Yo
creí que los Directores hoy iban a venir a la Junta Departamental a decir…
(Timbre indicador de tiempo)
VARIOS SEÑORES EDILES.- Que se le prorrogue la hora.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Se va a votar si se prorroga el
tiempo de que dispone el señor Edil César García.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA: 24 en 25.
Puede continuar
el señor Edil César García.
SEÑOR GARCÍA ACOSTA.- …“negociamos con Carmitel. La información
que tenemos es esta, esta y esta; Carmitel puede hacer determinadas cosas”.
Hemos estudiado conscientemente qué posibilidades tienen Carmitel y la
Intendencia por delante; quizá la única es la venta o la negociación privada de
las acciones de Carmitel, con sustituciones de garantías reales, a efectos de
que el Municipio se asegure que quien venga cumpla con lo que tenía
comprometido.
(Ocupa la Presidencia el señor Edil Jorge Meroni)
______Pero resulta que no nos dicen nada. De seis años para acá,
no nos dicen nada. Nunca nos cuentan el tema de fondo; nos vamos enterando de a
poquito. Quizás en este último proceso hemos conseguido cierta cantidad de
información documental que nos ha convencido de que esto es una sarta de
disparates; disparates que parten, reitero, de haberle entregado el Hotel
Carrasco a una empresa que no había dado la fórmula de financiamiento de su
obra y que no otorgó los avales financieros e hipotecarios necesarios como para
poder garantizar ese contrato. Esta sociedad anónima se constituyó en el mismo
momento que licitó.
Yo quisiera saber
qué diría el Frente Amplio de esto si los papeles fueran a la inversa. ¿Cuál
sería el planteo? De lo que menos hablarían sería de corrupción: hablarían de
exceso, de falta de transparencia y de ilicitud, y utilizarían al Tribunal de
Cuentas como el elemento preponderante para decir: “Acá está la legalidad; el
Tribunal lo observó”. Porque, después de todo, el Tribunal para algo está.
Nada de esto
pasa. Hay un silencio bárbaro y fenomenal. El hotel sigue parado y cerrado. Además,
se pierde plata. Ahí deberíamos analizar si hay o no dolo, no si alguien se
metió la plata en el bolsillo, pero sí si hay dolo intelectual para haber
llegado a la conclusión de que este fraude fenomenal que se generó en todo este
período debe tener un responsable y un límite. Alguien tiene que negociar, no
intimar porque faltó una garantía. Parece que el papelito lo presentó en la
oficina de al lado, y ahora nos quedamos todos contentos porque la Intendencia
pudo resarcirse de los U$S 117.000. ¿Qué importan U$S 117.000 frente
a una inversión de más de 6:000.000 de una empresa privada que cuando se lo
transfiera al Municipio para cobrárselo van a valer 25:000.000? Recompongamos
esto; consigamos la información y volquémosla. Yo me la banco por mí mismo,
pero yo sé que acá se negoció con Tsakos, así como sé que se negocia y se está
negociando con la Banca de Quinielas. Quiero saber qué hay sobre esto. ¿Qué
sabe el Director Rosselli sobre el negocio que tienen Tsakos, Carmitel y la
Intendencia y sobre el posible negocio Carmitel ‑ Banca de Quinielas?
Quiero que vengan a hablarnos de eso; discutamos eso acá, como órgano de
contralor, siempre como órgano de contralor. Y si no se adecua a la verdad lo
que estoy diciendo, que se diga: “Se equivocó el Edil García y lo que dice no
es cierto. La Banca de Quinielas no está en el medio de este tema, Tsakos no
está en el medio de este tema, los slots
no le pertenecen a Carmitel”.
Plantean que los slots son el problema de fondo. ¡Qué van a ser el problema de
fondo, si el que tiene los slots es
Carmitel, y Carmitel quiere negociar con Tsakos! ¿Quién es el que en el
Municipio no quiere negociar por este tema? Yo pienso que acá hay una interna
que van a tener que dirimir alguna vez. Si no, van a pasar seis años más y va a
seguir perdiendo el Hotel Carrasco, y de esa pérdida somos todos responsables.
No podemos seguir diciendo que estos millones y millones de dólares que se
pierden no valen nada; no podemos decirlo porque están enriqueciendo a un
empresario privado a quien mes a mes se le renueva el contrato de concesión por
el que tiene la explotación de slots
en un hotel cercano al Hotel Carrasco; alguien, mes a mes y por contrato
directo, está ganando una fortuna en seis años. ¿Nada de esto importa? ¿Lo que
importa es si para el doctor Silva, según el artículo 211 de la Constitución de
la República, alcanza con intervenir en los gastos y en los pagos? No hablemos
de los gastos y los pagos; dejemos eso para Delpiazzo y para todos los que en
la Facultad de Derecho le han enseñado a todo el mundo, incluso a mí, cuál es
la competencia del Tribunal de Cuentas. Discutamos el negocio, porque acá
nuestra inacción le está permitiendo el negocio a otro. Ese es el tema de fondo
que cada uno de nosotros tiene que discutir y laudar en el día de hoy y en los
siguientes, porque si no, entre otras cosas, estamos permitiendo que Carmitel,
con el contrato del 1º de julio, sienta que tiene derechos reales. ¿Cuáles son
esos derechos reales? El plazo que le otorgaron: hasta el 2007 está vigente.
Entonces, ¿qué le están intimando ahora? Lo único que le pueden estar intimando
es que no cumplió con la garantía. ¿Y a qué juez le va a explicar el doctor
Silva que el no cumplimiento de la garantía lesiona los intereses integrales
del contrato como para perderlo y entregar el Hotel sin poner un peso arriba?
Acá va a haber que poner plata. Lamentablemente, la única manera de no poner
plata ‑yo he criticado permanentemente este contrato‑ es permitir
que Carmitel y la Intendencia negocien con otro, lo metan adentro, no hagamos
otra licitación ni hablemos de rescisión de contrato, y le demos una solución
política a este tema. Pero no podemos seguir así, porque la pérdida civil, en
papeles y en juicios que va a generar
esta demanda va a ser muy superior a lo que tendríamos que haber ganado con el
Hotel Carrasco por concesión durante los 30 años de contrato.
Creo que estamos
discutiendo cosas que son inverosímiles. Escucho a los Directores hablar de un
tema muy administrativista, como si a la gente y a la Junta eso les importara.
A mí no me importa. Ya sé que Pérez Piera firmó un contrato que no le
correspondía firmar; ahora, no sé cuánto sabía el Director Rosselli de que el
contrato se iba a firmar de esa manera, ni si analizaron a fondo que esos
plazos estaban otorgando derechos a la empresa privada. Lo que quiero saber hoy
es cuánto podemos apretar a la empresa privada sin que se rompa la cuerda,
porque si eso pasa va a poner un estudio de abogados, va a ganar plata por
presentar papeles, el Hotel Carrasco va a seguir cerrado y el casino perdiendo
plata.
Para concluir,
señor Presidente, pediría que los Directores me evacuaran las siguientes dudas.
Primero, quiero saber el estado edilicio del Hotel Carrasco. Hoy el compañero
Gloodtdofsky, en una conversación informal, me decía que él tenía sus dudas
razonables de que el estado edilicio fuera el mejor. Yo quiero saber hoy cuál
es el estado edilicio.
En segundo lugar, quiero saber, si hay una
negociación con Tsakos, en qué estado está, cuáles son las bases y las
condiciones, y también cuáles son las bases y las condiciones de una posible
negociación con la Banca de Quinielas.
Quiero saber cuál es para el doctor Silva la
incidencia económica y jurídica que puede tener el contrato del 1º de julio
firmado por el doctor Pérez Piera y por el ingeniero Buonomo, y si ese contrato
puede derivar en pérdidas para el Municipio de Montevideo.
Asimismo ‑si el contador Cabrera puede darnos
el dato‑, deseo saber cuál es al día de hoy la inversión de la empresa
Carmitel en este negocio, porque en función de esa inversión va a estar el
riesgo que eventualmente tendremos en el futuro negocio.
Por ahora, nada
más.
Gracias, señor
Presidente.
SEÑOR FERRER.- Pido la palabra para contestar una alusión.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Para contestar una alusión, tiene la
palabra el señor Edil Pablo Ferrer.
SEÑOR FERRER.- Señor Presidente: realmente voy a ser muy breve;
simplemente, quiero dejar una constancia.
En primer lugar,
señalé que había solicitado las Rendiciones de Cuentas correspondientes al
período ’85‑’89, y se me contestó que esas Rendiciones de Cuentas no
estaban.
Por otra parte,
lo que muestra el Edil García Acosta ‑y deja constancia documentada en
actas‑ es un libro ‑no las rendiciones de cuentas‑ de balance
de gestión del Gobierno, si se quiere muy legítimo, elaborado, editado y
publicado entre el 1º de enero y el 15 de febrero de 1990. Sin duda es un
balance de la gestión del período 1985‑1989. Y tan rápidamente pudo hacer
el trabajo la Administración que, además, tenía todos los números hasta el 31
de diciembre para poder plasmarlos antes del 15 de febrero del año 1990.
En tercer lugar,
es tan así que este no es un documento oficial, que no es la rendición de
cuentas que solicité en la Junta y que no se me proporcionó… Aclaro que con
esto no desconfío de las palabras del Edil García Acosta; tampoco quiero
desconfiar de las palabras de los funcionarios que me dijeron que no se
encontraba. Alguien está equivocado; puedo estarlo yo, no lo descarto. Decía
que es tan así que no es un documento oficial que los balances de esa Ejecución
Presupuestal se registran, hasta donde yo sé, en pesos, y las cifras que se
manejan en ese informe están en dólares. Tan así es que esto también ocurre. Y
los dólares entre 1984 y 1989 son incomparables. Si quieren después les hago
los cálculos correspondientes y les digo cómo en términos reales la recaudación
que se dice fue récord en 1989 era menor a la de 1984. Esto lo podemos hacer
después.
Esta era la
constancia que quería dejar, porque había sido aludido.
Muchas gracias.
SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Para una aclaración, tiene la palabra
el señor Gloodtdofsky.
SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Gracias, señor Presidente.
Hubiera deseado
que la discusión mantuviera el ritmo y la dirección con que la había encauzado
muy bien el Edil García Acosta, pero me siento obligado a hacer una aclaración,
porque se ha dicho reiteradamente que han sido solicitadas las rendiciones de
cuentas del período 1985‑1990. Y como quien dejó esta institución en 1989
es quien habla, quiero dejar claro que aquí quedaron todas las rendiciones de
cuentas y todos los documentos. Por cierto que no puedo responder por el día
siguiente, en el que yo ya no estuve aquí porque la Administración ya no
correspondía a mi partido; no puedo responder por ello. Sí puedo responder qué
pasó al 14 de febrero de 1990. Aquí quedaron todos los archivos, todos los
documentos, y en la Intendencia Municipal de Montevideo quedó un superávit para
la siguiente Administración.
Muchas gracias,
señor Presidente.
SEÑOR GARCÍA ACOSTA.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Para una aclaración, tiene la palabra
el señor Edil García Acosta.
SEÑOR GARCÍA ACOSTA.- Gracias, señor Presidente.
Quiero aclarar
que este libro es un documento; un libro es un documento. Es un balance de
gestión.
En segundo lugar, este balance de gestión está
respaldado por las cifras que, como dije anteriormente, están en las rendiciones
de cuentas y en los documentos públicos, que se constituyen con el informe del
Tribunal de Cuentas de la República y con el decreto de la Junta Departamental.
Esto está en el Diario Oficial; no se necesita tener una visión muy profunda
como para darse cuenta de que eso está en el Diario Oficial. Estamos hablando
de documentos públicos. Cualquier investigación…
(Interrupción del Edil Ferrer - Respuesta del orador)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Por favor no dialoguen.
SEÑOR GARCÍA ACOSTA.- Le decía al Edil Ferrer que está el balance,
están las resoluciones y están los dictámenes del Tribunal de Cuentas que acaba
de leer en otro orden el doctor Silva; están todos. Está toda la documentación,
y está esa documentación también en la Junta Departamental. Lo que hay que
hacer es levantar el tubo del teléfono y llamar al lugar adecuado. Conseguir
esto llevó tres minutos.
Gracias,
Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra la señora Edila
Ferro.
SEÑORA FERRO.- Gracias, señor Presidente.
Agregaría además,
que sí, que probablemente esto haya sido hecho ‑no tengo las fechas que
el Edil Ferrer se preocupó por analizar‑ entre noviembre y el 15 de
febrero de 1990, luego de que ya sabíamos que la Intendencia Municipal de
Montevideo a partir de febrero no estaba más a cargo del Partido Colorado. Aquí
figura enero de 1990. Hubiera sido muy fácil no dar esta información. Esto se
hizo después porque teníamos la casa en orden y porque los números se podían
mostrar perfectamente bien. Y porque había superávit. Entonces, creo que hay
alguna distinción. Además, se dejaron importantísimas obras hechas, cosa que no
han hecho las posteriores Administraciones.
Volviendo al
tema, el Director Rosselli hablaba, hace un momento, de la existencia de una
Comisión de Seguimiento, lo que es muy importante. Yo quisiera manifestar que
si eso es lo que hizo para controlar en esos seis años, efectivamente es muy
poca cosa, porque esta Comisión de Seguimiento funcionó hasta el año 2002, y
después nadie controló más nada y, además de no tener en cuenta las
consideraciones de esta Comisión, lo que se hizo fue tratar de llegar a una
modificación del contrato, cosa que nunca se confirmó hasta el año 2005.
Después del 2005 ya no se le exigió ni siquiera que cumpliera con esas modificaciones,
como lo vamos a demostrar dentro de un momento.
Yo quisiera dar
lectura rápidamente a algunas de las conclusiones de esas actas de la Comisión
de Seguimiento. Precisamente, para ello me ayuda un editorial del diario “El
País”, de fecha 24 de noviembre de 2005, que se titula: “Herencias malditas”;
está claro a qué se está refiriendo. Concretamente, en referencia a la obra del
Hotel Casino Carrasco dice: “La obra sigue detenida y la intendencia de Arana
discurrió como si allí no pasara nada a pesar de que en dos ocasiones más se
hicieron nuevas modificaciones dejando otra vez de lado las nuevas
observaciones del Tribunal. En la última de esas modificaciones, a poco tiempo
de que asumieran las nuevas autoridades, lo que fue dejado de lado ya no fueron
las observaciones sino el propio Tribunal. Las actas de la Comisión de
Seguimiento del Contrato de Concesión, referidas en uno de los informes de este
órgano de contralor, son a este respecto de una elocuencia tan incontrastable
como sobria: Acta 3/5/01 anuncia la firma del contrato de Carmitel con la
empresa constructora y se expresa un plazo de 18 meses para el total de la obra
y en diez estaría pronto el Casino. Acta 6/12/01 se establece entre un 10 a un
12% de avance de obras;” ‑que creo que es lo que hay ahora‑ “Acta
27/6/02 la empresa Carmitel informa haber firmado un préstamo con el BID;”.
Firmó un préstamo con el BID, pero seguramente ese préstamo no se destinó a
Carmitel porque, obviamente, en un documento del Tribunal de Cuentas Carmitel
manifiesta haber firmado un préstamo con el BID para volcarlo a la obra. Por
ello, me gustaría saber si esto se controló, si la plata esa del préstamo con
el BID se volcó a la obra del Hotel Casino Carrasco.
Continúo leyendo:
“Acta 11/7/02 un representante de Carmitel S.A. informa que los avances de las
obras siguen dentro de lo previsto; se anuncia Acta 15/8/02 en virtud de la
renegociación de los contratos de obra la detención momentánea de la obra. Acta
19/9/02 Carmitel informa que la obra sigue parada continuándose las
negociaciones. Acta 10/10/02 la Comisión toma conocimiento por fax de la
suspensión provisoria de las obras. Finalmente Acta del 6/8/03 la Comisión
expresa su inquietud respecto al estado general de las instalaciones del
edificio, señala que la obra está detenida desde setiembre del 2002 mostrando
una imagen de abandono que es necesario que la empresa Carmitel constituya
domicilio contractual” ‑es necesario, en 06.08.03, que la empresa
Carmitel constituya domicilio contractual‑ “y que deberá constituir o
renovar la garantía de fiel cumplimiento”.
Por eso digo que
lo que trabajó la Comisión de Seguimiento ‑que seguramente trabajó‑
no se ve referenciado en las acciones tomadas por la Administración en relación
a esas resoluciones o a esos informes de la Comisión de Seguimiento.
Además, creo que
sería importante no olvidarse de pedir que todas las actas de esta sesión de
hoy, de esta Comisión General, pasaran al Tribunal de Cuentas de la República a
los efectos de que supiera, de que tomara conocimiento de por qué razón la
Intendencia de Montevideo lo ha ignorado en lo que fue el contrato del 1° de
julio; ni siquiera le mandó los contratos para que los conociera y trabajara o
laudara sobre su legalidad. Además, la Intendencia de Montevideo informa el 1º
que iba a firmar el 31 y estaba firmando, y el Tribunal de Cuentas desconocía
eso; seguramente el Tribunal debe de estar esperando todavía que la Intendencia
le envíe la respuesta a ese dictamen del 10 de agosto de 2005, posterior a la
firma del contrato modificativo el 1° de julio.
Creo que las
conductas no son para debatir. Simplemente lo que pretendemos es mostrar que ha
habido, repito, omisión, desidia, desinterés por la concesión que se le ha dado
a la empresa Carmitel, no en un mes, en un año o dos, sino en seis años, y no
se ha controlado lo suficiente.
No vamos a hablar
de otros aspectos de la gestión del Director Rosselli porque no corresponde
hacerlo hoy; seguramente, mañana tendremos la oportunidad de analizarlos más a
fondo.
Con respecto a lo
que planteaba el Edil César García Acosta, a mí también me gustaría saber si
hay otro interesado; puede ser la Banca de Quinielas, puede ser algún otro
grupo inversor. Porque estamos bastante cansados de que nos jueguen a nosotros,
Ediles, al jueguito de la mosqueta: te mostramos que hay una cartita, pero no
te la mostramos; no te decimos lo que dice; te la volvemos a esconder; volvemos
para el otro lado; te mostramos que puede haber algún negocio con Tsakos, pero
te decimos que no se culminó; después te decimos que podemos suspender o
rescindir la concesión, pero no sabemos si el contrato del 1º de julio está
vigente o no. Creo que tienen un lío fenomenal, un lío tan grande que ni
siquiera saben cómo van a salir de él.
Esto que estamos haciendo hoy es cumplir con algo
que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Hoy, realmente ‑coincido con
el Edil García Acosta‑, poco importa esto en relación a la vigencia, a la
urgencia y al peso que tienen las negociaciones que en este momento se están
llevando a full en la Intendencia
Municipal de Montevideo. Porque no las está llevando adelante sólo Carmitel con
otras empresas, sino también la Intendencia, ya con desesperación porque
entiende que por ese contrato firmado el 1º de julio va a tener que poner
la plata arriba de la mesa, y que si no se hubiera firmado ese contrato las
obligaciones que hoy la empresa le puede reclamar no se las reclamaría.
Coincido con que
Pérez Piera ha sido un desastre al firmar esto; pero Rosselli también lo sabía
y hoy tengo sentado al Director Rosselli; Pérez Piera ya está en la Junta
Anticorrupción, laudando en un tema que seguramente tendrá que conocer porque
de lo contrario no debería estar ahí.
Yo también digo
que Pérez Piera fue un Intendente al que le gustaba actuar. ¡Vaya si le habrá
gustado actuar! A mí me parece que como Intendente, como Ejecutivo, le gustaba
resolver y decidir. Tengo aquí una resolución firmada por el Intendente Pérez
Piera el 5 de mayo de 2005. Voy a leer la parte resolutiva, que dice: “Designar,
por las razones expuestas,” ‑de mejor servicio, generalmente, y por el
mérito de las funcionarias que voy a nombrar‑ “en las funciones de
Coordinador de los Equipos Técnicos Gestiones Administrativas Fiscales y
Gestiones Judiciales, a las funcionarias Dras. Nancy Elisa Moreira (…) y María
Josefa Civelli (…) respectivamente (…)”; o sea, la esposa del doctor Pérez
Piera, a quien el propio doctor Pérez Piera, siendo Intendente, el 5 de mayo ‑o
sea, poco antes de irse‑, la designa en este cargo de coordinadora. Y si
bien acá no dice que se le aumente la remuneración, yo debo informar a mis
compañeros Ediles que efectivamente pasó a desarrollar seis horas de labor y,
por lo tanto, su remuneración por este cargo es más importante que la que
estaba teniendo en ese momento con las cuatro horas de los profesionales. Por
eso digo que sabemos que esta no es sólo una resolución firmada por el doctor
Pérez Piera. Alguien que dio origen nada menos que a ese código de ética y que
insiste y persiste en que debe haber concurso y sorteo en la Administración ‑tengo
por acá muchos papeles, que con gusto pongo a disposición de los compañeros‑
también firmó un contrato para un cuidador de autos ‑ahora es portero en
la Intendencia Municipal de Montevideo‑ que atendía determinados coches,
entre ellos el de la señora esposa del doctor Pérez Piera.
(Timbre indicador de tiempo)
VARIOS SEÑORES EDILES.- Que se le prorrogue la hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Se va a votar si se prorroga el tiempo
de que dispone la señora Edila Ferro.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA: 20 en 21.
Puede continuar
la señora Edila Ferro.
SEÑORA FERRO.- Me parece que el doctor Pérez Piera sin duda estaba
ejerciendo sus funciones como Intendente.
Por denunciar
estas cosas, tal vez, en algún medio de prensa ‑oral, escrito, televisivo‑
me vuelva a tratar de canalla como me ha tratado. Pero poca vida tienen estas
expresiones y, seguramente, cuando las cosas vayan avanzando y los intereses se
vayan mostrando sobre la mesa, las canalladas van a quedar puestas de
manifiesto.
Voy a ir ahora al
contrato original del 9 de febrero de 2006, porque me interesa hacer algunas
preguntas en relación a lo dispuesto por este contrato, sobre aspectos que no
modifica el contrato del 1º de julio. Acá habrá que ponerse de acuerdo. ¿Cuál
vale? ¿El del 9 de agosto o el del 1º de julio? ¿Qué es lo que vamos a
rescindir cuando hagamos la rescisión a la empresa Carmitel? ¿El del 1º de
julio? No podemos olvidar que el contrato de cesión de uso y fianza ‑si
es que está bien dicho, porque ya no preciso con claridad el nombre-, según
establece su propia letra, cae si se rescinde el contrato anterior. Creo que en
los hechos va a caer, y nos quedaremos simplemente con la modificación de la
pesificación y algunas otras cosas que dispone la modificación contractual en
sí.
Pero sobre el
contrato del 9 de febrero de 2000 ‑y no tengo dudas de que, al no haber
sido recurrido por la Administración, está vigente-, como decía el señor Edil
García Acosta, me gustaría saber cuánto invirtió Carmitel en el Hotel Carrasco.
Porque acá dice que se obligaba a una inversión mínima de U$S 19:960.000 a
lo largo del tiempo que durara la ejecución de las obras. ¿Qué hizo? ¿Cuánto
invirtió? ¿Pusieron algo o fue sólo con los papeles que Carmitel y toda su
gente pudo mantener esa concesión tantos años?
Los señores
Directores hacían referencia a las sanciones que se le aplicaron a Carmitel. No
sé si dicha empresa efectivamente respondió a cada una de esas sanciones y
cumplió con lo intimado en las resoluciones del Intendente donde se le marcaban
las irregularidades que estaba cometiendo. Quisiera saber cuántas intimaciones
fueron, si efectivamente cumplió con todas las multas, cuántas multas recibió y
por qué monto.
La séptima
cláusula del contrato dice: “SÉPTIMO
(Fianza).- Los Directores de Carmitel S.A, señores Mario Jorge Garbarino
Barbato, Juan Carlos Garramón Pieri y Roberto Guillermo Siegfried Turri, se
constituyen personalmente en fiadores solidarios e indivisibles, por todas y
cada una de las obligaciones que asuma la Concesionaria en virtud de este
contrato. En caso de que se produzca la desvinculación de alguno de ellos de la
sociedad, podrá ser relevado de su responsabilidad futura siempre que se
ofrezca una garantía sustitutiva y suficiente a juicio de la IMM. Si
transcurridos 45 días desde la presentación la IMM no se pronunciara
expresamente, se entenderá que consiente la sustitución”.
Quisiera saber si
hubo algún cambio en estas garantías personales y, en ese caso, si fue
solicitado el cambio y también aceptado por la Intendencia Municipal de
Montevideo, ya que debemos destacar que el contrato modificativo fue firmado
por alguna de las personas aquí nombradas y por otras que pueden formar parte
de la sociedad pero que no estaban nombradas en este artículo.
Estimo que no
debe ser el caso que estamos tratando en este momento ‑o que está
tratando la Intendencia; no lo puedo saber porque desconozco en qué negocio
está la Comuna en relación a esto‑, pero el artículo 8º dice: “I) La
sociedad adjudicataria no podrá transformarse en otro tipo de sociedad, ni
fusionarse, ni ser absorbida por otra, sin previa autorización de la IMM. Si
transcurridos 60 días desde la presentación de la solicitud de autorización, la
IMM no se pronunciara expresamente, se entenderá que consiente la
transformación, fusión o absorción”.
Como desconocemos
la carta de Tsakos y sabemos que fue presentada a mediados de enero, no sea
cosa que transcurran los 60 días y nos digan “Muchachos: la carta era ésta,
proponía tal cosa y ahora, como pasaron los 60 días, automáticamente por esta
cláusula está aceptado”. Simplemente quiero esa información. Nos gustaría que
nos dejaran una copia de la carta para saber lo que sabe la bancada
oficialista, y poder ejercer el contralor que no podemos ejercer por no tener
información y porque se nos oculta información desde la IMM.
¿En qué estado se
encuentra el inventario? ¿Realmente existe? Creo que sería oportuno que la
Junta Departamental tuviera una copia de ese inventario, que en este mismo
artículo 8º se establece que debe realizarse cuando Carmitel recibe bienes
muebles que están dentro del edificio.
Luego, señor
Presidente, en relación a este mismo contrato, quisiera preguntar si la
concesionaria efectivamente se ha hecho cargo del pago de los servicios que por
este mismo artículo 8º, en sus puntos VI y VII, se le adjudican. También saber
cuáles son las campañas de difusión y publicidad de los servicios del hotel y
de funcionamiento del casino municipal existente en el edificio. “La difusión y
la promoción referidos se orientarán a procurar el incremento de la afluencia
de público al Casino Municipal…”; cuántas y cuáles fueron las campañas que hizo
esta empresa.
Obviando otras
preguntas que a esta altura ya no tiene mucho sentido formular en el marco de
la indefinición que hay sobre si sigue o no Carmitel, quisiera conocer cómo ha
funcionado el artículo 9º, Obligaciones de la Concedente, que dice: “4) Durante
el período transitorio entre la toma de posesión del edificio del Hotel y hasta
la entrega a la IMM de la salas refaccionadas del Casino Municipal, la IMM
pagará a la Concesionaria por concepto de suministro de servicios públicos la
suma trimestral de $ 325.000 (pesos uruguayos trescientos veinticinco mil)
más IVA, debidamente prorrateada para períodos inferiores a un trimestre, y
bajo iguales condiciones establecidas en el inciso 1) que antecede”.
Señor Presidente, más allá de otras preguntas que
puedo dejar por lo escaso del tiempo, no quisiera terminar sin referirme al
tema de los slots. Aquí tengo la
resolución Nº 1008/02, de Desarrollo Económico e Integración Regional, del
15 de marzo de 2002, precisamente posterior a una del 22 de febrero de 2002,
del Departamento Jurídico, en la cual la firma Carmitel acepta el desistimiento
de la petición formulada por esa firma con fecha 11 de setiembre de 2001. Esa
petición tenía que ver con el contrato de arrendamiento suscrito por la
Intendencia Municipal de Montevideo el día 28 de diciembre de 2001, para la
instalación transitoria de una sala de casino y juego en el Salón Makao del
Complejo Oceanía. Carmitel desiste de su petición en relación a este contrato
que, según decía la concesionaria, le perjudicaba, por lo que había solicitado
a la Intendencia que se abstuviera de dictar actos o realizar operaciones
jurídicas tendientes al traslado del casino municipal del Hotel Carrasco hasta
tanto se resolviera la impugnación presentada ante el Poder Ejecutivo. La firma
Carmitel desiste de esta petición, y el 15 de marzo de 2002 Desarrollo
Económico e Integración Regional presta aprobación al texto de contrato a
suscribirse con la empresa Carmitel por arrendamiento de máquinas slots para la sala de juego del Casino
Carrasco, en el cual Carmitel dice tener máquinas y propone participar como
arrendador de los productos referidos ‑las máquinas slots‑, dado que se encuentra en condiciones de participar
tanto operativa como financieramente. Como este contrato tiene una renovación
automática, queremos saber si se mantiene vigente, si se ha seguido renovando
automáticamente y, en ese caso, cuándo vence la última renovación. También
queremos saber si efectivamente este tema de los slots está de alguna forma vinculado ‑y si lo está, de qué
manera‑ a las negociaciones que se están llevando adelante para una
probable cesión de derechos de la firma Carmitel a alguna otra de las firmas ‑parece
que Tsakos ya no‑ de plaza que están interesadas. ¿Por qué formulamos
esta pregunta, señor Presidente? Porque es vital para conocer cuál es la
posición de la Intendencia Municipal, cuál va a ser la posición de aquí en más
ante una cesión de derechos o ante una eventual rescisión del contrato.
(Timbre indicador de tiempo)
______Termino, señor Presidente. Y queremos saber, además, si
efectivamente existe interés de manejar de manera transparente y políticamente
controlada este proceso de transición de una cesión que puede ser muy larga,
mientras se espera que aparezca el salvador; o que puede ser muy rápida, si
realmente hay interés en rescindir el contrato.
Gracias,
Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Le damos la palabra al señor Edil
Ripoll.
SEÑOR RIPOLL.- Gracias, señor Presidente.
En primer lugar,
queremos dar la bienvenida a las autoridades que han concurrido a esta Comisión
General.
En segundo
término, vamos a hacer referencia a algunas expresiones que se vertieron en
este ámbito, porque gracias a Dios en esta Junta Departamental existen las
actas como medio de prueba. Por ejemplo, en las actas de 15 de julio de 1999,
sesión en la cual se votó esta concesión de Carmitel en esta Junta, algunos ya
dejaban asentada su preocupación en cuanto a este negocio, y avizoraban que iba
a ser muy malo y perjudicial para todos los montevideanos y para la Intendencia
Municipal de Montevideo. Lamentablemente, fue así.
En aquella
oportunidad, el Edil José Alem decía: “Ahora, sí vemos una incoherencia en la
Intendencia. La Intendencia y los defensores de esta privatización dicen que el
hotel perdía y el casino ganaba. Entonces, para la Intendencia hay que medir
por un lado el casino y por otro el hotel, pero para el privado no hay
privatización sin intervención en las ganancias del casino. Esto es una
incoherencia, porque si para que la inversión del privado sea rentable tiene
que haber una participación en las ganancias de casino ‑directa o
indirectamente‑, pero no es así para la Intendencia, entonces estamos
midiendo distinto. Decimos que el hotel perdía, pero si medimos la gestión de
hotel y casino, de todo ese inmueble municipal, no se perdía dinero;
simplemente no se reinvirtió por conveniencia; es decir, es un tema de
conveniencia y de administración”.
“Sí, creemos que
ha habido un mal funcionamiento del casino; el índice de ganancia debe ser
superado, y en esto me remito a las críticas y las propuestas que han
presentado los funcionarios cada vez que han venido a la Comisión de
Legislación y Apelaciones.
“Una de las
críticas principales a esto es que la empresa privada no asume riesgo alguno.
(…) Acá la empresa privada gana siempre, y es así porque la Intendencia hace
rentable esa inversión. ¿Qué recibe la Intendencia de todo esto? Recibe
U$S 120.000 que se van a reajustar de una forma muy particular; (…) A
cambio de esos U$S 120.000, la Intendencia va a pagar, año a año,
U$S 850.000 más IVA, y aunque el IVA va a Rentas Generales, es dinero que
no va a tener la Intendencia. (…) Así se llega a los U$S 1:075.000 de que
hablaba el edil Sejas. Entonces, la Intendencia ya está pagando, sólo con esos
U$S 850.000 más IVA, mucho más de los U$S 120.000 ‑que se
reajustarán según disponga el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica‑
por la concesión de este inmueble. Y esos U$S 850.000 van a poder aumentar
según la cantidad de fichas vendidas. En eso ni siquiera tiene riesgo la
empresa; ni siquiera son las ganancias: es lo que se venda. Alguien hablaba de
que comprar fichas sería una estafa, pero yo no veo ningún impedimento para que
tomen a cualquier persona y le hagan comprar fichas día a día, fichas que no se
jueguen.” Todos estas son cosas que después supuestamente fueron pasando.
Y continúa
diciendo el Edil Alem: “Tampoco hay riesgo para el inversor privado. Y esos
U$S 850.000 pueden duplicarse o triplicarse. Ese es un riesgo que quien lo
asume no es el privado, sino el público; es la Intendencia Municipal de
Montevideo, que da en concesión un establecimiento suyo. (…)
“Además, se le va
a pagar a esta empresa $ 650.000 reajustables trimestralmente por concepto
de agua, luz, gas y todo lo demás. ¡Qué sencillo hubiera sido poner un contador
propio de UTE y de OSE y pagar efectivamente lo que se consume!”
Y seguía el Edil
Alem en esa oportunidad: “Propusimos también, a solicitud del edil Manzor en
aquella oportunidad, reducir el plazo de la concesión a 20 años. En ese plazo y
con estos números, también hubieran recuperado la inversión y también hubieran
ganado. Lamentablemente se nos dijo que no”.
Y continuaba:
“Entonces, sin ser opositores a todo tipo de privatización ‑hemos dado
aquí prueba de ello‑, sí nos vamos a oponer nuevamente a ésta, porque no
vemos el beneficio que van a recibir los montevideanos por entregar esto a
manos privadas. Y seguimos entendiendo ‑como dijimos en aquella
oportunidad, aun cuando con mi propio partido no se implementó‑ que el
juego tiene que estar en manos del Estado. Si nos van a decir en el futuro que
está el Conrad y otros, lo acepto; estoy dando mi opinión. El juego tiene que
estar en manos del Estado, y lo digo aquí y donde haga falta”.
En esa
oportunidad, el Edil Linzo dijo lo siguiente: “Le agradezco al Edil Alem,
porque así podré mencionar algunas cosas que me faltaron hoy.
“En primer lugar, con esta concesión se aumentan el
área del casino y la cantidad de habitaciones del hotel.
“En segundo término, me quiero referir al ejemplo
que ponía el edil Zabalza, de alguien que con U$S 20.000 buscara llegar a
la cifra a los efectos de que la Intendencia le diera U$S 500.000 más por
año de canon. Tengan en cuenta que la venta del año pasado, estando mal el
casino, fue de U$S 20:000.000. De manera que si poniendo U$S 20.000
se llega a la cifra que él decía, estamos diciendo que, por sí mismo, habría
aumentado sus ventas en U$S 19:980.000.
“Supongamos que alguien compra U$S 20.000
todos los días, eso da U$S 7:200.000 por año, lo que no es ningún
misterio”.
Así llegamos a la parte en que, evidentemente, el
Edil José Alem votó en forma negativa esta concesión. Otro que votó en forma
negativa fue el Edil Zabalza, en esta oportunidad. Este último decía: “Si en
algo hay consenso al parecer, y juzgando por varias intervenciones aparecidas
en la prensa, es en que este es un mal negocio, peor aún que el anterior con
Véltica ‑que ya de por sí, a nuestro entender, era malo‑, y también
en que si hubiera una tercera licitación, el negocio sería todavía peor (...).
“Uno se pregunta por qué se está obligado a aceptar
un mal negocio. ¿Qué es lo que impide decir que no a una oferta de una empresa
privada? ¿Es la única opción el capital privado, es la única forma de recuperar
el edificio decadente del Hotel Casino Carrasco? El debate sobre la concesión
del Carrasco excede la cuestión de un mero hotel, del remodelamiento y
restauración de un edificio histórico ‑en realidad, nadie está
discutiendo la finalidad arquitectónica ni urbanística del proyecto‑,
porque la controversia se centra en si únicamente una empresa privada es capaz
de restaurar el edificio y el destino del mismo una vez restaurado”.
Estas apreciaciones eran vertidas el 15 de julio de
1999, cuando se aprobaba esta concesión por este mismo órgano legislativo.
Es cierto que nosotros somos responsables de las
determinaciones y de las resoluciones que tomamos en esta Junta Departamental;
es bueno recordar a la gente que, por lo menos, fue visionaria en ese momento.
Voy a leer el contrato original, del 8 de febrero
de 2000.
La cláusula 14ª habla del incumplimiento de la
concesionaria, y dice: “En caso de incumplimiento grave a cualquiera de las
obligaciones de la Concesionaria según este contrato, la IMM podrá rescindirlo,
pudiendo en tal caso incautarse total o parcialmente de la garantía prevista en
la cláusula Sexta en concepto de cláusula penal, con independencia de los daños
y perjuicios a que hubiere lugar. Se considerará que la Concesionaria ha
incurrido en incumplimiento grave, que amerite la rescisión del contrato,
cuando notificada por escrito de la imputación de incumplimiento, dentro de los
noventa días siguientes no rectificara el mismo, salvo, cuando la conducta
verificada, implique una acción u omisión no susceptible de rectificación”.
Por suerte, el 6 de diciembre se encontró algo para
hacer una primera intervención en este sentido. El numeral II) de la cláusula
14ª dice: “Podrá no operar la rescisión, mediante la cesión del contrato, con
previa autorización de la IMM, a quien garantice su fiel cumplimiento y
compense la omisión constatada. A estos efectos, la IMM tomará especialmente en
cuenta para la culminación total del plazo de la concesión, al Operador como
cesionario de los derechos y obligaciones de la Concesionaria, siempre y cuando
el incumplimiento invocado no fuere responsabilidad de aquélla”.
Lamentablemente, pese a quien le pese, creo que no
se puede dar esta cesión porque hay un incumplimiento evidente de la empresa
Carmitel.
En su numeral III) dice: “Todo incumplimiento de la
Concesionaria será notificado por la IMM a ésta y simultáneamente al Operador
si lo hubiera”. Acá, de acuerdo con lo que hoy expresaran ‑la Edila Ferro
habló sobre el tema‑, había una Comisión de avance de obra. De acuerdo
con estos tres numerales, yo quiero saber si en todo este plazo de la
concesión…
(Timbre indicador de tiempo)
VARIOS SEÑORES EDILES.- Que se le prorrogue la hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Se va a votar si se prorroga el tiempo
de que dispone el señor Edil Fernando Ripoll.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA: 22 en 23.
Adelante, señor
Edil Ripoll.
SEÑOR RIPOLL.- Señor Presidente: decía que yo tengo una gran
preocupación por los controles de la Intendencia; los mismos fueron nefastos.
Acá no hubo control ninguno del Departamento de Desarrollo Económico, que tenía
la responsabilidad de controlar; o de esta Comisión de Seguimiento, que
supuestamente se conformó. Asimismo, quisiéramos ver bien esos informes, porque
no los tenemos, no pudimos tener acceso a ellos. Quisiéramos saber cuántos
informes hay sobre los avances de obra. No sé cuántos fueron. No voy a decir
que fueron inexistentes, pero, realmente, no se hizo un buen trabajo. Es como
darle la casa a un amigo y decirle: “En dos años constrúyame la casa”, y uno va
al año y ocho meses y tiene construido solamente el piso; es muy difícil que la
vaya a terminar en el plazo indicado. Creo que los avances de obra están
previstos por un tiempo determinado. Y los controles fueron lamentables; es
algo que tengo que decir.
Si vamos a la cláusula 18ª, yo digo que,
evidentemente, acá tenemos un problema. La misma habla de la garantía de este
contrato original. Me voy a permitir leerla, porque me gusta que las cosas
queden en actas, porque lo que se dice después se tiene que hacer valer. Y acá
hay compromisos no sólo técnicos, sino también políticos, y hay que hacerlos
valer en el futuro, porque, de lo contrario, dentro de siete años vamos a estar
discutiendo si la obra del Hotel Casino Carrasco está o no terminada, y ahí,
realmente, va a ser un desastre; quizá nosotros ni estemos acá. La cláusula 18ª
dice: “La IMM acepta que las obligaciones por ella asumidas en este contrato
sean garantizadas por terceros, siendo de cargo de la Concesionaria los costos
que puedan derivarse de los mecanismos asegurativos que se establezcan”.
La cláusula 21ª trata de la cesión. Acá están
comprobadas y determinadas todas las formas en las cuales se pueden hacer estas
cesiones. Y dice: “La Concesionaria no podrá ceder este contrato sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito de la IMM. No obstante, las partes
acuerdan desde ya que dicho consentimiento no será necesario para la
transferencia de acciones de Carmitel S.A. o negocios de garantía celebrados
por las mismas. La Concesionaria podrá ceder total o parcialmente los créditos
emergentes de las obligaciones de pago de la IMM de acuerdo a la normativa
municipal en la materia”. Evidentemente, no se están poniendo de acuerdo las
partes en todo este tema que se ha avizorado por parte de Tsakos; parece que
ahora hay otros inversores privados en la vuelta. Lo que seguimos teniendo, por
lo que se desprende de las palabras del Director de Desarrollo Económico y de
sus asesores, es una suerte de tembladeral, porque hoy, 9 de marzo, vence el
plazo, y seguimos sin saber si va a haber una cesión o un nuevo llamado a
licitación. Nosotros, después de todo este tiempo que ha pasado en este pésimo
negocio que se ha realizado, recomendamos esto último. Creemos que es, en
definitiva, lo que se debe terminar haciendo: una nueva licitación.
Hoy se habló de Fitch Uruguay. Yo quiero hacer una
precisión sobre esta empresa. Siempre que hemos escuchado ‑y lamento que
lo tenga que nombrar‑ al contador Cabrera, o a la misma Intendencia
Municipal de Montevideo, apreciamos que desde hace mucho tiempo la única
calificadora que tienen, a la que le dan muy bien las cuentas ‑porque la
verdad es que le dan muy bien‑, es Fitch Uruguay. No hay otra calificadora.
Lamentablemente, a veces las cuentas de Fitch Uruguay no coinciden con lo que
luego es la realidad; la empresa hace futurología y dice que las cuentas van a
dar bien, y después termina siendo todo un desastre, como en este caso. Yo
pediría que no fuera la única calificadora de la Intendencia Municipal…
(Interrupción de la señora Edila Susana Pereyra ‑ Respuesta
del orador)
______Hoy se habló de que en el año 2002 el Uruguay quebró; yo
estoy de acuerdo. Ahora, en 2006, quebró COFAC; también estamos de acuerdo.
Pero no quebró el Uruguay, no fue un drama tan grande. Estamos hablando de una
institución financiera que quebró dentro de un gobierno progresista. Y no hay
ningún problema…
(Murmullos en Sala)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR RIPOLL.- El tema no es que haya o no haya tantas garantías.
Yo quiero que la Intendencia Municipal de Montevideo dé una salida razonable,
acordada con todas las partes, que nos convenza. Y vamos a pedir que, por
favor, esa cesión pase por esta Junta Departamental, a no ser que entiendan que
ni siquiera tiene que pasar por aquí, como el contrato de Pérez Piera. Nosotros
entendemos que tenemos que seguir ejerciendo las funciones de contralor.
Reitero: quisiéramos que esa cesión ‑si ustedes lo entienden conveniente‑
pasara por la Junta Departamental; les estaremos agradecidos.
Yo digo que este ha sido un desastroso negocio de
esta Intendencia, con muy malos controles. Lamentablemente, esta concesión debe
caer, y por tedioso que sea, debe haber un nuevo llamado a licitación.
Muchas gracias,
señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Gracias a usted, señor Edil.
Tiene la palabra
el señor Edil Eduardo Pereyra.
SEÑOR E. PEREYRA.- Gracias.
Antes que nada,
deseo saludar a los Directores aquí presentes.
Hay una cuestión
que, si bien es notoria, es importante que sea remarcada por parte de Ediles de la bancada de gobierno:
el Frente Amplio, partido al que representamos, gobierna desde el año 1990 y,
por lo tanto, asume la responsabilidad de la gestión desde esa fecha en
adelante. Nosotros asumimos ‑como lo hemos hecho públicamente‑ las
enormes bondades que ha tenido para el departamento de Montevideo, para sus
ciudadanos y, fundamentalmente, para los sectores más pobres, la actuación del
Gobierno Departamental y de sus Intendentes del ’90 para acá. Y asumimos
también ‑porque corresponde hacerlo‑ nuestra responsabilidad en los
errores que podamos haber cometido, porque infalibles no somos. Yo no conozco
infalibles, y mucho menos en Uruguay. Si acá viniera un europeo o alguien que
no conociera la historia del Uruguay, diría: “¡Qué administradores, qué
transparentes, qué negociantes, qué gente infalible, que por momentos dejó al
Uruguay con un 18% de desocupación! Solamente por citar algunos ejemplos,
estamos hablando de la Auditoría Interna de la Nación cuestionada por la ANEP,
estamos hablando de U$S 150:000.000 de pérdida de ANCAP…
(Interrupciones de varios señores Ediles)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- ¡Por favor, señor Edil Pereyra!
SEÑOR E. PEREYRA.- Estamos hablando del procesamiento de Cambón…
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- ¡Por favor, Edil Pereyra!
(Dialogados)
SEÑOR E. PEREYRA.- Podemos hablar de infinidad de temas…
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Señor Edil Pereyra: por favor, le voy
a solicitar que se refiera al tema que nos convoca.
SEÑOR E. PEREYRA.- Señor Presidente: yo le pido la misma
vehemencia…
(Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- ¡Por favor, Edil Pereyra!
Desde la Mesa vamos a solicitar un cuarto
intermedio de diez minutos.
Si no hay observaciones se va a votar.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA: 23 en 24.
Pasamos a cuarto intermedio por diez
minutos.
(Es la hora 20:10)
SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Meroni).- Habiendo número en Sala, se
levanta el cuarto intermedio.
(Es la hora 20:25)
______Continua en el uso de la palabra el señor Edil Eduardo
Pereyra.
SEÑOR E. PEREYRA.- Simplemente quisiera agregar ‑porque se
han mencionado hoy y en otras oportunidades también‑ ejemplos vinculados
a la actuación de los casinos. En mi poder tengo un artículo del semanario
“Brecha”, de octubre de 2002, que dice lo siguiente: “Dirección General de
Casinos del Estado. El diablo juega a los dados. La gestión de la Dirección General
de Casinos del Estado está lejos de ser tan cristalina como pretenden
presentarla sus jerarcas. Persecuciones administrativas, favoritismos políticos
y millonarias pérdidas por caprichos personales son algunas de las facetas que
su actual conducción oculta cotidiana y obsecuentemente”. Se puede encontrar un
artículo muy vasto que habla de lo que era en ese momento la Dirección General
de Casinos, tema que está lejos del que se planteó en la convocatoria a los
Directores.
(Murmullos)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR E. PEREYRA.- También quiero resaltar la voluntad del
Intendente manifestada acá con respecto a transformar la situación de los
casinos municipales y a transformar la situación del Hotel Casino Carrasco, a
los efectos de resolver el tema de las obras rápidamente o a la mayor brevedad
posible. Esta situación concreta es una prioridad por sí misma, pero también
por lo que significa la situación del Casino Carrasco en el equilibrio de los casinos en general.
Terminar la obra a la brevedad posible es una prioridad, y hacerlo reconociendo
el papel que la Junta Departamental de Montevideo juega. Ha habido una clara
señal política de reconocimiento del papel que tiene la Junta Departamental de
Montevideo e indudablemente cualquier tipo de modificación que tenga que ver
con la situación de este casino va a pasar por la Junta Departamental de
Montevideo. Creemos que es justo reconocer que ésta ha sido una de las áreas en
las que hemos tenido dificultades. Reconocemos que aquí hemos tenido
dificultades y que queremos resolverlas en beneficio de la población y de la
situación general de los casinos. Y repito: queremos resolverlo con la Junta
Departamental de Montevideo, porque consideramos que es un hecho justo e
importante.
Quiero mencionar
dos cosas más, porque me parece que tienen que ver con el tema y ya lo he dicho
en otras oportunidades. Yo creo que todos conocemos ‑y obviamente estamos
hablando de un tema puntual‑ las decenas y decenas de negocios que de
2002 para acá no han podido levantarse; y esto tiene que ver. No se puede
desconocer que hubo una situación económica y social muy grave en el Uruguay.
Además en el país hubo un importante cambio en las reglas de juego con la
aparición de nuevas modalidades de juego y con la aparición de nuevos
competidores, como Hípica Rioplantense. Estas cuestiones nos han afectado, por
lo cual no nos ha ido todo lo bien que hubiéramos querido.
Por último, queremos decir que tanto la bancada del
Frente Amplio como el Ejecutivo son y se hacen absolutamente responsables de
esta situación. No tendríamos que resaltar algo que va de suyo, pero de todas
formas vamos a decir expresamente que respaldamos total y absolutamente a los
Directores aquí presentes.
Me solicita una
interrupción la señora Edila Ferro, y se la concedo.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede interrumpir la señora Edila
Ferro.
SEÑORA FERRO.- Gracias, señor Presidente.
Valoro los dichos
del Edil Pereyra que reconoce a la Junta Departamental de Montevideo. Es más:
sus dichos también fueron dichos ‑valga la redundancia‑ por el
Intendente Municipal.
Lo que quiero
hacerle saber es nuestra desazón cuando escuchamos estas afirmaciones porque,
como decía recién, no sentimos que nos traten como a la bancada oficialista,
porque no nos llega la misma información. Este es un hecho objetivo: nosotros
desconocemos las cosas que conoce la bancada oficialista, que no son internas,
sino que son de contralor de la Junta.
Yo no puedo ignorar que, efectivamente, hay temas
que se tratan internamente, que son temas políticos, político‑partidarios,
y está bien que así sea; este es un organismo político. Pero, por ejemplo, el
contenido de la carta presentada por Tsakos y la evolución a nivel del
Departamento Jurídico de la consideración de esa carta, me parece que habría
sido fundamental que nosotros los conociéramos. Al día de hoy no sabemos qué
opinó el Departamento Jurídico sobre la carta presentada por Tsakos, ni sabemos
oficialmente cuáles son los puntos que había solicitado esa empresa para llegar
a un acuerdo con Carmitel.
Voy a reiterar
una vez más que sí, efectivamente, en 2002 hubo una crisis importante, pero
esta misma empresa, este mismo grupo de gente, en el mismo Uruguay, en el mismo
Montevideo, y también fuera de Uruguay, en la región, llevó adelante y culminó
emprendimientos que requerían de una importantísima inversión, y para eso sí
tuvo el dinero; no lo tuvo para el Hotel Carrasco.
Eran estas las
precisiones que quería hacer.
Gracias, señor
Presidente; gracias, señor Edil.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede continuar en uso de la palabra
el Edil Eduardo Pereyra.
SEÑOR E. PEREYRA.- En alguna oportunidad nosotros hemos sido
convocado por el Intendente a recibir información acerca de la situación de los
casinos, y más concretamente, sobre la situación que estaba planteada con el
Hotel Casino Carrasco, las acciones que se iban a emprender desde el punto de
vista de las multas, etcétera.
(Timbre indicador de tiempo)
______Y en el mismo momento en que nos retirábamos, ingresaban
Ediles, en algunas oportunidades del Partido Nacional, en otras, del Partido
Colorado, para darles la información que se tenía. Por lo tanto, para nosotros
la información que poseemos es la misma que poseen las otras bancadas.
Nada más.
Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Gracias, Edil Pereyra.
SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Pido la palabra para brindar una información.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Con esa finalidad, tiene la palabra el
Edil Gloodtdofsky.
SEÑOR GLOODTDOFSKY.- Tengo aquí los Balances de Ejecución
Presupuestal y las Rendiciones de Cuentas que no encontraba el Edil Ferrer;
están a disposición de todos. Evidentemente, lo que necesita el Edil Ferrer es
alguien que lo informe. Le pido, señor Presidente, que lo asesore.
Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Gracias, Edil Gloodtdofsky.
Le damos la
palabra al Edil Álvaro Viviano.
SEÑOR VIVIANO.- Gracias, señor Presidente.
El aporte del
Edil Gloodtdofsky ayuda a que sea más sano el debate y a que clarifiquemos
todo.
(Murmullos)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
Adelante, Edil
Viviano.
SEÑOR VIVIANO.- Brevemente quería referirme a lo dicho por el Edil
preopinante.
Creo que en esta sesión, en la que básicamente nos
hemos centrado en el tema Carmitel, hay un avance importante con lo que señala
el Edil Pereyra, entre otras cosas cuando soslaya que también la Administración
pudo equivocarse, si bien no lo afirma. Y creo que en este proceso hay mucho de
eso.
En segundo lugar,
introduce un debate que ya dimos cuando fue convocado el señor Intendente
Municipal a este ámbito a discutir la globalidad de la problemática de los
casinos municipales que, obviamente, tiene diferentes aristas. Una que
incorpora el Edil Pereyra es la de la competencia de los casinos municipales.
En ese momento lo discutimos y creemos que la Intendencia tuvo una reacción
lenta en cuanto admitió que se instalara la competencia en los casinos. También
reflota una discusión que vamos a dar en su momento, porque creo que la
complejidad del tema casinos aún da para ahondar, para discutir, para hablar y
para aportar diferentes puntos de vista. Debo decir que quedan por discutir
aquí el plan de negocios, los compromisos asumidos el año pasado sobre la
renegociación de varios contratos y varios puntos más que quedaron inconclusos.
Sí es importante
que a partir del debate que se diera con el Intendente Municipal, el tema
estuviera encima de la mesa ‑como debía estar‑, que se empezara a
analizar, que se empezara a discutir y a encontrar una solución definitiva para
lo que ya a los montevideanos ‑a los contribuyentes‑ les ha costado
una importante cantidad de dinero, cifra que, según dijo algún compañero,
rondaba los U$S 14:000.000.
Reitero que estoy
satisfecho de que estemos discutiendo esto y de que se haya empezado por
Carmitel. Siento y quiero trasmitir al Cuerpo que estamos al final de una
historia, que podrá tener la salida que sea; ya veremos cuál. Siento que
estamos finalizando una historia de diez años. Hoy decía la Edila Ferro con
exactitud que son diez los años que ha llevado este proceso de la privatización
del Hotel Casino Carrasco, que ha ocasionado más de un dolor de cabeza, que ha
significado costos políticos para muchos. Nuestro partido no lo apoyó desde sus
inicios no por una cuestión de criterio filosófico en cuanto a si una concesión
es válida o no; no lo acompañamos porque desde sus inicios consideramos que el
proceso que se estaba desarrollando no se ajustaba a las mejores condiciones y
a la mejor conveniencia de todos los montevideanos.
En cuanto a la
historia de la licitación, aquí se ha dicho básicamente todo, pero quiero
refrendarlo y dar mi posición en cuanto a que en esta etapa, la etapa Carmitel,
se navegó, a nuestro juicio, sin los debidos controles. Creo que no se tomaron
los recaudos adecuados oportunamente para defender a la Administración y a los
montevideanos como se debió hacer. Fue una gestión excesivamente permisiva; se
dejó que esta empresa gestionara por sí misma los destinos de este hotel, sin
que la Administración planteara en su momento las acciones que debió plantear, es decir intimaciones,
llamados a responsabilidad. Estos se dieron en el último tramo de este año y no
en el momento en que debieron darse.
Me permito
brevemente discrepar con el informe que dio el doctor Silva. Creo que no es
sano para el sistema democrático que pongamos en cuestión la intervención del
Tribunal de Cuentas en función de si el informe que nos da es bueno, es malo o
no nos conviene. El Tribunal de Cuentas tiene prerrogativas legales y
atribuciones que le otorga la Constitución de la República que son muy claras;
están fijadas en los artículos 210, 211, 212 y 213, y creo yo no deben quedar
en duda. Reitero que creo que no es sano discutir en función de si su dictamen
nos conviene o no, porque se ciñe a un control de la legalidad de los
procedimientos que es lo que en este caso nos atañe. Y voy a intentar
justificar por qué, a mi juicio, algunas acciones que se debieron dar en tiempo
y forma no se dieron, por ejemplo, exigir garantías de financiamiento de la
totalidad de la obra.
Al Tribunal de
Cuentas se le pidió un informe del expediente de la primera adjudicación, o
sea, de la adjudicación a Véltica S.A., en el ‘ 97, para chequear si los
procedimientos que se estaban llevando a cabo eran los correctos o no. Esa fue
una solicitud de la Junta Departamental. Intentando calificar esta
intervención, en su solicitud decía: “su intervención preceptiva” ‑o sea
que, en ese momento, ya se valoraba que la intervención sería preceptiva‑
“considerando altamente conveniente conocer su dictamen”.
Lo primero que
hizo el Tribunal fue entender sobre cuál era su facultad, su inserción
orgánica, su cometido en este proceso. Dice textualmente: “Considerando: 1) que
con carácter previo se debe precisar que el cometido fundamental del Tribunal
de Cuentas consiste en el contralor administrativo externo de la legalidad de
la gestión económico financiera estatal, contralor que corresponde ejercer en
forma preventiva, concomitante y a posteriori;
“De acuerdo con el ordenamiento constitucional,
dicho contralor refiere exclusivamente a la juridicidad de la gestión
financiera, por lo que no le compete al Tribunal de Cuentas apreciar el mérito,
la conveniencia o la oportunidad del actuar de la Administración;”
Creo que
sobre eso se ha hablado algo y nosotros no vamos a tener dos puntos de vista.
“2) que el
contralor preventivo del Tribunal de Cuentas constituye una vía necesaria para
determinar la regularidad jurídica del obrar administrativo, adecuándolo y
encauzándolo a las exigencias legales. De ahí que la intervención preventiva
constituye una etapa dentro del procedimiento, que se ejercita antes del
perfeccionamiento del acto que compromete el gasto u ordena el pago, a fin de
certificar su legitimidad o, de lo contrario, formular las observaciones del
caso. (…)
“3) que en cuanto
al contralor permanente, el Artículo 211, Literal E) de nuestra Constitución
dispone que compete al Tribunal de Cuentas intervenir en todo lo relativo a la
gestión financiera de los… Gobiernos Departamentales… y denunciar ante quien
corresponda todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e
infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad. Lo que supone, pese a
la amplitud del texto, la toma de conocimiento de una gestión cumplida por el
órgano administrativo;”
Yo me quiero
referir a una doctrina en este mismo sentido, pero a la relevancia de los
marcos generales que rigen en determinada contratación, haciendo mención a un
informe de Sayagués Laso ‑citado acá, repito, por el mismo Tribunal de
Cuentas‑ que dice: “…las normas contenidas en el Pliego son de interés
general, obligatorias por lo mismo, para todos, y en primer término para la
propia Administración, puesto que su cumplimiento interesa al orden público.
Por ello, concluye el referido autor, que siendo las cláusulas del pliego de
interés general y de cumplimiento obligatorio, la Administración deberá
observar estrictamente sus prescripciones, bajo pena de incurrir en nulidad”.
¿A qué me quiero
referir con esto? Trayéndolo al presente, cuando menciono ese marco general que
obliga a todos, me quiero referir al propio pliego de condiciones.
(Timbre indicador de tiempo)
VARIOS SEÑORES EDILES.- Que se le prorrogue la hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Se va a votar si se prorroga el tiempo
de que dispone el señor Edil Álvaro Viviano.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA: 25 en 26.
Puede continuar
el señor Edil Viviano.
SEÑOR VIVIANO.- Me refiero al propio pliego de condiciones, que en
su artículo 19.3 ‑que en la gran mayoría de los informes del Tribunal de
Cuentas de 2003 a esta parte fue tomado como base‑ dice que el sobre
deberá contener el estudio de factibilidad económico-financiera de la oferta
por el plazo del contrato, e indicación detallada de la fuente de financiación
con la documentación probatoria correspondiente. En realidad, esto es lo que no
estuvo, y costó; en realidad esto estuvo presente en dos o tres oportunidades
en que hubo financiamientos parciales, pero el financiamiento final con la
prueba documentada ‑que debería tener el financiamiento de la obra‑
no figuró. Ese fue el elemento sustancial por el cual el Tribunal de Cuentas no
terminó avalando ese contrato que votó la Junta Departamental en 2003.
Acordaremos en
las cláusulas de imprevisibilidad, acordaremos en que se pudo votar en
determinadas circunstancias, pero lo que no podemos acordar es que se dude del
Tribunal de Cuentas porque, en definitiva, pidió algo que estaba en los pliegos
de condiciones, y que era que se ajustara a las normas; las normas las fijaba
el pliego y, en definitiva, eso no se cumplió.
Señor Presidente:
a esta altura creo que no es conveniente abundar en todo lo que han dicho los
compañeros que hablaron anteriormente. Considero que debemos analizar una
eventual salida a esta circunstancia. El oficialismo y la oposición hoy quieren
encontrar una solución. Es indudable que el Hotel Casino no puede estar en las
condiciones en que está; es indudable que ha generado demasiados perjuicios, y
la aspiración que tienen todos es que éste de alguna manera se encauce y dé lo
que tiene que dar ‑como ha dicho algún Edil preopinante‑: ganancias
que puedan ser invertidas en políticas sociales. Dudo mucho que se encuentre
una salida justa y afinada en este proceso final. Creo que el proceso Carmitel
agotó su tiempo. Esa es una opinión muy personal y humilde de mi parte.
Considero que
Carmitel le hizo daño a la Administración. Y aquí me permito discrepar con lo
que dijo algún Edil anteriormente con relación a tirar de la piola. Creo que
con Carmitel se debió tirar de la piola mucho antes; creo que la actitud de
Carmitel se venció mucho antes, y no fue la Administración la que corrigió en
su debido momento el proceso Carmitel. Eso se está dando ahora, y me parece que
demasiado tarde.
En este momento, una salida ‑ya sea por la
vía de la cesión o de la rescisión definitiva‑ tiene costos y beneficios.
Creo que la cesión habilita a que nosotros tengamos, quizás en un tiempo más
cercano, el Hotel funcionando como debe funcionar. También creo que hay un
límite muy delgado entre la cesión o la adjudicación por vía de cesión y la
adjudicación directa. A mi juicio, a esta altura del partido, cuando estamos
dando una discusión de este tipo, estamos alterando en buena medida los
principios generales de la contratación administrativa y del TOCAF.
(Ocupa la Presidencia la señora Edila Teresita Ayestarán)
______Los principios ‑y así lo establecen varias doctrinas
en ese sentido‑ recomiendan por razones de buena administración, cuando
se han vivido determinadas etapas y cuando ha pasado determinado tiempo, la
licitación pública. Por lo tanto, creo que estamos en el momento justo para
encaminarnos a trabajar ‑bien lo dijo Rosselli‑ aprovechando el tiempo
que pueda pasar para que haya una nueva licitación pública; es decir, con todos
los elementos de igualdad para los oferentes en cuanto a la transparencia,
procedimientos ajustados a derecho, dándoles la oportunidad ‑según se ha
dicho en esta misma Junta Departamental‑ de que compitan entre sí,
mejoren sus ofertas, y que los directamente beneficiados sean los
montevideanos. Creo que eso evita que en esta Sala, en este momento, algunos
estemos infiriendo suspicacias que no son del caso.
Señor Presidente:
no nos vamos a negar en este momento la posibilidad de analizar una eventual
cesión. Queremos ver en qué condiciones se da, cómo viene y cuál es el elemento
jurídicamente válido para otorgarla, que creo es un elemento importante.
Hoy el doctor
Silva manifestaba ‑cuando justificaba el contrato modificativo‑ las
distintas situaciones de imprevisibilidad; indudablemente, son unas en el año
2000 y unas muy diferentes en 2005 y 2006. Por lo tanto, yo me permitiría
recomendar como base jurídica para una cesión, obviamente, los contratos de
2000. Por suerte, en alguna conversación informal esa hipótesis estaría
garantizada.
Para concluir,
quiero decir que considero que debemos construir un nuevo tiempo en este
proceso. Esa fue la sensación y ese fue el aroma que se desprendió cuando vino
a Sala el señor Intendente, convocado por este mismo asunto. Quedamos en que
íbamos a procesar esto, y en que abríamos un nuevo camino que permitiera a esta
Junta Departamental ‑también al Ejecutivo-, no sólo resolver esto que es
muy importante, sino hacerlo en armonía y con la base del mayor acuerdo
posible. En ese sentido creo que debemos construir un ambiente que nos permita
trabajar a todos.
No me puedo
quedar con una sensación muy personal. Humildemente quiero decir que creo,
señor Rosselli, que usted no contribuye a ese clima.
SEÑORA PRESIDENTA (Teresita Ayestarán).- Por favor, señor Edil,
diríjase a la Mesa.
SEÑOR VIVIANO.- Disculpe, señora Presidenta.
Creo que el
Director Rosselli no contribuye en ese sentido. Ha sido lo suficientemente
cuestionado en este proceso.
Considero que la
Unidad que usted conduce ha sido parte relevante en este último tiempo de lo
que ocurrió con Carmitel y de los perjuicios que ha ocasionado a la concesión y
al propio Municipio.
Creo, señor
Rosselli…
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Por favor, señor Edil; diríjase a
la Mesa.
SEÑOR VIVIANO.- Considero, señora Presidenta, que al señor
Rosselli se le ha cuestionado por diferentes lugares, y también en esta Junta
Departamental.
Yo no voy a
hablar de ética ni de moral, porque no corresponde; simplemente voy a valorar
lo que veo formalmente como resultado. Hay procesos que han sido cuestionados,
y que no han sido lo que debieron ser para el bien de la Comuna. Se ha hablado
de Navigator, y de la concesión que votamos recientemente del Parque Acuático,
la cual no ha sido definitivamente promulgada por el Ejecutivo.
En síntesis, creo que no está dado el mejor clima
para que todos los actores podamos colaborar y contribuir de la mejor manera a
lograr una salida rápida de esta situación. En ese sentido, creo que a esta
altura del partido sería conveniente que el señor Rosselli hiciera un paso al
costado en este proceso. Y seguramente nos tendrán a muchos de nosotros
tratando de colaborar en la cesión, si corresponde y está ajustada a lo que
creemos; y si es una nueva licitación, y por ella van a pagar los montevideanos
el tiempo que haya que pagar, nosotros asumiremos también el costo político ‑nos
va mucho en eso-, pero creo que sobre todo debemos construir un necesario clima
de armonía. Asimismo, debemos evitar las suspicacias de distintos niveles y
trabajar sobre confianzas. Basados en esas confianzas, queremos comprometernos
a encontrar las mejores soluciones para los montevideanos.
Gracias.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Gracias a usted, señor Edil.
Tiene la palabra
el señor Edil Gloodtdofsky.
SEÑOR GLOODTDOFSKY.-
Gracias, señora Presidenta.
Hemos tenido un
largo proceso que ha incluido una cantidad de episodios. En muchos de ellos ha
participado esta Junta Departamental, y en algunos de ellos hemos participado
nosotros. Es un largo proceso que hoy llega a su fin.
Si usted me
permite, quisiera decir que me da la impresión de que es como cuando va a
empezar un campeonato de fútbol, cuando está por terminar el período de pases,
y vemos que el último día hay una enorme tensión sobre qué jugadores van a ir a
qué lugar. Y a veces llega el final del período de pases, y la estrella que el
equipo pretendía no llega porque se va a jugar a otro lado. El campeonato se
inicia, las pasiones son las mismas, y todos concurrimos a la cancha a ver el
mismo pobre espectáculo que venimos viendo desde hace años. Eso es lo que
sentimos hoy, cuando después de mucho andar, de mucho trabajar, estudiar, discutir,
apasionarnos y decirnos algunas cosas, arribamos al triste resultado que había
sido augurado y que, sin duda alguna, era inevitable. Es claro que íbamos a
terminar así, y es claro que podemos asegurar cómo vamos a seguir si se da la
continuidad de quienes están conduciendo este proceso desde hace tanto tiempo.
Nuestra
preocupación fundamental no se relaciona con los aspectos que se han mencionado
acá en las excelentes exposiciones, fundadas jurídicamente, de César García,
del Edil Viviano y de la Edila Cristina Ferro; nuestra preocupación no tiene
que ver con aspectos que, repito, han sido largamente expuestos, sino con unos
pocos aspectos de carácter material, concretos.
En primer lugar,
nuestra preocupación es la preocupación por la ciudad de Montevideo y se
refiere al edificio. Al margen de toda esta larga discusión en la que los
políticos intercambiamos palabras y papeles, en la que los expedientes van y
vienen, las garantías no se presentan, los plazos se van venciendo y los
Directores insisten en sus argumentos y los Ediles de la oposición en los
suyos, hay un tesoro montevideano que día a día se está deteriorando, hay un
tesoro montevideano que es una vergüenza para el Municipio, porque no ha
logrado sostenerlo, levantarlo, como sí lo hizo con otros edificios importantes
de la ciudad. Eso no tiene banderas políticas. Este edificio no solamente
plantea riesgos desde el punto de vista del patrimonio, sino que posiblemente
también estemos arriesgando a los funcionarios municipales que allí desempeñan
tareas, porque el edificio está apuntalado, tiene los sótanos inundados, y hay
serias posibilidades de que prontamente necesite una intervención. Y si es
desalojado por la empresa que está ahí adentro, no quiero ni pensar en lo que
va a ser ese desalojo, y no quiero pensar tampoco en el estado en que va a
quedar ese edificio; seguramente va a ser mucho peor que el que hoy tiene. Esa
es nuestra primera preocupación como representantes de los ciudadanos de
Montevideo: la seguridad, el patrimonio.
Esto se vincula claramente con los caminos a
adoptar una vez que se ha llegado aquí, a la cruz de los caminos. ¿Será cesión?
¿Será rescisión? No sé, pero por el edificio, por Montevideo, lo que yo quiero
es que ese hotel vuelva a funcionar rápidamente, y que rápidamente tengamos
allí una sala de casinos funcionando. No vamos a abordar hoy cuáles pueden ser
los caminos; no debemos abordar eso porque, entre otras cosas, es el Ejecutivo
el que debe hacerlo; pero abogamos por que sea la solución más rápida. Si esto
supone que vamos a seguir discutiendo, mandando expedientes y conversando
durante dos, tres o cuatro años más, entonces
busquemos otra solución, procurando que sea la más breve.
Queremos aprovechar la ocasión para decirles que en
una oportunidad presentamos en esta Junta una moción para formar una Comisión
Investigadora que podría haber considerado todos estos temas. Seguramente, la
tarea de una Comisión Investigadora hubiera sido ‑permítasenos sostenerlo
hoy‑ muchísimo más eficaz que las idas y venidas que hemos tenido
actuando todo el Cuerpo. Hubiera sido mucho mejor haberle dado el ámbito, la
reserva necesaria, el lugar donde poder trabajar, donde poder intercambiar
opiniones con los jerarcas y los funcionarios. No pudo ser así; no fue así.
Hemos actuado en Comisión General y seguimos, hoy, con el Presupuesto
Quinquenal en ciernes, con las mismas dudas que el primer día y ‑lamentablemente‑
contaminando lo que va a ser la discusión más importante que tiene que dar este
Cuerpo en la legislatura como es la discusión del Presupuesto Municipal, porque
otra vez vamos a reiterar toda la discusión de Casinos: los contratos con
quienes alquilan los slots y las
máquinas, la situación de los funcionarios, quiénes se jubilan y cómo ; otra
vez vamos a volver a dedicarle tiempo a todo eso, cuando tenemos otras
discusiones mucho más importantes desde el punto de vista social, urbanístico y
financiero para abordar en la Junta Departamental de Montevideo.
Compartimos, sin
lugar a dudas, las expresiones del Edil Viviano en lo que hace a preservar,
antes que nada, al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es, en la
democracia, en el funcionamiento de la República, lo mismo que para nosotros
nuestro propio Reglamento: es la garantía para que las minorías puedan controlar
y puedan ejercer ese control. Si no hubiera Reglamento en esta Junta, sería
imposible que las minorías pudieran ejercer ese control; si no hubiera un
Tribunal de Cuentas que técnica y profesionalmente ‑independientemente de
los partidos y de la fuerza que gobierna‑ ejerciera el control técnico
que ejerce, nosotros tampoco podríamos hoy estar diciendo las cosas que
decimos. Por eso es que hay que valorar al Tribunal de Cuentas; por eso es
imprescindible el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y por eso el primero
que tiene que respetar cada una de sus manifestaciones es el Ejecutivo.
Concluyo, señora
Presidenta, manifestando que todo este proceso tiene y debe tener
responsabilidades políticas. Está en el señor Intendente ‑un Intendente
que ha iniciado su período de gobierno arrastrando este tema, que enfrenta hoy
el llamado redireccionamiento de la gestión municipal‑ valorar esas
responsabilidades políticas. Al cabo de tres Administraciones, esta nueva
Administración redireccionada apunta a mejorar la actividad de los casinos y el
rescate del Hotel Carrasco. Es claro que si eso es así, es claro que si hay un
redireccionamiento, es porque hay un honesto reconocimiento de lo que ha sido
un proceso errático en el que no ha habido resultados, proceso errático que
este Cuerpo tiene la responsabilidad de señalar, así como la ineptitud de
quienes lo han conducido, y de reclamarle al señor Intendente que actúe en
consecuencia, llamándolos a responsabilidad. En política hay sólo una forma de
actuar en estos casos, y los hombres de bien la conocen.
Gracias, señora
Presidenta.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Gracias a usted, señor Edil.
Tiene la palabra
la señora Edila Susana Pereyra.
SEÑORA S. PEREYRA.- Gracias, Presidenta.
Creo que después
de todo lo que se ha dicho en el transcurso de esta tarde, la situación a nivel
del Hotel Casino Carrasco y del contrato con Carmitel es muy clara. Existen tres posibilidades.
Una es la rescisión del contrato, como se ha
planteado acá, rescisión que la Administración tiene en cuenta, de acuerdo con
la información que está manejando la Intendencia, dentro de sus posibilidades,
ya que ha armado un equipo, un grupo, un tribunal para contemplar la
posibilidad de un nuevo llamado a licitación.
Otra de las
posibilidades es que alguna otra empresa compre las acciones a Carmitel. Ahí el
problema que tenemos es que ni la Intendencia ni nosotros tendríamos
competencia para definir esa situación. Aquí también la Administración está
siendo muy precavida, porque está dando pasos ‑y todos las bancadas hemos
sido comunicadas al respecto‑ que tienen que ver con el contrato, los
incumplimientos, los derechos, los deberes de cada una de las partes, para ir
estableciendo y despejando claramente quién está en falta y cuáles son los derechos,
las obligaciones y las potestades que tiene la Intendencia en los reclamos con
respecto a los incumplimientos.
La tercera
posibilidad es la cesión del contrato.De esta última posibilidad, todas las
bancadas que estamos presentes hoy en Sala tuvimos una información ‑que,
creo, no fue justamente valorada‑ por parte del Intendente, o de quien lo
sustituía en ese momento. Digo esto porque cuando por primera vez el Intendente
tuvo por escrito alguna de las propuestas, como la del caso Tsakos, llamó a las
tres bancadas que integramos esta Junta Departamental y nos informó en igualdad
de condiciones, como bien lo decía nuestro compañero Eduardo Pereyra.
En ese marco, creo que no se ha sabido valorar la
lealtad o la franqueza que ha tenido el Intendente al ir informando a cada una
de las bancadas, como corresponde. Uno puede analizar esto desde la bancada del
gobierno y decir: “Bueno, no hizo más que cumplir con su deber”, porque somos
parte del gobierno; pero cuando lo hace con las otras bancadas, creo que es
justo valorarlo. No quiero mencionar a nadie, pero en las intervenciones de
algún Edil preopinante hubo un cierto reconocimiento de eso.
Quiero decir,
además, que nosotros tampoco tenemos la copia de esa propuesta, y no la debemos
tener. ¿Por qué? Porque esas son las distintas gestiones que está haciendo la
Intendencia en pos de buscar la buena resolución de este tema.
(Ocupa la Presidencia el señor Edil Jorge Meroni)
______Nosotros entraremos a tallar en ese tema una vez que la
Intendencia haya conseguido una propuesta que la complazca, y haya llegado a
ciertos acuerdos con la empresa que hizo la proposición. Luego de todo eso, el
tema pasaría por la Junta y nosotros tendríamos que analizarlo; mientras tanto,
es competencia de la Intendencia hacer las gestiones que correspondan en pos de
alcanzar el buen resultado ‑como se mencionó‑ que todos queremos
con respecto al tema del Hotel Casino Carrasco.
A buen
entendedor, pocas palabras. Creo que en lo que nos han planteado los tres
Directores que representan al Intendente hoy aquí, queda claro que la intención
de la Intendencia no es seguir trabajando ni acordando con Tsakos porque, si
no, seguramente no se estarían haciendo todas las gestiones que se están
haciendo, ni se estaría actuando con la tenacidad con que se está actuando a
fin de buscar las irresponsabilidades, o los incumplimientos ‑para ser
más clara‑ que ha cometido esta empresa con respecto al contrato que
tiene con la Intendencia.
En ese marco,
todos queremos salir rápido y bien, y en eso se está trabajando. Desde que
asumió, el Intendente tiene este tema en el debe, como una prioridad; ha estado
trabajando permanentemente, y ha asumido compromisos con nosotros y con la
ciudadanía, a partir de la prensa, y todo lo demás. Creo que se está trabajando
tal cual el Intendente lo entendió necesario.
Sin lugar a
dudas, ha habido luces y sombras en una gestión que tiene ya tres períodos ‑vamos
por el cuarto‑; pero, por suerte, en este caso la ciudadanía nos ha dado
cinco años más para que nosotros podamos reparar las cosas que no nos han
salido bien.
Estamos
trabajando en el compromiso que hemos asumido, con responsabilidad, queriendo ‑al
igual que todos los señores Ediles, como lo mencionaron hasta el momento‑
que esto se resuelva de la mejor manera para todos los montevideanos.
A todos nos importa ‑a nosotros más que a
nadie‑ que esto se resuelva, que podamos seguir con las obras en el Hotel
Casino Carrasco, que podamos seguir con el Casino Carrasco, y que podamos
seguir con todos los proyectos que, sin duda, podríamos ir cumpliendo desde la
Intendencia si tuviéramos esos ingresos. Y nosotros, con lo que dijeron los
Directores aquí, con lo que ha dicho el Intendente en varias oportunidades a
cada una de nuestras bancadas, sentimos que se sigue trabajando con seriedad,
con compromiso y con responsabilidad. Acá se podrá decir que se rompe todo, que
rompemos con Carmitel, que ya no se hace más nada, que Carmitel incumplió, y
nos podemos sacar todas las broncas; capaz que es legítimo. Ahora, los que
tenemos la responsabilidad de gobernar debemos buscar la mejor manera de salir
de este tema, que es tan controvertido y que está tan trancado. Entonces, como
tenemos esa responsabilidad, hoy creo entender lo que decía el Director
Rosselli cuando hablaba de un “divorcio civilizado”. Cuando él dijo eso en
sentido figurado yo entendí que estábamos buscando la mejor manera de dejar de
lado a Carmitel pero permitiéndonos ‑ante todo ese temor que tenía el
Edil César García de los juicios posibles y todo lo demás‑ salir de la
mejor manera, con la responsabilidad de gobernar que tenemos nosotros.
Me parece que con esto culminamos una sesión
pendiente que teníamos. Nadie más que nosotros, señores Ediles, hubiésemos
querido que nuestro gobierno, el Gobierno Departamental de Montevideo ‑la
bancada del Encuentro Progresista y, estoy convencida, desde el Intendente
hacia abajo todos tendríamos la misma intención‑, hubiera tenido otra respuesta. Pero no la
hay. No la hay por todos esos pasos que nosotros venimos dando y que
detalladamente ‑yo no voy a seguir enunciándolos‑ ha explicado el
Director Diego Silva. Él nos ha dicho detalladamente, pormenorizadamente ‑y
por suerte ha quedado en actas‑ todas las instancias que ha tenido la
Intendencia, las multas y los incumplimientos en los que se ha venido
trabajando. Pero estas cosas, como sabemos, hay que ir valorándolas; hay que ir
actuando en la medida en que se van cumpliendo las etapas. Hoy a las seis de la
tarde ‑nosotros no sabemos si ha pasado otra cosa‑ se cumplió otra
etapa, y es prerrogativa del Intendente ver cómo sigue. Nosotros no sabemos
desde acá ‑pero mañana se podrá saber; el Intendente sabrá‑ cuál ha
sido la actitud…
(Timbre indicador de tiempo)
VARIOS SEÑORES EDILES.- Que se le prorrogue la hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Se va a votar si se prorroga el tiempo
de que dispone la señora Edila Susana Pereyra.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA: 24 en 25.
Adelante, Edila
Pereyra.
SEÑORA S. PEREYRA.- Decía que nosotros no sabemos desde acá cuál
ha sido la actitud con que se manejó la empresa Carmitel con respecto al
cumplimiento que debía haberse dado, como dijeron los Directores, hoy a las
seis de la tarde. Debemos seguir actuando, sin prisa pero sin pausa, y con
mucha inteligencia ‑me parece que se está haciendo dentro de ese marco‑
en cada una de las instancias que se van dando de acuerdo con la ley y con el
contrato que hay con la empresa Carmitel. Entonces, en ese marco, nosotros, desde
la bancada del Encuentro Progresista, queremos decir que esta etapa ha sido de
formalización ‑digámoslo así, ya que quedan en actas‑ de cosas que
sabíamos todos los Ediles. Y no hay más, y no se dice más porque hasta acá
están las negociaciones. Entonces, a partir de eso ‑reitero‑,
tenemos cinco años para seguir trabajando en esto; ojalá lo terminemos antes.
Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Le damos la palabra al señor Edil
Dante Nieves.
SEÑOR NIEVES.- Gracias, señor Presidente.
En primer lugar,
me pide una interrupción el Edil César García, que le concedo.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede interrumpir el señor Edil César
García.
SEÑOR GARCÍA ACOSTA.- Gracias, Presidente.
Quiero hacer
varias reflexiones.
Yo creí que no había terminado la sesión, pero
ahora que he escuchado a la Edila Pereyra presumo que ya está todo dicho, que
lo que dijeron los Directores se terminó acá y que ninguna de las consultas que
hay para evacuar va a tener respuesta. Es como que el tema llegó hasta aquí y
no hay más nada para informar. Sin embargo, hablan de “divorcio civilizado”. El
Director Rosselli habla de divorcio civilizado y la Edila Pereyra hace
referencia a eso, ratificándolo. A mí no me pasó inadvertido lo del divorcio
civilizado. Por eso señalé en su momento la similitud con el temperamento
adoptado en el caso Uragua, que le costó mucho al Estado uruguayo. Si este
negocio termina como un divorcio civilizado, van a estar transformando al
corderito que hasta ahora es Carmitel en un león, mañana, en los juzgados, y a
eso es a lo que no tenemos que llegar. Y no tenemos que llegar a eso porque
hubo un contrato ‑el del 1º de julio‑ que le otorgó facultades a
Carmitel cuando ya no las tenía. Si nosotros no volvemos a discutir este tema
en esta Junta Departamental… Porque, en definitiva, parece que acá hay que
dejar que la Intendencia haga, haga y haga, sin que la Junta Departamental ‑cuyos
cometidos esenciales son legislativos y de contralor‑ ejerza el
contralor. Para ejercer el contralor, el primer elemento indispensable que hay
que tener es información. Si la información no se da cuando se tiene, se recaba
por vías alternativas, y se corren dos riesgos. El primero de ellos ‑perjudicial
para la Administración‑ es estar informado de algo que la Administración
debió haber informado en tiempo y forma, y no lo hizo. El segundo es la
distorsión en la información, que es peor que el primero, sobre todo cuando se
traslada a la opinión pública. Hoy ninguno de nosotros habló sobre este tema a
nivel de la opinión pública, a pesar de que ya teníamos información de que iba
a acontecer lo que terminó aconteciendo a las seis de la tarde. Y no fue
casualidad que no lo hiciéramos. Reitero: si lo que queremos es ser precavidos
y caminar sin prisa pero sin pausa ‑como
decía la Edila Pereyra‑, lo que tenemos que hacer es respetar la
inteligencia de los demás, empezar a asumir que la verdad no está en un lado
solo, que este tema es mucho más complicado de lo que parece, que no va a
terminar con una decisión unilateral del Municipio y que cualquier acuerdo al
que el Municipio pueda arribar va a tener un costo, que indudablemente va a
implicar decisiones políticas y costos políticos. Entonces, no seamos ingenuos.
Si no es hoy, será mañana o cuando ustedes quieran, porque los votos los tienen
ustedes, pero hay que traer a esta Junta Departamental la información concreta
y objetiva. Si no, estarán haciendo lo que criticaron durante toda la vida, y
eso no es buena cosa. Creo que acá el proceso tiene que ser inevitablemente de
transparencia. Ya se sabe demasiado lo malo de Carmitel como para que ahora
también se oculte la decisión final. Mañana, cuando el empresario de Carmitel
lea estas actas, va a decir: “Bueno, yo compré una sociedad anónima cuando la
licitación”; esto fue en el año 1999. Y, seguramente, como era la primera que
compraba, le costó U$S 1.200, precio real. Fue al estudio Lublinerman y la
compró en U$S 1.200. ¿Cuánto vale hoy Carmitel? ¿U$S 1.200? ¿U$S 300? ¿O vale millones de dólares? Entonces, nosotros no estamos
haciendo deducciones al azar ni actuando con poca inteligencia; estamos siendo
precavidos. Ojalá el Partido Colorado, cuando fue gobierno, hubiese tenido una
oposición tan tranquila como nosotros. Y estamos actuando así por varias
consideraciones. Entre otras, porque tienen cuatro períodos de gobierno arriba
y se supone que en Montevideo sí saben lo que están haciendo. Y con muchas de
las cosas nosotros estamos de acuerdo.
(Timbre indicador de tiempo)
______Ya termino, señor Presidente.
Con lo que no
estamos de acuerdo es con que se retacee información o con que por la vía
indirecta, como lo hizo recién por la Edila Pereyra, se ponga un punto final a
esta conversación, sin suministrar los datos que solicitamos, que son
indispensables.
Gracias, señor
Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede continuar el señor Edil Dante
Nieves.
SEÑOR NIEVES.- Le concedo una interrupción a la señora Edila
Cristina Ferro.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede interrumpir la señora Edila
Ferro.
SEÑORA FERRO.- Gracias.
Quiero hacer unas
puntualizaciones antes de decir alguna otra cosa más que siempre va quedando
por ahí.
Yo realmente
valoro las intervenciones que se hacen desde la bancada del Frente Amplio; son
ponderadas, son serenas, son propias de quienes tienen la responsabilidad del
gobierno. Esto, más allá de alguna actitud extemporánea que pudimos obturar a
tiempo. Son las vehemencias propias de cada uno que defiende lo suyo.
La Edila Susana
Pereyra plantea que todos tenemos un tratamiento igual, y reivindica la
transparencia y la actitud del señor Intendente. Yo valoro profundamente que el
Intendente haya tomado las medidas que ha tomado, pero no me digan que nos
tratan a todos por igual. Eso no. Y pruebas al canto: a nosotros nos llaman
para decirnos que hay una carta, pero nunca supimos el contenido de esa carta.
No sólo no nos la mostraron, sino que no nos dijeron qué decía. ¿Se imaginan la
situación desagradable de alguien que había hablado el jueves con el Intendente
sobre el tema Carmitel, conjuntamente con todos sus compañeros de bancada, ‑él
nos dijo que no había novedades‑, y que el lunes siguiente fue citada por
la escribana Hyara Rodríguez representando a su bancada? Si hubiéramos ido los
ocho ‑y se lo dije- hubiéramos parecido “Los Ocho de Momo”. Otra vez ocho
para que nos dijeran: “Hay una carta”. “Ah, qué bien. ¿Cuándo llegó esa
carta?”. “No estamos muy seguros, el veinte y pico”. Pero entonces cuando el
Intendente habló con nosotros sabía que esa carta estaba pero no nos habló de
su existencia. Luego, la escribana Rodríguez nos dice que esa carta está en
Jurídica pero que no recuerda lo que dice, y que luego nos comunicarán lo que
dice, porque tienen que esperar a que vuelva el Intendente. ¿Saben por qué a
nosotros se nos da una explicación del proceso con Carmitel? Porque el domingo
pasado aparece una nota en el diario “La República”, una nota que dice:
“Empresa Tsakos culminaría obras en el Hotel Carrasco a mediados de 2007”. “La
propuesta jurídica fue aceptada por la bancada frenteamplista”. A mí me gustaría
que me dijeran que es mentira, que la propuesta jurídica no fue aceptada por la
bancada frenteamplista, que nunca la consideró, que no la conoce, al igual que
nosotros.
Creo, señor
Presidente, que hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo no cuestiono que
el Intendente converse con su bancada; sí digo que hay información básica,
fundamental y elemental que nosotros no tenemos, ya sea de Carmitel, de Casinos
y de la Intendencia en general. También digo que hoy no hay respuestas, no
porque no haya más respuestas, sino simplemente porque no se ha podido llegar a
un acuerdo. Pero debería haber respuestas a las preguntas que hemos formulado,
y esperamos que así sea. ¿Cuántos y cuáles son los interesados actualmente en
hacerse cargo del paquete Carmitel? ¿Cómo vamos a salir de esta? Efectivamente,
el gasto en que ha incurrido la Intendencia se va a aumentar muchísimo en razón
del costo que va a tener la salida y, además ‑si es que se plantea‑,
el costo adicional que va a tener el nuevo llamado a licitación.
También valoro
muchísimo que me digan: “¡Qué importante que es la Junta Departamental, un
gobierno transparente en cada Junta Departamental tratando de que intervenga!”
¡Bárbaro! Pero están avalando lo que hizo Pérez Piera, que yo realmente no
puedo comprender. Además, me gusta que conste en actas, porque acá se defendió
lo que hizo Pérez Piera y se defendió el contrato modificativo. Pérez Piera le
dio la espalda a la Junta Departamental: le cambió las fechas que había dado
sin consultarla. ¡Pero si Pérez Piera tenía los votos! ¡Me imagino que si
estaban de acuerdo no le iban a negar los 16 votos! ¿Por qué no consultó a la
Junta para ver si con el aval de la Junta, por lo menos, modificaba esa fecha,
la corría para adelante, si la Junta hubiera estado de acuerdo con que esa
autorización que había dado en el año 2003 siguiera vigente? A nosotros se nos
ignoró; al Tribunal de Cuentas y a la Junta Departamental, porque le cambió la
fecha. Pero yo pregunto: ¿para qué nosotros ponemos una fecha cuando emitimos un
decreto? No pongamos más fechas para nada, ni siquiera para los plazos de las
bonificaciones que podemos dar, porque ¿para qué lo vamos a poner si la
Intendencia los retoca y punto? Total, es lo conveniente, lo que se ve
adecuado. Pero no es así. No creo que se pueda toquetear un decreto de la Junta
Departamental…
(Timbre indicador de tiempo)
______Termino, señor Presidente.
Tampoco creo que
eso lo puedan variar ni el doctor Pérez Piera ni el doctor Silva.
No tengo más
tiempo, pero quería significar que nos parecería oportuno que se pudiera dar
algún dato en lo que tiene que ver con Carmitel en relación a la auditoría que
se está realizando en la División de Casinos. Sé que en esa auditoría está
trabajando un equipo que pertenece a la gestión anterior; por lo tanto, debe
tener mucho conocimiento.
Nada más; muchas
gracias, señor Presidente.
VARIOS SEÑORES EDILES.- Que se le prorrogue la hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Se va a votar la prórroga de la hora
del señor Edil Dante Nieves.
Los señores
Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA: 25 en 26.
Adelante señor
Edil Dante Nieves.
SEÑOR NIEVES.- Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a hacer
unas consideraciones muy breves sobre el tema, porque realmente nuestros
compañeros, los Ediles del Partido Nacional y los Ediles del Encuentro
Progresista que preopinaron sobre el tema han abundado en los detalles.
Nosotros no
podemos dejar pasar por alto que lo que en este momento está ocurriendo es lo
que fatalmente preveíamos en el año ’99, cuando en esta Junta Departamental se
votó la concesión a la empresa Carmitel. Acá entramos en una vieja discusión
por situaciones que han ocurrido y ocurren en nuestro país: darle la
posibilidad de participar en grandes emprendimientos del Estado ‑en este
caso de la Intendencia Municipal de Montevideo, que es lo que estamos
considerando y es lo que nos importa‑ a empresas que se forman en ese
día. Y lo peor de todo es que en aquel momento, en el año ’99, expresábamos que
conocíamos a algunos de los integrantes de esa sociedad anónima pero no le
conocíamos capital de giro ni siquiera para alquilar una habitación en el Hotel
Carrasco, menos para obtener la licitación. Es increíble, pero se la dieron.
Además, después encontramos calificadoras de riesgo que a esas empresas que son
un montón de papelitos ‑porque eso son las acciones; cualquiera de
nosotros puede ir mañana temprano a comprar una sociedad anónima, no ahora
porque está cerrado‑ las califican “sin riesgo”; a empresas que van a
invertir millones de dólares las califican “sin riesgo” y no existen, ¡no
existen!
Lo peor de todo, señor Presidente, es que
tozudamente después seguimos tratando de darles un impulso porque sí,
brindándoles oportunidades una y otra vez. Pensemos como ciudadanos,
absteniéndonos de que somos representantes de una porción de la ciudadanía, no
importa que sea mayoritaria o minoritaria porque cada uno de nosotros
representamos exactamente al mismo número de ciudadanos. En nuestras propias
casas, a alguien que nos incumple ‑por ejemplo, un carpintero o un
albañil que nos está realizando una obra‑, nos incumple y nos incumple,
¿le damos tantas oportunidades? ¿Damos tantas oportunidades para que se haga lo
que se hace con la cosa pública cuando manejamos nuestras propias economías? Es
lamentable. El Hotel Carrasco, primero, se vació ‑en el buen sentido‑,
le sacaron todo lo de adentro, que se remató, se vendió, se regaló, se
trasladó, y hoy es una cascarita desde el punto de vista edilicio. ¿Alguien que no fuera la calificadora de
riesgo Fitch Ratings podría valorar qué vale esa cáscara que nos están dejando?
Y lo peor de todo, ¿cuánto va a valer cuando terminemos de liquidar? Respecto a
estas herencias ‑y no califico qué tipo de herencia‑, a estos
cuestionamientos sobre las herencias que está recibiendo esta Administración y
que empezarán a discutir los abogados de Carmitel y los de la Intendencia,
todos sabemos ‑por andar un poquito en los boliches y en la vuelta‑,
también los abogados que hay en Sala, que en esto los únicos que terminan
ganando son los abogados; va a perder la Intendencia y va a perder la
ciudadanía de Montevideo. Y estos papelitos que, como decía el Edil César
García Acosta, nada valían ‑él los tasó en U$S 1.200‑, hoy
valen fortunas, porque va a ser larguísimo el juicio para poder obtener resarcimiento por el daño que le causaron a
la ciudad de Montevideo. A partir de ahí empezaremos a ver cómo reconstruiremos
el Hotel Carrasco. Nosotros nos tenemos que poner como tutores de la cosa
pública porque, en definitiva, es lo que somos. Entonces, pensemos en lo chico,
no pensemos en los millones, ni en Carmitel ni en la Intendencia, ni en las
grandes cosas que parece que no nos tocan y que son ajenas. Si tuviéramos un
intruso en la casa que nos dejaron nuestros abuelos y tratáramos de
desalojarlo, no lo haríamos tan fácil ni tan rápido. Carmitel tiene contratos
que lo amparan, tiene ampliaciones de contratos, tiene modificaciones de
contratos, y no tiene por qué saber ‑y no sé si la Justicia lo tomará en
cuenta‑ que muchos de esos contratos fueron firmados sin el aval del
Tribunal de Cuentas, sin el respaldo suficiente, quizás algunos firmados en
soledad, como el último, de julio de 2005. Carmitel tiene un contrato y lo hará
valer. Y esos U$S 1.200 multiplicados por muchos cientos de miles de
dólares, quizá millones, van a salir
del bolsillo de los ciudadanos de Montevideo.
Con alegría vemos
que se están buscando caminos para salir de este brete, porque todos escuchamos
lo que se dice en los pasillos y en la calle, y sabemos que la Intendencia
Municipal de Montevideo está embretada con este tema. Pero para salir de alguna
manera tenemos que abandonar la actual tozudez y cambiar cosas, cambiar
titulares, ceder contratos. No sé, es una maraña de cosas y lo único que están
haciendo es demorar. Una buena cosa hubiera sido decir: “Paremos; vamos a
barajar y a repartir de nuevo para arreglar las cosas”. Ha pasado un año y, de
acuerdo con lo que han manifestado los Ediles del oficialismo, no sabemos hasta
dónde sigue este camino; a menos que las respuestas vengan de inmediato, no
sabemos por qué camino andamos, qué camino nos queda por recorrer ni qué
resultado tendremos para los ciudadanos de Montevideo.
Esa es la
reflexión que me permito.
Gracias, señor
Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Le damos la palabra al señor Edil
Oscar Curuchet.
SEÑOR CURUCHET.- Gracias, señor Presidente.
Me pide una
interrupción el Edil Luján, y se la concedo.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede interrumpir el Edil Luján.
SEÑOR LUJÁN.- Muchas gracias.
Ya llevo muchas
horas aquí dentro y parece que no hubiéramos escuchado algunas apreciaciones
que ha hecho el Ejecutivo. Si me atengo a las exposiciones que han hecho los
últimos dos Ediles parece que no se hubieran escuchado las apreciaciones que
sobre el planteo de fondo hace el Ejecutivo. ¿Por qué? Reafirmando la posición
manifestada por el señor Intendente cuando vino aquí, a Sala, sobre lo que iba
a hacer en el tema Hotel Casino Carrasco, hoy se está planteando que finaliza
una etapa. Hoy vence ‑o venció‑ la intimación que se le hace a la
empresa por incumplimiento de contrato, y mañana empieza otra etapa. Por lo
tanto, acá se están planteando certezas jurídicas y políticas: por un lado, la
voluntad del Intendente ya manifestada y, por otro, la determinación de que se
den los pasos en función de lo que se vendrá, y todos sabemos lo que se vendrá.
Lo que queremos nosotros es que no se siga
planteando un debate sobre la base de incertidumbres; el Director de
Departamento y el Director de Jurídica están dando certezas en función de lo
que está haciendo la Intendencia.
Y otro error, que
espero que el señor Director no conteste, es que ningún Edil puede venir a
plantearle a la Intendencia Municipal que le diga el nombre de las empresas que
están viendo si pueden hacerse cargo o si están interesadas en el Hotel
Carrasco.
(Interrupciones - Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR LUJÁN.- ¡Es una locura! Eso acá no se puede decir.
(Interrupción del Edil García Acosta - Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor, Edil García.
Edil Luján:
diríjase a la Mesa.
SEÑOR LUJÁN.- El Gobierno Municipal no tiene ninguna obligación de
responder a comentarios que puedan circular a menos que estén fundados
administrativamente, y eso es lo que se pretende con respecto al Hotel
Carrasco.
(Interrupción del Edil García Acosta)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor, Edil García.
SEÑOR LUJÁN.- Lo que hacemos acá es controlar sobre certezas, no
sobre cosas que puedan llegar a pasar. Por lo tanto, la pregunta que se hizo
sobre comentarios el señor Director no debe contestarla.
(Interrupción del Edil García Acosta)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR LUJÁN.- El día que se concreten o haya certeza de que van a
pasar cosas, sí debe ser comunicado a la Junta Departamental. De lo contrario,
quedan dentro del proceso que el Ejecutivo Comunal tiene que establecer a
efectos de ver cómo se resuelve el tema del Hotel Carrasco.
Quería hacer
estas precisiones porque parecería que estamos como al comienzo, cuando
empezamos la sesión a las 16:00 horas.
Gracias, señor
Edil Curutchet.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede continuar el señor Edil
Curutchet.
SEÑOR CURUTCHET.- Gracias.
Me voy a referir
a la situación actual del Hotel Casino Carrasco. En primer lugar, debo decir
que sobre esto existe un proceso histórico que comenzó en el año 1997 con la
formulación del pliego de condiciones y que está hoy en esta etapa de rescisión
del contrato por una verificación de no cumplimiento, dada la notificación de
90 días para que diera cumplimiento a las garantías establecidas en el contrato
y a la póliza de seguro.
En relación a
esto y al proceso histórico…
(Murmullos en Sala)
_____Solicito que me ampare en el uso de la palabra, señor
Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- ¡Silencio, por favor!
SEÑOR CURUTCHET.- El proceso de adjudicación del hotel comienza en
el año 1997 con el pliego de condiciones, llamado a licitación, presentación de
ofertas, apertura de ofertas, etcétera, y culmina con la adjudicación, en este
caso, a Carmitel S.A., el 12 de octubre de 1999, ajustándose todo el proceso estrictamente a derecho, que
es lo que corresponde también analizar aquí. Además, Carmitel era la única
empresa oferente. El 8 de febrero del año 2000 se firma el contrato, y en el
primer semestre del año 2001 comienzan las obras. En agosto de 2002,
coincidiendo con la crisis económico‑financiera que azota al país a
mediados de ese año ‑aunque se nos dijo que no había crisis y que nos
endeudáramos en dólares porque “este iba a ser un gobierno divertido”‑ se
anuncian dificultades para realizar las obras y se abre una instancia…
(Murmullos)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- ¡Silencio, por favor!
SEÑOR CURUTCHET.- …de renegociación entre la empresa concesionaria
y la Intendencia, que culmina con el acuerdo celebrado en julio de 2003, por el
cual se introducen al contrato original algunas modificaciones. Con fecha 3 de
diciembre el Tribunal de Cuentas realiza un dictamen de carácter informativo ‑que,
como bien lo señalaba el doctor Silva, es asesor y no vinculante‑ en el
ámbito de lo dispuesto en el literal b) del artículo 211 de la Constitución,
que establece que la observación al gasto que formule el Tribunal de Cuentas
deberá ser analizada por el organismo respectivo, el que podrá aceptar las
observaciones o insistir en el gasto de entender que las observaciones no
tienen fundamento, y dar cumplimiento al acto tal cual estaba previsto
originariamente. En este caso, el Tribunal de Cuentas puede revisar su posición
inicial y aceptar la postura del
organismo, como sabemos que sucedió porque el Tribunal de Cuentas cambió su
postura. En aquel momento, el Tribunal de Cuentas entendía que las
modificaciones contractuales violaban el principio de inmutabilidad de los
contratos, sin perjuicio de que esta posición es luego relativizada por el
propio Tribunal de Cuentas cuando asume que existe una teoría a nivel
doctrinario y jurisprudencial ‑la denominada teoría de la imprevisión‑
que habilita en muchos casos a revisar los términos de los contratos cuando se
dan determinadas condiciones.
Respecto al
principio de inmutabilidad de los contratos, hay dos aspectos a observar. En
primer lugar, que la remisión lisa y llana del Tribunal de Cuentas a la
aplicación del artículo 1.291 del Código Civil ‑que es el que establece
la calidad de ley entre las partes en los contratos públicos‑ es, por lo
menos, discutible. Esta posición se ubica dentro de una postura doctrinaria que
ha tenido apoyos últimamente y que refiere a la privatización del Derecho
Público, alejándose netamente de lo que han sido las posiciones de nuestros
doctrinos más representativos en esta materia, particularmente Sayagués Laso.
La contratación administrativa, los contratos que formula el Estado, no son, en
sus relaciones con la contraparte, enteramente asimilables a lo que se realiza
entre privados. La contratación en el ámbito del Derecho Público tiene su
especificidad frente a la contratación en el
Derecho Privado, que tiene que
ver, fundamentalmente, con la custodia del interés público.
Con respecto al
principio de inmutabilidad de los contratos, también tenemos que relativizarlo,
porque refiere básicamente a la defensa que se hace a nivel jurisprudencial de
aquellas actuaciones unilaterales de la Administración que pueden avasallar o
afectar los derechos del contratante. No es el caso que estamos considerando,
porque precisamente en él ha habido un acuerdo entre las dos partes.
(Murmullos)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR CURUTCHET.- En el respeto del equilibrio financiero del
contrato se organizan relaciones vivas de cooperación entre la Administración y
el contratante. Se trata del equilibrio dinámico de las prestaciones.
En ese sentido,
la teoría de la imprevisión opera, de acuerdo con las construcciones
doctrinarias y con los antecedentes jurisprudenciales, precisamente para
justificar, por parte de la Administración o por parte del contratante, la modificación
de las cláusulas contractuales cuando se dan determinadas circunstancias que el
propio dictamen del Tribunal señala y que, a mi juicio, se configuran
absolutamente en el caso que estamos analizando. Efectivamente, fue lo que
ocurrió: en el país se produjeron hechos económicos que alteraron dicha
ecuación económica, independientemente de la voluntad de las partes. Hasta acá
no veo ninguna omisión a lo que fue la gestión de los Directores responsables
de ese momento.
La teoría de la
imprevisión implica que el acontecimiento no haya podido ser previsto por las
partes al momento de celebrar el contrato, y hay tres requisitos: 1) que el
acontecimiento imprevisto debe hacer excepcionalmente onerosa la ejecución del
contrato, provocando una pérdida que excede el área previsible.
(Murmullos)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR CURUTCHET.- Segundo, que la perturbación debe ser
completamente extraña a la voluntad del contratista; tercero, y que los hechos
invocados deben ser posteriores a la celebración del contrato y anteriores al
cumplimiento total de sus obligaciones. Los tres requisitos se cumplieron. La
prestación central se mantiene tal cual es en materia de la concesión.
Para finalizar
con el tema de la modificación del año 2002 y 2003, digo que, en realidad, es
la misma modificación, porque se dice que hay muchas modificaciones
contractuales, pero la modificación contractual es única, lo que pasa es que
hay distintas etapas de la misma que se van cumpliendo en la medida en que se
ampara…
(Timbre indicador de tiempo)
VARIOS SEÑORES EDILES.- Que se le prorrogue la hora.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Se va a votar si se prorroga el tiempo
de que dispone el señor Edil Curutchet.
Los señores Ediles que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.
(Se vota)
______AFIRMATIVA: 20 en 21.
Puede continuar
el señor Edil Curutchet.
SEÑOR CURUTCHET.- Gracias, señor Presidente y señores Ediles.
El artículo 63
del TOCAF habilita a modificar el contrato original a través de dos opciones:
en forma unilateral, hasta el monto señalado, o en forma consensuada si es de
interés de la Administración. Dice con relación al principio de equidad: “El
cumplimiento del servicio en la forma pactada originalmente no se atendería
eficazmente al interés público, si se altera la situación de hecho que
existiera en la época del otorgamiento”.
(Murmullos. Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Señoras y señores Ediles: por favor,
hagan silencio.
SEÑOR CURUTCHET.- Es importante que tengan presente el proceso
histórico para demostrar la gestión que, para mí, ha sido muy buena en materia
de lo que es el Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional.
Información
complementaria de Carmitel. El préstamo de la Corporación Interamericana de
Inversiones fue de 6 millones de dólares, a devolver en diez años. Hubo acuerdo
entre la Corporación, el prestatario y una entidad financiera ‑puede ser
tal vez el Banco de Montevideo‑ en la generación de una cuenta bancaria
para los pagos pertinentes. Pero el préstamo no se consiguió. No sé por qué
habrá sido; quizás el Presidente de aquel momento no cumplió con su palabra,
con lo que nos había dicho.
Como decía el
Director Rosselli, en aquel momento la calificadora internacional asignó
obligaciones negociables a emitir por Carmitel S.A., con categoría BBB+. No lo
pudo hacer.
Con respecto al
reposicionamiento del Tribunal de Cuentas ‑esto es importante dado que se
habla acá de la trascendencia del
Tribunal de Cuentas‑, debemos decir que teniendo en cuenta el carácter
objetivo de este supuesto se plantea que en muchos casos la situación
imprevista se consolida definitivamente y que desaparece toda posibilidad de
retorno a la situación anterior. Por lo tanto, la solución se logra por medio
de una modificación de las cláusulas del contrato, que la doctrina acepta de
manera no pacífica exclusivamente en los contratos de concesión por su larga
duración. En conocimiento de todos estos elementos, el Tribunal de Cuentas
rectificó su posición, dando visto bueno al proceso de licitación y de
modificación contractual. Estamos hablando de que lo importante acá es que el
Tribunal modificó su primera impresión.
Quiero hacer
mención a una nota del diario “Últimas Noticias”, que dice: “El propósito
municipal de finiquitar la refacción del Hotel Carrasco reflejaría un estilo de
gobierno que, como en el caso del puente sobre el Santa Lucía, apunta a dar a
las promesas el respaldo de las realidades. En todo caso, apremiar a quienes
deben cumplir sugiere la presencia de un cambio”. O sea, les vamos a dar a las
promesas el respaldo de las realidades. Estoy de acuerdo con eso.
“El 6 de diciembre, por ejemplo, se le impuso una
observación por no depositar en el Servicio de Tesorería, dentro de los diez
días anteriores a su vencimiento, la póliza de seguro contra todo riesgo del
edificio y muebles que son objeto de la concesión.” Estoy hablando de Carmitel,
a la cual se le impuso esta observación.
“Por la misma resolución se le aplicó una multa de
117.800 dólares por no haber renovado ‑denuncia la Intendencia‑ la
garantía de cumplimiento de contrato. Por eso se le intimó, como recién
apuntamos, a renovarla en un plazo de 90 días.” Ese plazo venció hoy a las
18:00 horas.
“Es una situación impuesta con el contrato de
concesión, cuyo incumplimiento sería causal de rescisión en caso de que la casa
municipal quisiera ejercerla. También fueron intimados los tres garantes
solidarios de las obligaciones contractuales para que, en un plazo de diez
días, presenten un estado patrimonial, suscrito por contador público, que
demuestre su capacidad para hacer frente a las obligaciones que emergen de su
solidaridad.” Estamos en esta situación.
“(…) La
Intendencia considera que la empresa no ha acreditado en forma fehaciente,
hasta hoy, su solvencia económico-financiera para terminar el plan de obras. De
presentarse la documentación que acredite esa solvencia, el gobierno
departamental la remitirá al Tribunal de Cuentas para su consideración.” Como
corresponde.
Hay otra serie de
aspectos que establece el diario “Última Noticias”, pero no creo que me dé el
tiempo para terminar de leer el artículo.
Debo decir que en
la situación actual hay una serie de posibilidades. En primer lugar, seguir con
el contrato con Carmitel así como está, pero creo que hoy eso está
prácticamente descarto, en la medida en que se ha iniciado un proceso de
rescisión que puede culminar con un llamado a licitación. Hay otra posibilidad
que establece el propio contrato. No es un invento lo de la cesión que salió en
la prensa; establece el propio contrato ‑y les sugiero a todos los Ediles
la lectura del mismo‑ la
posibilidad de la cesión de derechos.
En ese sentido,
quería señalar que otra alternativa que ha planteado algún Edil por ahí es que
se pida un préstamo a un banco. Que los abanderados de las privatizaciones en
este país hagan esa propuesta, creo que es realmente gracioso.
Con relación a la
modificación del 1º de julio de 2005, como bien explicaba el doctor Silva, se
estableció un aplazamiento para la finalización de las obras de remodelación en
virtud de que el expediente estuvo mucho tiempo en el Tribunal de Cuentas;
entonces, como decía, hubo que hacer un desplazamiento temporal del plan de
obras de remodelación del casino.
Con relación a lo
que fue la ecuación económica, dijimos que el contrato final cambió. Esto fue
lo que se estableció en la modificación contractual de octubre de 2003, a la
que hicimos mención.
En cuanto a lo
del 1º de julio de 2005, creemos que es una adecuación temporal del
contrato para viabilizar el plan de
obras de acuerdo con lo que había sido la primera formulación.
El Tribunal de
Cuentas sólo controla la regularidad jurídica, y no la conveniencia y
oportunidad del acto. Eso está establecido claramente en el artículo 211 de la
Constitución, y es recién en agosto de 2004 que el Tribunal de Cuentas señala
que no había objeciones jurídicas para la modificación contractual.
Al no haber
renovado el depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato, y al no
haber cumplido con la póliza de seguro, estamos ante una situación de
incumplimiento recién verificada, por lo cual la Intendencia, en forma
responsable, intimó al cumplimiento en un plazo de 90 días, como establece
claramente el contrato que voy a pasar a leer, porque todavía no se ha leído la
posibilidad de una cesión. Hoy vence ese plazo. Entonces, al no verificarse el
cumplimiento, el proceso de rescisión ya comenzó, y es lo que está analizando y
trae hoy la Intendencia, a través de sus representantes. Por resolución del Intendente,
ayer se creó un grupo de trabajo para estudiar las bases para un eventual
llamado a licitación.
Quería señalar
que las multas fueron aplicadas conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del
contrato original. Concretamente, dicho artículo dice: “La IMM podrá imponer
las siguientes sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de la
Concesionaria o por demora en su cumplimiento, o por reiteración de tales
infracciones.
“I) Observación.
“II) Multa equivalente entre un 5% (cinco por
ciento) a un 50% (cincuenta por ciento) del valor de la garantía de fiel
cumplimiento del contrato” –y es este el caso‑. “En caso de aplicación de
multas, las mismas deberán ser abonadas en el plazo de diez días contados a
partir del siguiente a su notificación en la Tesorería Municipal”.
También está la
posible revocación de la concesión.
Y el artículo 14º
‑y debería detenerme en él‑, en el marco del incumplimiento de la
concesionaria, establece lo siguiente: “I) En caso de incumplimiento grave de
cualquiera de las obligaciones de la Concesionaria según este contrato, la IMM
podrá rescindirlo, pudiendo en tal caso incautarse total o parcialmente de la
garantía prevista en la cláusula Sexta en concepto de cláusula penal, con
independencia de los daños y perjuicios a que hubiere lugar. Se considerará que
la Concesionaria ha incurrido en incumplimiento grave, que amerite la rescisión
del contrato, cuando notificada por escrito” –y es el caso‑ “de la
imputación de incumplimiento, dentro de los noventa días siguientes no
rectificara el mismo, salvo, cuando la conducta verificada, implique una acción
u omisión no susceptible de rectificación”.
(Timbre indicador de tiempo)
______Ya termino, señor Presidente.
En este caso, se
puede decir que estamos ante un incumplimiento grave y que la Intendencia
Municipal de Montevideo está habilitada para seguir adelante con la rescisión
sin ningún efecto jurídico que determine otras posibilidades. En el mismo
artículo, en el apartado II), se establece la posibilidad de la cesión del
contrato, y les recomiendo su lectura.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Gracias a usted, señor Edil.
Tiene la palabra
el señor Edil Tutzó.
SEÑOR TUTZÓ.- Me solicita una interrupción el señor Edil Ripoll,
que le concedo.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede interrumpir el señor Edil
Ripoll.
SEÑOR RIPOLL.- Gracias.
El señor Edil
Curutchet ha realizado un razonamiento muy bueno; desde el punto de vista
jurídico, ha sido brillante. Nos ha explicado este negocio tan perfecto que ha
realizado la Intendencia Municipal de Montevideo hace seis o siete años. El
señor Edil también habló de campeones de privatizaciones. Yo simplemente tengo
datos de números, y los quiero proporcionar.
En la Comisión de
Presupuesto me dijeron que por este quinquenio se van a pedir –y lo puede
corroborar Cabrera‑ U$S 360:000.000 en préstamos del exterior.
Señor Curutchet:
estamos diciendo que para terminar las obras del casino se necesitan
U$S 8:000.000. Y, de acuerdo con lo que establece el contrato sobre la
rescisión, están dadas todas las condiciones para empezar la obra mañana.
Hay que ver
cuánto ha puesto Carmitel, lo que nos tienen que informar los señores
Directores.
(Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Por favor hagan silencio, señores
Ediles.
SEÑOR RIPOLL.- Decía que nos tienen que decir cuánto ha puesto
Carmitel en los avances de obra –y no hablo de la Comisión Investigadora,
porque lamentablemente la negaron‑, y cuánto ha insumido la investigación
interna que está haciendo el Intendente. Ahí hay que ver cuánto es, si es
U$S 1:000.000 o son los U$S 6:500.000 que dice Carmitel que puso en
esas obras, pero que nadie los ve. Nos tenemos que sacar todas esas dudas. Por
eso decimos: ¿por qué no pedir un préstamo de U$S 8:000.000 para terminar
con el tema Carmitel de una buena vez?
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede continuar en el uso de la
palabra el señor Edil Tutzó.
SEÑOR TUTZÓ.- Hay un dicho popular que dice que el muerto se
asusta del degollado. Acá lo hemos visto en la práctica: estaba interviniendo
el compañero Eduardo Pereyra y se armó un clamor porque no se refería al tema,
pero yo escuché las otras intervenciones ‑y yo apunto, tengo ese defecto‑,
y algunas tampoco estaban referidas al tema. Creo que hay que tener un mismo rasero
para las cosas, particularmente en un organismo democrático como este. Por lo
tanto, nos vamos a referir al motivo por el cual citamos a esta reunión, y acá
lo dice: “Situación jurídica del contrato entre la Intendencia Municipal de
Montevideo y Carmitel”, o sea, no la historia del tabaco: acá íbamos a hablar
de la situación en la que estamos hoy.
En ese marco,
primero vamos a aclarar que creo que todos los que estamos acá respondemos a un
partido político, y yo, como integrante del partido político Frente Amplio,
asumo, con el resto de la bancada, las cosas buenas que hemos hecho y los
errores que podemos haber cometido; si nos convencen, no tenemos ningún
problema en reconocerlos. Así hay que actuar en la vida y también en la
política, que es parte de la vida. Pero todos tenemos que hacerlo así, y
entonces, cuando se les pide a los demás que hagan eso, lo primero que hay que
hacer es actuar de la misma manera.
Acá se puso como
ejemplo Consorcio Ruta 1. Queremos decir que nosotros nunca estuvimos de
acuerdo con eso. No lo votamos nosotros, pero fuimos nosotros los que tuvimos
que matarlo. Por lo tanto, cuando se nos pone eso como ejemplo, también habría
que decir quién fue el que lo hizo.
(Interrupciones del señor Edil Graffigna - Respuesta del
orador)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, Edil Graffigna, por favor.
SEÑOR TUTZÓ.- En segundo lugar, se critica por entrar en temas que
están fuera del Orden del Día de la reunión. Incluso dando nombre y apellido ‑se
nombra a un Director de la Intendencia‑ se plantea algo con lo que
nosotros estamos de acuerdo, que es que los funcionarios públicos respondan con
sus bienes. Si hacemos historia tendríamos algunos Presidentes, Ministros,
etcétera, que hoy estarían golpeando las puertas del PANES para ver si
consiguen un Ingreso Solidario.
(Interrupción del señor Edil Ripoll)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, Edil Ripoll.
SEÑOR TUTZÓ.- Yo no me refiero con nombre y apellido.
Por otro lado,
también se ha hablado del tema de los incentivos; quizá sea un síndrome que
viene del norte del país. Si se habla así de integrantes del Gobierno
frenteamplista, nosotros no podemos compartirlo, porque ya lo hemos escuchado a
nivel internacional; hemos escuchado a algún conocido integrante del gobierno
del otro lado del Río refiriéndose a acciones en lo que hace a las papeleras.
(Ocupa la Presidencia la señora Edila Ayestarán)
(Interrupciones en Sala)
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Por favor, señores Ediles.
SEÑOR TUTZÓ.- No fuimos nosotros los que dijimos eso. Por eso,
volvemos al tema: el muerto se asusta del degollado. Quedémonos todos
tranquilos y partamos de la base de que hay un viejo principio de la Física que
dice ‑y creo que fue lo único que aprendí en el liceo‑ que a una
acción corresponde una reacción. Entonces, debatamos el tema central por el que
vinimos.
Se plantea la
dificultad de información. Yo acá escuché a un Edil ‑y no es que esté
diciendo que el Edil mienta, pero no conozco esa información‑ hablar de
un posible oferente para ocupar el lugar de Carmitel. Si eso es verdad, ese
Edil sabe más que el que está hablando y que todos sus compañeros de bancada.
Yo quiero decir que la información del tema que nosotros tenemos es la misma
que tienen los Ediles de los partidos tradicionales.
Y yendo al tema de fondo ‑porque en
definitiva vinimos a esto y no a discutir nuevamente lo que discutimos
quinientas veces en los ocho meses que estamos acá‑, el equipo de la
Intendencia de Montevideo trae propuestas de solución. Acá se agrega una que a
mí, al igual que a algunos compañeros, no me disgusta nada, y por lo menos
estoy dispuesto a discutirla en los ámbitos adecuados con los elementos
correspondientes, con los pro y los contra; ¿qué problema hay? Incluso se trae un planteo de las otras dos
soluciones, y sobre el tema de la posible rescisión del contrato se traen
medidas para dejarlo martillado si fuera necesario ejecutar eso.
En definitiva, no hemos escuchado otras propuestas
más que éstas. Quizás haya otras que lleguen ahora. Pero incluso la propuesta
de la posibilidad de rescindir el contrato pasa por el Tribunal de Cuentas, de
manera que una de las cosas que los Ediles han criticado también viene con una
solución de futuro.
Yo no tengo
problema; yo me quedo hasta las seis o siete de la mañana, hasta la hora que
sea. Lo que digo es que discutamos el tema hacia adelante, qué cosas vamos a
hacer; escuchemos los aportes que todos podamos hacer, además de los que
vienen, y veamos de qué manera la Junta puede ayudar realmente a que un
problema que es complejo, que realmente nos preocupa a todos los que estamos
acá, encuentre la mejor solución en este período.
Era simplemente
eso.
SEÑOR GRAFFIGNA.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Tiene la palabra el señor Edil
Graffigna.
SEÑOR GRAFFIGNA.- Lamento decirle, señora Presidenta, que el Edil
Tutzó no me escuchó, o por lo menos no lo hizo atentamente. Cuando hablé o hice
una comparación entre…
(Interrupción del señor Edil Tutzó - Respuesta del orador)
______ Cuando hablé de Consorcio Ruta 1 y de la medida que tomó el
Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, lo que me pareció bueno
fue la solución final que le dio al tema: ante una empresa que no cumplió ‑algo
similar a lo que está pasando con Carmitel‑, hace caer la concesión, y el
Estado continúa con las obras. Eso en cuanto a Consorcio Ruta 1.
Después dije que,
lamentablemente, cuando en este país los jerarcas públicos toman malas
decisiones que comprometen las arcas del Estado no responden con su patrimonio,
y en más de una oportunidad aclaré: “Esto nos cabe a todos; nos cabe a todos
los partidos políticos”.
Nada más.
Gracias.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Gracias a usted, señor Edil.
SEÑOR TUTZÓ.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Para una aclaración, tiene la
palabra el señor Edil Tutzó.
SEÑOR TUTZÓ.- Le quiero decir al señor Edil Graffigna que lo
escuché con mucha atención, pero yo no le estaba respondiendo a él, estaba
hablando en general. Acá se piden varias cuentas ‑y no lo digo por
Graffigna‑, pero después no se pone primero lo que hizo cada uno.
No hablé en
respuesta a Graffigna; él dio una opinión y yo la tomé para responder una cosa
de manera general, si no ‑y digo la verdad‑, lo hubiera dicho con
nombre y apellido.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Hecha la aclaración, tiene la
palabra la señora Edila María Castro.
SEÑORA CASTRO.- Gracias, señora Presidenta.
El Edil César
García Acosta me solicita una interrupción, que le concedo.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Puede interrumpir el Edil César
García Acosta.
SEÑOR GARCÍA ACOSTA.- Gracias, Presidenta.
Hoy se ha dicho
que la intervención del Tribunal de Cuentas al contrato original de Carmitel
había sido modificada por aquel sin fundamento.
Lo primero que
queremos señalar es que en la sesión del 3 de diciembre de 2003, cuando el
Tribunal de Cuentas analiza y estudia este documento, dice en el considerando
1: “...se advierte que las modificaciones a introducir a las cláusulas del
Contrato suscrito por Carmitel S.A. y la IMM el 9.2.2000, no sólo modifican
este último sino que asimismo configuran en su caso apartamientos a lo
establecido en dicho Pliego y a la oferta original”. Eso sería un primer
elemento.
Como segundo
elemento, en el dictamen del Tribunal de Cuentas en que varía su posición, que
es de fecha 13 de julio de 2004, en el considerando 1 dice: “que recién en esta
oportunidad y pese a las reiteradas solicitudes de información cursadas
oportunamente por este Cuerpo, la Intendencia Departamental de Montevideo
incorpora documentos que hacen referencia a actos o hechos, en su mayor parte
acaecidos con anterioridad al dictamen emitido con fecha 3.12.03, sobre las
modificaciones al contrato originalmente celebrado por la IMM con la empresa Carmitel
S.A. para la concesión de uso del Hotel Carrasco”.
Lo que resulta meridianamente claro es que el
Tribunal levanta la observación y habilita el mecanismo de modificación porque
recién entonces la Intendencia de Montevideo suministró información, entre
otras cosas, el dictamen jurídico del doctor Delpiazzo.
Además, tenemos que decir de este Tribunal ‑que
hoy el Edil Curutchet criticaba tanto‑ que el redactor del documento
emitido el 3 de diciembre de 2003 es el contador Ariel Álvarez; me imagino que
la bancada del Frente Amplio lo conoce mucho más que yo.
Con relación a la exhortación que hizo el Edil
Luján para que los Directores no contestasen sobre si las tratativas que había
en este momento entre Carmitel y la Intendencia, Carmitel y Tsakos, Carmitel y
la otra empresa que señalé, la Banca de Quinielas, simplemente voy a leer el
artículo D.43.4 del Digesto Municipal, que bajo el título “Probidad”, dice: “El
funcionario deberá observar estrictamente el principio de probidad, que implica
una conducta funcional en cuyo desempeño prime el interés público sobre
cualquier otro”. Más adelante dice: “Son conductas contrarias a la probidad en
la función pública: a) negar información o documentación que haya sido
solicitada en conformidad a la ley”.
Yo solicité información en conformidad con la ley.
Cuando un Edil hace una consulta a un jerarca municipal, lo hace al amparo del
artículo 284 de la Constitución de la República. Negar esta información, como
exhortó el Edil Luján, es contrario a la ley y al derecho.
Gracias, Presidenta.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Gracias a usted, señor Edil.
Continúa en uso
de la palabra la señora Edila María Castro.
SEÑORA CASTRO.- He terminado, Presidenta.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Muy bien, señora Edila.
Tiene la palabra
el señor Edil Ruben Prieto.
SEÑOR PRIETO.- Gracias, señora Presidenta.
Voy a ser muy
breve; es casi una cuestión de orden lo que voy a plantear.
Creo que hay dos
planos de discusión. En un plano se ha discutido bastante; todos tenemos nuestra
opinión con respecto a qué es lo que pasó en el país.
Podríamos recurrir a muchas cosas; hay un artículo
de Aliberti que salió en Argentina estos días pasados, en el que habla de las
dificultades que tiene el Gobierno uruguayo para moverse en el tema de la
celulosa a partir de un contrato que viene firmado de antes, las restricciones
que eso significa, etcétera. No creo que ese sea el tema.
Hay una parte que
todavía no ha culminado, y creo que no está en el ánimo de ninguno de los
Directores no contestar las preguntas que se plantearon. Yo quiero escuchar, y
seguramente hay cosas que los compañeros tienen interés en decir.
Creo que
podríamos dar por cerrado el capítulo de la discusión ideológica; lo podremos
dar en otro momento porque es muy interesante, y hay veces en que es bueno sacarse las ganas;
hoy el Partido Colorado se sacó las ganas un rato, lo cual me parece legítimo.
Uno gobierna, el otro critica; se dicen las cosas que se quieren decir. Pero
son las diez y cuarto de la noche; no lo digo por la hora, sino por la calidad
de la discusión. Se han planteado alternativas, que creo están todas encima de
la mesa. Yo coincido con Tutzó; pienso que el Gobierno Municipal, más allá de
las restricciones legales, no descartará ninguna de las alternativas
planteadas, incluidas algunas de las que ha señalado acá gente de la oposición.
Entonces, no es de
orden, pero realizo una exhortación a que retomemos la parte inconclusa de esta
reunión. Se hicieron una cantidad de preguntas, y yo sinceramente pensé que se
iba a hacer una lista de ellas y que se iban a contestar; eso se dio en medio
del debate. Me parece que habría que retomar por ese lado, de modo de poder ir
centrando esta discusión por los carriles por los que en algún momento se
insinuó que podía transcurrir, es decir teniendo en cuenta el espíritu con el
que se van a buscar estas soluciones. Me parece que eso está claro; no voy a
repetir lo que dijeron otros compañeros en cuanto a los compromisos que acá
asumió el Intendente de Montevideo cuando vino y hablamos del tema, incluyendo
el compromiso de trabajar en conjunto con los funcionarios de Casinos y los
Directores con competencia en el área, para la búsqueda de las soluciones.
Haría, entonces, esa
exhortación.
Muchas
gracias.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Como
no hay más Ediles anotados, vamos a dar la palabra a los señores Directores,
para que con sus exposiciones culminen la Comisión General.
SEÑOR D. SILVA.- Intentaré responder
a las inquietudes planteadas por los señores Ediles en todas las exposiciones
precedentes, indudablemente haciendo referencia exclusivamente a los aspectos
jurídicos, que es lo que me corresponde. Necesariamente, dado que se han
planteado una multiplicidad muy grande de inquietudes, me ceñiré básicamente al
temario de la convocatoria. En ese sentido, orientaré ‑en lo posible, en
forma breve, para que puedan asimismo intervenir quienes me acompañan‑
algunos comentarios sobre inquietudes jurídicas que aquí se han planteado.
En
primer lugar, en lo que tiene que ver con el papel del Tribunal de Cuentas, no
voy a abundar ni a reiterar lo que ya les comuniqué a ustedes en cuanto a cuál
es la posición de la Asesoría Jurídica de la Intendencia respecto a la
competencia constitucionalmente asignada al Tribunal de Cuentas. En lo personal
yo puedo discrepar, puedo pensar que hubiera sido mejor que la solución de
nuestro ordenamiento jurídico fuese una u otra; pero al momento actual, salvo
que medie una reforma constitucional, la competencia que tiene ese órgano
asignada es la que surge precisamente de la Carta Magna. No se ha dictado nunca
una ley orgánica del Tribunal de Cuentas; eso está en el debe del Parlamento
nacional. Desde que se creó el Tribunal hasta la fecha, esa ley nunca ha sido
dictada. Probablemente, sería muy fructífero que el Parlamento Nacional se
abocara, en algún momento, al dictado de esa ley, y que pudiera dar respuesta a
algunas de las inquietudes que aquí se han planteado. Pero, hasta el momento,
la Asesoría Jurídica ha fundamentado, con argumentos que entendemos que son
sólidos, cuál es su posición respecto al papel de ese órgano.
Voy a agregar únicamente algún aspecto muy breve.
Recurramos a la historia fidedigna de la sanción de la Constitución nacional ‑que
desde el punto de vista hermenéutico tiene un especial valor‑, cuando se
crea este organismo. En el Diario de Sesiones de la III Convención Nacional
Constituyente, cuando se elabora la Carta de 1934, se dice lo siguiente
respecto a cuál va a ser la competencia del Tribunal de Cuentas: “El Tribunal
no tendrá otro cometido en esa visación” ‑se refiere al contralor‑
“que el de observar la ilegalidad del gasto por exceso o indebida imputación, o
por incumplimiento de los requisitos que imponga la ley a los efectos de la
debida intervención y contralor. Tal cometido no se extiende a los otros
requisitos legales para la validez del contrato o compromisos recíprocos
emergentes, ni al beneficio o perjuicio que la operación reporte”. Quería hacer
este aporte que tiene que ver con la historia fidedigna de la sanción de
nuestras Cartas constitucionales para agregar algún elemento más.
Se dijo que
tenemos diferencias con el Tribunal de Cuentas. No es que la Intendencia
Municipal dude del Tribunal de Cuentas ni que tenga desconfianza sobre lo que
éste opina. Como todos los organismos públicos, muchas veces disentimos con la
interpretación que se hace de normas jurídicas, de estipulaciones
contractuales, y sustentamos diversos criterios…
(Murmullos en Sala)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR D. SILVA.- …y eso no sólo le sucede a la Intendencia
Municipal de Montevideo, sino a todos los organismos públicos. O sea que no es
que vengamos a plantear que el dictamen del Tribunal nos convence o no nos
convence. En algunos casos tenemos coincidencias y en otros, divergencias.
Últimamente lo que estamos tratando de hacer cuando el Intendente Municipal
resuelve reiterar un gasto es fundamentar por qué se lo reitera y señalar cuál
es la divergencia con el criterio sustentado por el Tribunal de Cuentas.
O sea que esto forma parte de la dinámica que ha
establecido nuestro ordenamiento constitucional vigente en lo que tiene que ver
con esa función de contralor que se le asignó a este órgano. Podremos estar más
o menos de acuerdo con sus limitaciones ‑que refieren exclusivamente a lo
financiero y a la intervención en los gastos y en los pagos‑, pero son
las que están vigentes.
Por otra parte, se hizo toda una serie de planteos
que no tienen vinculación con el objeto de la convocatoria, razón por la cual no
vamos a poder abordarlos.
Asimismo, se
preguntó si había habido cambios en lo que tiene que ver con los fiadores
solidarios del contrato. Hasta el momento, la Intendencia no ha sido notificada
de ningún cambio en la integración del Directorio de Carmitel.
SEÑORA S. PEREYRA.- Pido la palabra para una breve intervención.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra la señora Edila
Susana Pereyra.
SEÑORA S. PEREYRA.- Señor Presidente: es una lástima, porque hubo
Ediles que hicieron preguntas y que ahora no están para escuchar las respuestas
que está dando el Director. Se está respondiendo para muy pocos Ediles de la
oposición y para el conjunto de los Ediles del oficialismo.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Puede continuar el doctor Diego Silva.
SEÑOR D. SILVA.- Se preguntó si ha habido sustitución ó fusión
alguna, tal como prevé el contrato de concesión. La Intendencia tampoco ha sido
notificada de que se haya producido alguno de esos cambios que prevé el
contrato.
(Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR D. SILVA.- En cuanto a la evaluación que se ha hecho de los
contratos, debo decir que hemos intentado hacer una evaluación lo más completa
posible desde el punto de vista jurídico, que es lo que planteaba la
convocatoria. Obviamente no vamos a entrar a hacer consideraciones de
oportunidad y mérito, porque no nos corresponden a nosotros; hemos tratado de
hacer un análisis técnico.
También se
planteó la posibilidad de que eventualmente en función de los contactos que se
establecieran se llegase a una solución que implicase alguna modificación
contractual. Parece claro que una eventual modificación contractual tendría que
volver a este Cuerpo y al Tribunal de Cuentas.
En cuanto a lo
que se ha preguntado respecto del detalle de los contactos o negociaciones que
hasta el momento se han entablado con la Intendencia Municipal, no podemos
perder de vista que los contactos o planteos que se han hecho a la
Administración Municipal, en tanto esos contactos no se trasunten en decisiones
de la Administración o en el dictado de actos administrativos, se trata sólo de
contactos que pueden ser preparatorios. Además, tratándose de contactos o
negociaciones en el sentido nato, están reservados a las partes que los están
llevando a cabo. Cuando esos contactos culminen y se trasunten, o no, en el
dictado de algún acto administrativo, en la opción de alguna resolución,
evidentemente allí va a haber actos administrativos que pueden ser puestos en
conocimiento de este Cuerpo. Pero en tanto haya meros contactos, que son
manifestaciones de intenciones, como en toda negociación, están reservados a
las partes. Tampoco podríamos divulgar intenciones de planteos que se han hecho
sin tener la autorización de quien los ha formulado.
En cuanto a otros
aspectos que se han planteado entre las cuantiosas inquietudes de los señores
Ediles, comparto y es evidente que la contratación pública tiene peculiaridades
que exorbitan la contratación que se desenvuelve en la órbita privada. En la
doctrina nacional, en la jurisprudencia conteste, la jurisprudencia del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se reconoce claramente que la
Administración cuando contrata tiene prerrogativas que son exorbitantes de los
contratos entre los particulares.
Con la información sobre el análisis de la
modificación contractual y sobre la opinión que tenemos en cuanto a la vigencia
o validez de esos cambios, creemos haber dado respuesta desde un punto de vista
técnico a lo que ha sido el objeto principal de la convocatoria que dio lugar a
nuestra presencia ante este Cuerpo.
SEÑORA PRESIDENTA (Ayestarán).- Tiene la palabra el contador
Cabrera.
SEÑOR CABRERA.- Mi intervención va a trabajar en torno a tres
puntos. Voy a tratar de responder, en la medida de mis posibilidades, a las preguntas
planteadas por los señores Ediles. También voy a hacer una valoración de las
observaciones que se hacen sobre las acciones de financiamiento en general, y
en particular de la que transcurrió hasta ahora en el proyecto de Carmitel.
Y, en tercer lugar, más allá de que no se planteó
como referencia en la sesión de hoy, me parece que lo que el conjunto del
Cuerpo pretende es dar fuerza a la mejor salida posible para el proyecto del
Hotel Casino Carrasco.
En primera
instancia, en cuanto a las valoraciones que se han hecho con relación al tema
de los pagos que ha realizado la Intendencia y al valor de la inversión, tal
cual lo planteaba el Edil García Acosta, deseo expresar que básicamente se han
desarrollado pagos ‑y lo pueden ver en uno de los repartidos que están
fotocopiados‑ por $ 45:000.000 directamente a Carmitel con dos
orígenes: primero, por el reintegro de gastos ‑básicamente aparece en el
rubro Electricidad, aunque en otro dice Teléfonos, Telégrafos y Similares‑;
y segundo, en el rubro Otros Arrendamientos, que sustancialmente corresponde al
porcentaje por el funcionamiento de los slots,
en función del contrato que surgió a partir del año 2002.
Después, en el
año 2005, hay una particularidad que aparece en el segundo cuadro y que son las
transferencias que se hicieron a partir de la cesión de determinadas facturas a
la empresa Saceen por un valor de $ 13:000.000; esos $ 13:000.000 son
la constancia, desde el punto de vista de las erogaciones de Camitel, de fondos
volcados a la inversión. Suponemos ‑y a todas luces se nota‑ que el
valor del gasto de Carmitel en inversiones es superior a eso. Esto obedece al
tramo 2005 en adelante.
En lo que tiene
que ver con el tramo de la ejecución, no contamos con valores de desembolsos
específicos, porque no observábamos ese control. La determinación del
acrecentamiento del valor de la obra surgirá de un peritaje cuando se plantee
la oportunidad.
Con respecto al
financiamiento, básicamente se planteó por qué siempre hay una misma
calificadora que evalúa a la Intendencia, y que nos habla de lo que está bien o
mal. Más allá de las consideraciones políticas en cuanto a cómo están los
números de la Intendencia, lo que hay que rescatar, en primera instancia, es
que la calificadora evalúa parcialmente el funcionamiento de la Intendencia en
lo que tiene que ver con determinados proyectos, pero la selección de la
calificadora en ese caso la hace el concesionario; no es la Intendencia quien
hace esa selección.
El otro tema es
la validez de esa calificadora. La calificadora está sujeta a un registro del
Banco Central que supervisa la emisión de valores, sobre todo el tema de la
securitización de valores. Sabido es por ustedes que todo el funcionamiento de
las AFAP daba base a la emisión de certificados de riesgo que podían ser
comercializados. Esa fue una acción del Poder Ejecutivo saliente para dos
inversiones: una, para el fondo arrocero, y otra, para el lechero.
Posteriormente, ese mismo mecanismo fue proyectado en la Ley de Fideicomisos
que oportunamente fue aprobada por el Parlamento. Durante el Gobierno anterior
hubo un proyecto de financiamiento, creo que de capital de giro para UTE.
Posteriormente, en el año 2005, hubo dos proyectos de financiamiento: uno para
el ensanche de José Batlle y Ordóñez, de la firma Grinor, y otro para las dos
empresas de transporte colectivo que así lo solicitaron, RAINCOOP Y CUTCSA, a
partir del fondo de transporte.
La emisión del
informe está sujeta a una evaluación que no es planteada por la Intendencia,
sino que es externa, y está vinculada a si el inversor acepta o no ese informe
a partir la participación y la toma de riesgo mediante la compra de esos
valores que las empresas califican como buenos o malos. En ese sentido, creo
que hay cierto grado de independencia y que hay una doble valoración, una por
la supervisión técnica que está planteada, y otra por el mercado en términos de
aceptación o no de esos informes. Hay que ver cómo siguió la Administración
este proceso.
Nosotros no vamos
a hacer una valoración de la responsabilidad de lo sucedido en el año 2002,
pero objetivamente ese hecho pasó y afectó especialmente al crédito en el país.
La mayoría de los proyectos que estaban desarrollándose en ese momento
reestructuraron su perfil financiero. Les ocurrió a Carmitel y a otra serie de
firmas. Es discutible si fue la mejor o peor opción, pero lo que es objetivo es
que en ese momento se tomaron decisiones con respecto a la reestructuración del
perfil financiero. Esa reestructuración también obedece a que globalmente se tiene
que repensar el proyecto desde el punto de vista económico, y las condiciones
de base varían sustancialmente.
La
reestructuración financiera que planteó Carmitel no salió. En términos
generales, los tiempos en los cuales, desde el punto de vista financiero, pudo
dársele una respuesta a la solicitud de Carmitel son similares a los de los
otros proyectos financieros que estuvieron en danza. Es decir, tanto el de UTE
como los dos proyectos financieros que tuvieron relación con la Intendencia de
Montevideo tuvieron una respuesta: el de UTE, sobre finales de 2005, y los
otros dos proyectos después de 2005. Creo que esto obedeció a dos motivos: por
un lado, a la reestructuración de todo el mercado de capitales y, por otro, al
hecho político de la posibilidad de un cambio en la administración política del
país, cosa que genera retraso o enlentecimiento en la toma de decisiones.
Yendo a lo
sustancial, más allá de los aportes jurídicos que hizo el doctor Silva, creo
que nadie discute la complejidad de la situación en la que estamos, que es
compleja por el proyecto, por el transcurso del mismo y por el grado de
iniciación. Creo que el Gobierno Municipal tiene que plantearse la inflexión
necesaria en su orientación a la luz de estos hechos. En primera instancia, la
orientación financiera que buscaba la firma Carmitel con su actual paquete
accionario no dio resultados. En segunda instancia...
(Murmullos)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR CABRERA.- Decía que desde el punto de vista de la evaluación,
tenemos que ver que el retraso y los incumplimientos de tipo administrativo
hacen presumir, en términos generales, un desinterés del actual paquete
accionario de Carmitel. En ese sentido, creemos que nosotros tenemos que
plantearnos la solución más ágil, como decía el Edil Gloodtdofsky, y la más
conveniente para los intereses del Municipio de Montevideo. Esa solución tiene
que abarcar dos aspectos: un aspecto económico, para que sea la menos onerosa,
porque debemos tener claro que esto tiene un costo, un costo adicional en la
medida en que el proyecto de negocios varió, y también hay que analizarla en
función de la credibilidad de los proyectos que estemos desarrollando. En ese
sentido, es importante la concreción de esta obra en buenos términos. Todos
tenemos los ejemplos negativos del Palacio de Justicia y la terminación del
SODRE. Hoy el Director Negro me hacía acordar de lo que fue el proyecto del
aerocarril en la playa Malvín. Más allá de quién gestionaba eso, el tema es la
credibilidad del país, es decir, en la medida en que cada uno pueda ver que hay
proyectos que comiencen a realizarse y tengan feliz término, independientemente
de quien los realice. Creo que ese es el desafío de esta Administración.
Nosotros, más allá de estar convencidos políticamente de poder hacerlo, tenemos
antecedentes, y creo que la historia del Teatro Solís es un elemento importante
que juega a nuestro favor.
En cuanto a cómo
resolver este tema, de acuerdo con nuestra orientación lo tenemos que resolver
dentro de un marco político‑administrativo adecuado. Esto implica
respetar las condiciones generales del convenio planteadas en el contrato con
Carmitel, el marco legal que hoy rige en nuestro país, y tratar que el camino
hacia esa negociación cuente con el mayor respaldo en términos de discusión y
de transparencia. Creo que nosotros estamos transitando ese camino.
Reivindicamos la continuidad de nuestro trabajo; es decir que esto no empezó
con una nueva Administración, sino que es la continuidad de un proyecto sobre el
que venimos trabajando. En este momento estamos tomando en cuenta las
consideraciones para que el proyecto se concrete de la forma más rápida y con
la mayor responsabilidad política.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra el señor Director
Rosselli.
SEÑOR ROSSELLI.- Voy a comenzar por este último aspecto que
planteaba el contador Cabrera, porque me parece que es uno de los puntos
sustanciales. Voy a reafirmar algo que el Intendente ha dicho aquí, en esta Sala, que lo ha comunicado a las
diversas bancadas en las entrevistas que tuvo con ellas y que también lo han
dicho hoy mis compañeros, el contador Cabrera y el doctor Silva: cualquier acto
administrativo que el Intendente vaya a firmar que suponga una cesión, y como
consecuencia de esta pudiera caber alguna modificación, va a enviarse a la
Junta Departamental y al Tribunal de Cuentas de la República. Esto lo hemos
dicho de todas las formas posibles y lo volvemos a afirmar.
El segundo
aspecto que me interesa remarcar es que venimos trabajando para encontrar la
mejor solución posible en el marco en el que hoy estamos. Estamos tratando de
manejarnos en dos frentes: en el frente de un posible llamado a licitación y en
el frente de una probable cesión. Los tiempos cada vez son más escasos y, por
lo tanto, cada vez es más fuerte la posibilidad de una rescisión del contrato.
O sea, a medida que los tiempos crecen para unos, bajan para otros. En ese
aspecto, nosotros nos estamos moviendo.
El doctor Silva
fue muy claro al decir por qué nosotros no manejamos alguna información: la
Intendencia de Montevideo no es dueña de esa información. El contrato que
tenemos nosotros, la Intendencia de Montevideo, es con la empresa Carmitel; no
tenemos otro contrato; por lo tanto, nosotros debemos relacionarnos con Carmitel,
empresa que, tal como fue comunicado a las tres bancadas, había llegado a un
preacuerdo, a un principio de acuerdo, con una empresa, que es Tsakos.
SEÑOR GARCÍA ACOSTA.- Eso es un acto administrativo.
SEÑOR ROSSELLI.- No hubo ningún acto administrativo.
(Interrupciones. Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, señor Edil García, por
favor.
SEÑOR ROSSELLI.- La empresa Carmitel y la empresa Tsakos
comunicaron que tenían un principio de acuerdo, por lo que nosotros comenzamos
a hablar con la empresa Tsakos. Al día de hoy, no hemos llegado a ningún
acuerdo.
Si hubo o hay
algún otro interesado, como dice el doctor Silva, debemos decir que se trata de
contactos absolutamente informales que se han venido haciendo, pero no desde
ahora, sino desde hace mucho tiempo. En una plaza chica hay mucha gente que
pregunta en qué está tal tema, cómo puede ser, qué posibilidades tenemos, y
nuestra respuesta siempre ha sido esta que acabo de informar: “Ustedes tienen
que dirigirse a Carmitel, porque el concesionario es Carmitel y el contrato que
tiene la Intendencia de Montevideo es con Carmitel. Por lo tanto, ustedes van
con Carmitel, porque cualquier otro paso no es el que corresponde”. Es en ese
sentido que nosotros nos hemos movido en todos estos años, y en eso está
nuestro trabajo hoy.
Pensábamos que en
las diversas oportunidades en que vinimos a la Junta Departamental de
Montevideo había quedado claro ‑ahora veo que no estábamos en lo cierto‑ que el contrato que efectivamente tenía
Carmitel con el Banco Interamericano de Desarrollo cayó sin concretarse; por lo
tanto, no hubo fondos del Banco Interamericano. ¿Por qué cayó? Porque el
préstamo que había concedido el Banco Interamericano suponía una contraparte
uruguaya; la contraparte uruguaya, tal como está demostrado, era el Banco
Montevideo. Al cerrar este banco, el BID dijo que si no había contraparte no
había préstamo; por tanto, el mismo cayó. Era obvio que en esa circunstancia,
como dijo el contador Cabrera, no había crédito disponible en plaza para ninguna
otra empresa. Eso fue lo que pasó; o sea, del Banco Interamericano de
Desarrollo no salió ningún centavo y, además, el contrato cayó.
En más de una
oportunidad también dejamos claro que el contrato que la Junta Departamental de
Montevideo autorizó a suscribir a la
Intendencia en setiembre de 2003 recogía la modificación de la fórmula sobre la
que se calculaban las observaciones que la Junta Departamental de Montevideo ‑fundamentalmente
los Ediles de la oposición y también algún Edil del partido de gobierno.‑
hizo en su momento
Señor Presidente:
creo que no nos queda nada por contestar. Sin lugar a dudas, este tema ha sido
largo y complejo, y determinar cuál va a ser la salida dependerá de algunos
elementos que están en el ámbito del Ejecutivo.
Para concluir,
vuelvo a reiterar que nunca en nuestra vida política ‑que es mucho más
larga de lo que parece‑ hemos rehuido las consecuencias de nuestros
actos. Hemos hablado con absoluta claridad con el Intendente Ehrlich con
respecto a estos temas. Seguiremos trabajando en la medida en que contemos con
el respaldo del Intendente, que es quien nos ha designado para participar en
esta nueva gestión municipal. Por supuesto que hay otras valoraciones de
carácter político, que nosotros también hacemos cuando aceptamos o no un cargo,
y el apoyo que tengamos en nuestra bancada será de fundamental importancia.
Muchas gracias,
señor Presidente.
SEÑORA FERRO.- Pido la palabra por una cuestión de orden.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra la señora Edila
Ferro.
SEÑORA FERRO.- ¿Qué pasa con las preguntas que quedaron sin
contestar? ¿No se van a contestar? Por ejemplo, la pregunta relativa a la
cláusula 7º, que hablaba de la fianza personal; la relativa a la cláusula 8º…
SEÑOR ROSSELLI.- El Director la contestó.
SEÑORA FERRO.- Discúlpeme, no lo escuché.
En cuanto a que
la sociedad adjudicataria no podrá transformarse en otro tipo de sociedad ni
fusionarse, yo preguntaba acerca de la nota de la empresa Tsakos, puesto que
desconocemos si esta era efectivamente pasible de ser considerada en este
punto. También pregunté por el tema de los slots;
concretamente, cuál era la vigencia de los contratos.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra el Director Rosselli.
SEÑOR ROSSELLI.- Eso sí quedó sin contestar.
La empresa Tsakos
comunicó que había llegado a un preacuerdo y que tenía algunas propuestas que
hacerle a la Intendencia. Ahí comenzamos a discutir. No hay ninguna otra cosa
que pueda configurarse en ninguno de los aspectos que marcaba la señora Edila.
Los contratos de slots se firmaron en la fecha que la
señora Edila mencionaba ‑marzo de 2002‑ y tienen 60 meses de
extensión. El plazo es de 60 meses a partir de la fecha de instalación. Por lo
tanto, no vencen en marzo de 2007. Para precisar la fecha de vencimiento
tendríamos que buscar las fechas en que se fueron incorporando los slots. No se incorporaron los 120 que
estaban allí autorizados, ni se instalaron todos al mismo tiempo.
SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra por una cuestión de orden.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra el señor Edil Ripoll.
SEÑOR RIPOLL.- Yo hice una consulta que no fue evacuada.
Hablábamos de cuánto dinero se ha gastado en inversión. Porque una cosa es
cuando se liquida el tema de la empresa Carmitel, como parece ese es el camino.
Pero queremos que se diga que el valor es de 1:500.000, 2:500.000 ó 5:500.000 y
se acredite todo lo invertido en obra Para todos nosotros es importante saber
si hay alguna forma de acreditar ese dinero, que ellos dicen vale U$S 6:500.000,
pero este Edil particularmente duda de eso.
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Tiene la palabra el señor Alberto
Rosselli.
SEÑOR ROSSELLI.- Señor Edil, yo no quiero hacer alguna valoración,
pero la pregunta la contestó el contador Cabrera.
SEÑOR RIPOLL.- Dijo que no sabía.
SEÑOR ROSSELLI.- Dijo eso, efectivamente. La cifra se va a
dictaminar de acuerdo a un peritaje. Porque, ¿cuál fue la garantía que tomó la
Intendencia en el contrato original?
(Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Silencio, por favor.
SEÑOR ROSSELLI.- La garantía que tomó la Intendencia en el
contrato original fue fijar el monto de la inversión. Este nunca se varió. En
el contrato que autorizó la Junta no hay variación del monto de la inversión.
Por lo tanto, hay una cifra fija, que es el monto de la inversión. Y hay mucha
cifra que cada quien –y este sí es un juicio de valor que hago‑ acomoda a sus intereses.
Como ese no es un
procedimiento, el peritaje es lo más adecuado.
No decimos nada
más, por ahora.
(Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE (Meroni).- Señores ediles: esto no fue lo
acordado. Habíamos quedado en que se hacían todas las preguntas…